Milenio
Están financieramente quebrados 99 por ciento de los organismos operadores de agua encargados del saneamiento y suministro del servicio en 2 mil 469 municipios del país, reveló el presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento de la Cámara de Diputados, Rubén Muñoz Álvarez.
En entrevista con MILENIO apuntó que viven esta situación debido a que carecen de adecuados sistemas de recaudación y falta de normas y tarifas claras aplicables a los grandes consumidores, lo que se traduce para el erario federal en una pérdida mayor a 100 mil millones de pesos anuales.
“A pesar de que el presupuesto de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) alcanzó niveles históricos para obras de infraestructura, al pasar de 23 mil 727 millones en 2019 a 68 mil 485 millones de pesos en 2023 y 62 mil 674 millones a ejercer en este año, el problema de abasto eficiente de agua, además de la intensa sequía que está enfrentando el país, es multifactorial consecuencia de que en las últimas administraciones federales se fue generando una condición de rezago en cuanto a los requerimientos hídricos del país”, subrayó.
Expresó que apenas se recaudan 17 mil 500 millones de pesos anuales (28 por ciento del presupuesto federal de Conagua) por la prestación del servicio.
Por ello remarcó que, de las 3 mil 961 plantas de tratamiento de aguas residuales presentes en el país, 2 mil 500 no operan eficientemente y mil 330 están apagadas o fuera de servicio lo que indica “que se están desperdiciando grandes volúmenes que podrían ser utilizados en la agricultura e industria donde está más del 82 por ciento del consumo en el país”.
“El reto, para una mayor dotación de agua es tecnificar 86 distritos de riego agrícola, empezando con los primeros 20 que están cerca de las once principales metrópolis porque si invertimos en la modernización de ese ese número de circunscripciones, vamos a tener agua suficiente para dársela a la población”, explicó Rubén Muñoz Álvarez.
Puntualizó que ya se trabaja en la Ley General de Aguas que, aclaró, no se trata de una privatización, sino que se establezcan tarifas equilibradas y la dotación de recursos que privilegie el derecho humano por encima de otros sectores como el industrial donde es necesario revisar las concesiones para que no sobrepasen los volúmenes establecidos y ponerles un sistema macro y micro de medición “porque, por distintas razones, no se mide y no se paga”.
Enfatizó que aunque las concesiones para uso agropecuario no están obligadas a pagar por el agua de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, también requerirán de una revisión para que justifiquen sus consumos, a fin de evitar el llamado huachicoleo estimaciones indican que de las más de 520 mil permisos federales, un 20 por ciento no están regularizados y captan el agua sin autorización que luego venden a otros sectores.
“Ante la crisis hídrica no vista en los últimos 15 años y sobre todo para garantizar el suministro a futuro, necesitamos emprender una gran cruzada nacional para la fiscalización del agua que con el cobro justo, genere los recursos suficientes para invertir 130 mil millones de pesos anuales que requiere el reequipamiento del sistema hídrico, según recomendación de las Naciones Unidas para alcanzar cuando menos el uno por ciento del PIB”.
Cultura de no pago
Patricia Hernández Martínez, directora general de la Asociación Nacional de Entidades de Agua y Saneamiento (Aneas), señaló que pese a la crisis hídrica, extrema en once entidades del país, se hacen esfuerzos extraordinarios para mantener el suministro, mismo que esperan se regularice hacia mediados de junio con las primeras lluvias.
Precisó que los organismos operadores enfrentan un preocupante déficit financiero debido a que Estados y municipios, de los cuales dependen, operan con subsidios en las tarifas con lo que tienen que trabajar, además de que menos de 65 por ciento de los consumidores, como media nacional, pagan regularmente su consumo de agua lo cual se refleja en la baja recaudación.
“Lo que se enfrenta es una cultura del no pago por ser el acceso al agua un derecho humano que no se puede restringir, pese a que implica bombeo, potabilización y conducción del suministro a los hogares del país. Sin embargo, los organismos operadores cumplen con el carácter social en la dotación del recurso, aun cuando enfrentan costos más elevados como es la reclasificación de la tarifa eléctrica que significó un incremento de 60 por ciento, fugas en tuberías y cambio de normativas en saneamiento y potabilización sin contar con mayor presupuesto”, remarcó.
Hernández Martínez subrayó que uno de los temas que más preocupan es la reducción de 14 mil millones de pesos en 2016 a sólo mil 950 millones de pesos de los subsidios del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Proagua) destinados a aumentar la cobertura de los servicios de agua potable que prestan los organismos operadores de los municipios en las zonas urbanas y rurales.
“Ese presupuesto que se asigna a los gobiernos de los estados y municipios es el que acompaña a los organismos operadores para atender sus programas de ampliación, mantenimiento y construcción de infraestructura, por lo que el recorte podría limitar proyectos de inversión para la gestión y dotación eficiente del agua que por ser un derecho humano es un asunto que debe ser tratado como prioridad nacional”, concluyó.
Oscar Ocampo, coordinador de energía y medio ambiente del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), comentó que por las tarifas subsidiadas y escasa recaudación, la mayoría de los organismos operadores enfrentan pérdidas que tienen que ser contrarrestadas con aportaciones de la Federación a través de la Conagua.
“La realidad es que fuera de las grandes ciudades, muy pocos tienen recursos para una gestión eficiente del agua o para invertir en tuberías, alcantarillado y sistema de cobro eficientes, por lo que la gran mayoría opera, pero con alguna u otra deficiencia que afecta a los usuarios”.
El investigador mencionó que el gasto promedio mensual por agua en los hogares mexicanos es de 136 pesos que es la mitad del costo real. Y ante ello, es necesario hacer conciencia entre la población para que cuide y pague su consumo y se pueda contar con un sistema hídrico eficiente y autosustentable.
“Una alternativa para detonar los pagos, es simplificar la gestión de tarifas y ajustar los procesos de facturación para que sean más eficientes ya sea utilizando los sitios electrónicos o de manera presencial, además de garantizar que los usuarios tengan acceso a los detalles de sus pagos de manera fácil, clara y actualizada”.
Ocampo comentó que una mejor forma de aprovechar los subsidios y garantizar que éstos realmente beneficien a la población de menores ingresos, es focalizarnos a partir del Índice de Marginación de los Municipios del Coneval lo que resultará en que Estados, municipios y organismos operadores puedan aplicar tarifas más retributivas a quienes más consumen y esos recursos sean aprovechados para un mejor equipamiento y mantenimiento de los sistemas hídricos.
