En opinión de Mario Bustamante Grajales, secretario general del Sindicato de la Industria del Transporte Alianza en Chiapas, la renovación de unidades de transporte se ve como una meta lejana de cumplir, pues en el último año solo la tipo Urvan aumentó 43% su precio, pasando de 420 mil a 600 mil pesos.
«La recuperación del gremio, tras ser severamente golpeada por la crisis económica que originó la pandemia por Covid-19, ha sido muy lenta. Hoy, tras dos años de contingencia, el sector se ha normalizado solo 60%, pues muchas rutas desaparecieron y no podrán recuperarse, mientras que las que prosiguieron deberán esforzarse para permanecer», anotó.
TRABAJADORES ILEGALES
En otro orden de ideas, el líder denunció que algunos grupos de presuntos transportistas hacen todo lo posible por apoderarse de los trabajos que se hacen en obras que ejecuta el gobierno y que están destinadas a los trabajadores legalmente establecidos, como el sector que él representa.
«Cuando iniciaron las obras de los pasos a desnivel del Libramiento Norte Poniente un grupo de ilegales se manifestaron reclamando un contrato con la autoridad que nunca existió. Ante ello los transportistas legalmente establecidos levantaron una queja y así es que se actuó a favor de nosotros», dijo.
Calificó estas acciones como lastimosas, pues son lideradas por actores que han hecho mucho daño al estado. «Un ejemplo de esto lo tenemos con un tal Saúl Martínez, que inicialmente dijo ser dirigente de la CTM, luego de Catem y ahora habla que es del sindicato ‘Fidel Velázquez’. Son personas que buscan hacerse de recursos de manera fácil», aseguró.
Bustamante Grajales refirió que las acciones ilegales son el producto de lo que los dos anteriores gobiernos estatales permitieron. «Nosotros estamos tratando de romper esa dinámica que tanto ha afectado al estado y afortunadamente hemos encontrado eco en la autoridad, sino a la velocidad que quisiéramos, pero se camina».
El líder sindical consideró que los citados grupos están actuando de esta forma para hacerse sentir ante la proximidad de que empiecen las labores para construir la presa Chicoasén II y sentenció: «Si la autoridad no hace algo preventivo, estas personas podrían llegar a violentar la obra federal y evitar que se construya, como sucedió años atrás».
