La Jornada
Monterrey, NL. El Congreso de Nuevo León aprobó por mayoría, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), investigar irregularidades en la suspensión provisional de amparo, otorgada al gobernador Samuel García Sepúlveda por el Juez Octavo de Distrito de Tamaulipas y dar vista al Ministerio Público, para que indague al ejecutivo estatal por falsedad de declaraciones y para que acredite si es o no mexicano.
En el apartado de asuntos generales, Jesús Gómez Reyes, presidente de la Comisión Anticorrupción, presentó un punto de acuerdo en esos términos ante la presunta alteración de la resolución del Juzgado Octavo de Distrito.
«Se acuerda realizar un atento y respetuoso exhorto a la titular del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, a fin de que investigue las irregularidades presentadas respecto del expediente del amparo indirecto 407/2023 del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, México, a cargo del licenciado Faustino Gutiérrez Pérez», señala el acuerdo.
«Se exhorta a la titular del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña Hernández, a fin de que le de vista al Ministerio Público Federal por los posibles hechos constitutivos de delitos a los que en su caso haya lugar”.
Lo anterior, respecto de lo manifestado por el Gobernador del Estado, Samuel García, por presunta falsedad de declaraciones ante una autoridad federal por lo manifestado en la demanda dentro del expediente del amparo 407/2023 ante el Juzgado Octavo del Estado de Tamaulipas.
Gómez Reyes dijo que la suspensión había sido notificada oficialmente hasta hoy y que el contenido de ésta era distinto al de la copia certificada que el Consejero Jurídico del Gobernador, Ulises Carlín de la Fuente, remitió al Congreso el viernes, fecha en que se tenía citado a García Sepúlveda, dentro de la garantía de audiencia del juicio político que se le abrió por faltas graves a la Constitución al no presentar a tiempo el Presupuesto 2023.
«El viernes 10 de febrero», expuso, «fue recibido por este Congreso y turnado el día de hoy a la Comisión Anticorrupción, escrito signado por el Consejero Jurídico del Gobernador, el Maestro Ulises Carlín de la Fuente, por medio del cual nos remitió una presunta resolución emitida dentro del juicio de amparo 407/2023, por parte del Poder Judicial de la Federación, en la cual señala que se otorgó suspensión en favor del Gobernador respecto del procedimiento de juicio político que se sigue en su contra.
«El día de hoy fue recibida formalmente por este Congreso la suspensión emitida por el juez de distrito que desde el viernes había presentado el Consejero Jurídico del Gobernador, revisando este expediente en la tabla de avisos del Juzgado de Distrito, el día de hoy lunes 13 de febrero sale publicado el auto de concesión de la suspensión, misma que tiene inconsistencias en sus efectos respecto de la que nos fue notificada.
«La suspensión que nos fue notificada por el Juez dice a letra: …lo cual implica a su vez que no sea citado a comparecer en la fecha programada para ello, sin perjuicio de que con posterioridad lo hagan las responsables, previamente cumpliendo las formalidades esenciales del juicio que se le instruye», mientras que la publicada en la tabla de avisos del Juzgado dice textualmente:
«…lo cual implica a su vez que no sea citado a comparecer en la fecha programada para ello, o bien, no se verifique ante su incomparecencia».
«Estamos ante dos suspensiones distintas en un mismo asunto, por lo que no hay certeza jurídica de cuál es la suspensión que este Congreso debe acatar».
Detalló que el Gobernador, «de manera dolosa e ilegal» acudió ante el Juzgado de Tamaulipas alegando que lo querían deportar de Estados Unidos.
«En su demanda de amparo dice que reclama del Secretario de Gobernación, el dictado y ejecución de una orden de deportación sin haber concluido y vencido amparado en el desafuero que pretenden ejecutar de forma inmediata» y lo hace pese a que la deportación aplica para un extranjero.
«Así que el Gobernador está mintiendo, o ya sea a la autoridad judicial o al INE, en cualquiera de los dos casos, es un hecho grave que debe ser investigado por las autoridades competentes”.
No se puede utilizar de manera discrecional a las instituciones de impartición de justicia por encima de la ley, señaló.
«Por eso es que el presente punto de acuerdo tiene como finalidad exhortar al Consejo de la Judicatura Federal para que investigue este caso, y de ser procedente sancione a los servidores públicos responsables, fortaleciendo la autonomía del Poder Judicial de la Federación y reforzando su legitimidad frente a la sociedad».
En el debate, la emecista Iraís Reyes de la Torre, dijo que la irregularidad real era que, conociendo de la suspensión, habiendo recibido la constancia, en el Congreso se argumentara el viernes que no había recibido nada y siguieran con la sesión de la Comisión Anticorrupción incurriendo en un desacato.
«Creo que ahora lo que buscan con esto es curarse en salud ante el desacato», expuso.
Waldo Fernández González, coordinador de la fracción de Morena, dijo que el contar con una copia certificada de la resolución antes de que se notifique, es válido, pero si ésta es diferente a la que oficialmente se presentó, sí debe revisarse.
Por su parte la diputada Sandra Pámanes Ortiz de MC, dijo que se estaba actuando en el caso de manera dolosa y que a ella y Reyes de la Torre, como integrantes de la Comisión Anticorrupción, habían pedido informes desde el viernes y se había negado e, incluso, incurrir en falsedades al decir que no se tenían por recibidos documentos de los que ya se tenían en poder del Legislativo e iban dirigidos a la Comisión Anticorrupción.
«Ya es delirante la actuación que tienen con tal de ir contra el Ejecutivo… es momento de parar en esta confrontación», expresó.
De su lado, Jessica Martínez Martpínez, Diputada local sin partido, dijo estar de acuerdo en que se realizara una investigación de ese asunto por parte del Consejo de la Judicatura Federal, porque el Gobernador no puede obstaculizar todas las reuniones ni todas las deliberaciones del Congreso, como ha pretendido.
Previo a la discusión de este asunto en el Pleno, Carlos de la Fuente Flores, líder de la fracción del PAN, dijo que se habían detectado inconsistencias en los actos jurídicos que el Gobernador promovió para frenar el juicio político y que se tomarían medidas al respecto.
