México registra 99 víctimas de homicidio diario, en promedio
Un eventual decreto o acuerdo presidencial para que la Guardia Nacional (GN) dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) sería inconstitucional, toda vez que, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 21 de nuestra Carta Magna, “las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional”.
Así lo consideró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la cual además advirtió que, de mantenerse la intención del Presidente de emitir dicho decreto, será fundamental la intervención del Poder Judicial para frenar cualquier intento de quebrantar lo plasmado en la Constitución.
«El camino correcto para avanzar en la propuesta presidencial es que exista una iniciativa de Reforma Constitucional en la materia; que ésta pase al Poder Legislativo y ahí se discuta, pues es claro que un poder -en este caso el Ejecutivo- no puede tomar atribuciones que no le corresponden», señaló el organismo.
Señaló que hoy en México se vive una crisis de violencia que ha dejado en los primeros 43 meses de la administración, una cifra de homicidios dolosos de 130 mil casos; es decir, 99 víctimas de homicidio por día, lo que confirma la ausencia de una verdadera y eficaz estrategia de seguridad y hace patente la necesidad de consolidar a la GN con un mando civil y no militar.
«De acuerdo con el análisis realizado en las Comisiones de Trabajo de Coparmex, este decreto desmantelará el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de la GN sea civil, lo que representa graves problemas desde el punto de vista jurídico y de operación de la policía, que ahora tendrían que ceñirse a las regulaciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública», consideró.
Recordó que actualmente las instituciones militares en el país encabezan tareas de combate al narcotráfico e incautación de estupefacientes y lo deseable es que se cuente, además, con instituciones policiales sólidas a nivel estatal y municipal, que ejerzan funciones preventivas, reactivas y de investigación.
En ese sentido Coparmex enfatizó que la mejor manera de combatir a las organizaciones criminales y atender los graves problemas de inseguridad, es a través de una estrategia que contemple labores de inteligencia, de desarticulación financiera y de cooperación internacional en coordinación con el Poder Judicial para que se dicten sanciones severas y no exista impunidad.
«Para que haya esta coordinación, es urgente restablecer y fortalecer los mecanismos institucionales como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) y el Consejo Nacional de Seguridad, puesto que son los entes que deben regular y validar los temas en la materia», advirtió.
