La Jornada
Ciudad de México. El financiamiento que obtienen los partidos políticos de “aparentes actos lícitos” representan “un verdadero cáncer para la democracia, pues se encubren de la buena fe y de aportaciones en efectivo o especies de personas morales y sociedades anónimas, “donde los verdaderos apostantes están encubiertos y ese es el problema”, aseveró la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis.
Aclaró que este problema no sólo ocurre en México, sino que es global, en el que se utilizan técnicas complejas que recurren a herramientas legales para ocultar el uso indebido de recursos, “lo que pone en evidencia esfuerzos sistemáticos y cuidadosamente diseñados para evadir la ley”.
En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, FIL 2023, la magistrada de la sala superior ofreció una conferencia magistral “Conflictividad y respeto a la legalidad en procesos electorales”, en la que afirmó que para descubrir estas simulaciones y sancionarlas, es indispensable tener “órganos electorales fuertes, independientes y técnicamente perfectamente capacitados. Sin estas capacidades, el respeto a la ley no deja de ser una buena intención, que en la práctica no tiene forma de verificación”.
“Muchas veces hablamos de compra de votos en nuestro sistema mexicano, pero pocas son las veces que tenemos claridad de lo que esta práctica ilegal implica. Y estos complejos esquemas de financiamiento ilegal, son una terrible afrenta para la legitimidad democrática, ya que significan que pequeños grupos cupulares se organizan y ponen a disposición recursos con la única finalidad de imponer su voluntad, frente a las mayorías electorales”, atajó.
