La Jornada
El programa Sembrando Vida deja a los técnicos un gran poder de decisión, que incluye la selección de beneficiarios y el tipo de plantaciones forestales que se establecen, pero hay poca supervisión sobre ellos para evitar abusos poder, señala un análisis de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.
En 2019, el 53 por ciento de recursos erogados en insumos, se dieron a una empresa en tres contratos por alrededor de 628 millones de pesos, “una concentración de recursos de tal magnitud debe ser vigilada de cerca”, señala el reporte Riesgos de corrupción en los programas sociales Sembrando vida, en el que se evaluaron riesgos y áreas de vulnerabilidad del programa durante 2019 y el primer semestre de 2020.
Ante la información divulgada se pidió a la Secretaría de Bienestar, que opera el programa, su posición al respecto pero no hubo respuesta. Sembrando vida este año contó con un presupuesto de 28 mil 500 millones de pesos, otorga a cada beneficiario 5 mil pesos mensuales más insumos, materiales y equipamiento, explicó Laura Delalande, directora de innovación de Ethos.
Guillermo Cejudo consejero del Consejo Nacional de la Política de Desarrollo Social (Coneval), al comentar los resultados presentados, sostuvo que en este programa hay que entender sus peculiaridades, ya que a diferencia de otros tiene un diseño más sofisticado que sólo la transferencia de recursos, ya que busca corregir problemas, impactar en el territorio y tiene sujetos colectivos como beneficiarios.
Consideró que se debe acotar la discrecionalidad de los técnicos, pero está el riesgo de sobreregularlos, ya que es importante la flexibilidad, desde el centro está la opción de controlar, pero la eficacia depende de la capacidad de adaptar el programa en el territorio.
El reporte indica que en el diseño del programa, se encontró que el objetivo central es ambiguo, no queda claro si se busca atender la deforestación, la creación de empleos o el desarrollo rural, ni tampoco se define por qué se destinan 5 mil pesos ni tiene un modelo de intervención a largo plazo. Además el programa no tiene claro sus objetivos ni los criterios en la incorporación de beneficiarios.
Delalande explicó que en cuanto a la focalización de la población, no hay metodología específica y se puede caer en discrecionalidad ya que el proceso de selección no es conforme a la norma, por ejemplo en 2019 a veces se aplicó el criterio de la línea de bienestar y otras se pidió la palabra de la asamblea comunitaria para definir quién accede al servicio.
