La Jornada
Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Presidencia de la República informaron que además del contrato que se firmó a cuatro meses de que concluyera el sexenio de Felipe Calderón por 19.8 millones de dólares, para capacitar durante hora y media a tres personas que no pertenecen al área para la que se otorgó el servicio, la empresa Nunvav Inc, que ha sido señalada como “pieza clave para la triangulación de recursos para el caso García Luna”, también obtuvo nueve contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto, por 390 millones de dólares.
En una tarjeta informativa, indicaron que entre 2012 y 2017 “se celebraron nueve contratos por una cantidad de 390 millones de dólares con fondos de la partida de Seguridad Pública y Nacional, y uno más por 270 millones de pesos a través del presupuesto tradicional”. Aseguraron que todos los convenios están siendo revisados por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
Afirmaron que el contrato por 19.8 millones de dólares que se firmó en el sexenio de Calderón se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Programación y Presupuesto de la Dirección General de Administración (DGA) y del área de Prevención y Readaptación Social (PRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se firmó el 27 de julio de 2012 y concluyó el 27 de julio de 2013.
Mencionaron como otras potenciales irregularidades que en en la DGA “no existe evidencia de los trabajos realizados y ya pagados al proveedor; en el contrato y su anexo técnico “no se especifican los componentes del sistema integral ni los alcances de las capacitaciones técnicas y operativas”.
Además, “en una minuta incompleta se exponen diversas razones que impedían concluir los trabajos durante la vigencia del contrato, sin embargo, no existe convenio modificatorio”.
Como apoyo de la factura que se adeuda por 5 millones 954 mil 400 dólares, de fecha 15 de octubre de 2019, “el proveedor anexa como soporte documental la capacitación proporcionada el 28 de noviembre de 2019, con duración de una hora y treinta y siete minutos, a tres participantes que no laboran ni han laborado en la PRS”. Tampoco “existe evidencia documental de la liberación del sistema y puesta en marcha”.
Las instancias gubernamentales detallaron que el adeudo del contrato, por 5 millones 954 mil 400 dólares, representa 30 del monto total por el que se celebró.
“El objeto del contrato se estableció para suministro, instalación, capacitación y puesta en marcha del equipamiento tecnológico especializado de control y supervisión para el Centro Federal de Readaptación Federal, CPS 12 Guanajuato”.
A la firma del contrato se pagó 50 por ciento del total (9.9 millones de dólares) y 20 por ciento contra entrega de equipos (3.9 millones de dólares”. Quedan pendientes de pago, 1.9 millones de dólares, “contra la entrega exitosa de los servicios de instalación” y 3.9 millones de dólares, a “la liberación del sistema, puesta en marcha y terminada la capacitación”.
