El Universal
Abogados de un grupo de familiares víctimas de la Línea 12, representados por Carpiso Legal, interpusieron esta mañana una denuncia penal en la Fiscalía General de Justicia (FGJ) por los delitos de homicidio doloso y lesiones en contra de Grupo ICA.
Lo anterior se deriva de un dictamen pericial solicitado por el despacho de abogados como estrategia judicial, en el que hallaron que los pernos Nelson no fueron los que fallaron en el colapso del tramo elevado de la Línea 12.
En conferencia de prensa, aseguraron que el expediente no cuenta con ningún documento que acredite el vehículo de diseño, es decir, todas las características específicas, y que solamente hay un documento que señala que los trenes tienen 4 ejes de carga, menores a los estándares internacionales.
El ingeniero Guadalupe Roque Hernández explicó que las normas norteamericanas señalan que debe haber más ejes de carga para los trenes, pues estos llevan pesos diversos que generan tracciones en diferentes horarios que varían, aspecto que ni siquiera se tomó en cuenta.
ICA hizo un mal diseño de la Línea 12
Acusaron que ICA hizo un mal diseño de la Línea 12 y que la FGJ no ha imputado ninguna responsabilidad al respecto, por lo que decidieron interponer dicha denuncia penal que se suma a la presentada en materia civil en los Estados Unidos.
Los penalistas también adelantaron que preparan una reclamación de responsabilidad patrimonial en contra del Gobierno de la Ciudad de México por las deficiencias en el servicio ofrecido en el STC, además, por no haber atendido las fallas que presentaba la Línea 12 y corregirlas o en su caso clausurar la llamada Línea Dorada.
Por la vía administrativa, preparan la reclamación que presentarán ante la Contraloría de la Ciudad de México y en su caso ante un tribunal de Justicia Administrativa.
La reclamación será contra la Jefatura de Gobierno, la Secretaría de Movilidad, Secretaría de Obras y Servicios, Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y STC Metro.
Esta misma semana presentarán la primera reclamación por cada uno de los familiares de una víctima, por un monto de 110 millones de pesos.
Sucesivamente estarán presentando las reclamaciones por cada una de las víctimas representadas.
Aseguraron que las indemnizaciones deben salir del Fondo para el Pago de las Indemnizaciones de la Ciudad de México y que dicho fondo no debe ser mayor al 0.4% de los ingresos de todo el gobierno capitalino.
Este día, EL UNIVERSAL publicó que las familias representadas por este despacho de abogados aceptaron el acuerdo reparatorio con Grupo Carso.
