MISAEL AUTE
Saúl Pedro Martínez Gómez, representante de Calle a través del Sistema de Agua Chupactik de San Cristóbal de Las Casas, aseguró que no se actúa contra los invasores que han afectado la zona desde hace casi una ďécada, pues éstos son protegidos por las autoridades.
En entrevista, detalló que este territorio, el cual tiene una extensión de 22.13 hectáreas, poco a poco ha sido destruido por un grupo de inversionistas que ahora construyen un parque ecoturístico y pese al sinnúmero de denuncias que han presentado ante la Procuraduría y Fiscalía Ambiental, no han actuado para solucionar el conflicto.
En su intervención, calculó que la devastación de la reserva natural alcanza el 80% de su extensión, lo cual afecta de manera significativa a por lo menos mil 300 familias del barrio Cuxtitali, pues el manantial que tiene y de cuya agua sobreviven, esta siendo desecado.
Recordó que el caso lo llevaron ante las instancias judiciales, las cuales no la han desahogado en tiempo y forma. «Prueba de ello es que a una tercera audiencia a la que días atras estabamos citados, repentinamente desapareció de su listado de casos por resolver. Tenemos un abogado que nos representa y no se le informó a él de esta situación», señaló.
Calificó como vergonzoso que quienes están para aplicar la ley y el Estado de Derecho se vuelvan cómplices de los ecocidas «como aparentemente sucede en este tema», dijo y señaló que la falta de acción deja entrever que todos se están moviendo conforme a intereses políticos ante la cercanía de las elecciones de junio próximo.
Martínez Gómez lamentó que desde hace ocho años los pobladores de la zona sufran por la falta del vital elemento que les proporcionaba el manantial señalado. «Antes nosotros eramos quienes le dabamos mantenimiento a las líneas de distribución de agua. Ahora exigen se les pida permiso para entrar, cuando esta zona es propiedad del barrio», anotó.
Advirtió que la lucha que emprendieron desde 2012 les ha acarreado que sean amenazados. «Pese a que somos custodios de la reserva, según el decreto 516 otorgado en su momento por el Congreso del estado, somos objetivo de amenazas e incluso lesiones, como sucedió cuando reforestabamos el área y fuimos atacados», recalcó.
