Once Noticias
Desde que inició el régimen de excepción se han denunciado detenciones arbitrarias, como el caso de la familia Rivas; especialistas señalan que es inconstitucional la prevalencia del estado de excepción y que esa guerra criminaliza a jóvenes y personas de escasos recursos
Se cumplieron 10 meses desde que se declaró el régimen de excepción en El Salvador, una medida impulsada por Nayib Bukele y respaldada por la Asamblea Legislativa, con el argumento de atender una crisis de seguridad y sostener “una guerra en contra de las pandillas”.
Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han denunciado que el régimen contraviene a derechos fundamentales; han señalado que no hay un estado de derecho, no hay investigación al debido proceso y prevalece la criminalización a ciertos sectores como las juventudes y las personas de escasos recursos, tal como señala Verónica Reyna, directora de Derechos Humanos en Servicio Social Pasionista en El Salvador, en entrevista con Once Noticias.
Hace unos días la organización Human Rights Watch (HRW) publicó en su informe mundial de 2023 algunos hallazgos en el que resalta que hay un grave hacinamiento carcelario, resultado de las más de 60 mil detenciones, registradas por las autoridades salvadoreñas, desde finales de marzo hasta mediados de diciembre, en el marco de ese régimen. También que se han documentado muertes bajo custodia de las autoridades.
Asimismo, HRW y Cristosal dieron a conocer que, a través de la filtración de una base de datos del Ministerio de Seguridad Pública, “miles de personas, incluidos cientos de niños, han sido arrestadas y acusadas de delitos ampliamente definidos que violan las garantías básicas del debido proceso de los detenidos y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas”.
Sin embargo, las cifras aumentan, dado que la estrategia se justifica como una “guerra en contra de las pandillas”, y la angustia de las familias crece a la par.
“Quiero que el presidente Nayib responda mis cartas”: Esmeralda
A Esmeralda la conocí durante la marcha por la conmemoración de los 31 años de los Acuerdos de Paz. Cuando comenzamos a conversar lo primero que atinó a compartir fue que ella quería dar a conocer su testimonio porque quería pedirle al presidente Nayib Bukele una respuesta a las cartas que le ha enviado para denunciar la situación que viven.
Y es que su madre Gloria 55 años), su cuñado José Ulises (30 años) y el motorista que trabajaba con ellos, Luis Pérez (50 años) fueron detenidos de forma arbitraria el 22 de noviembre de 2022 y son acusados por presunta agrupación ilícita (pandillerismo), una de las figuras jurídicas que se aplican en el régimen de excepción en El Salvador.
La joven relata a Once Noticias que pese a las pruebas de inocencia que han presentado en las audiencias y a las denuncias que han interpuesto en contra de los policías que hicieron la detención, su mamá, su cuñado y el motorista continúan detenidos e incluso, hasta ahora, ella y su hermana no han podido ver a su madre, por lo que desconocen el estado en el que se encuentra al interior del penal de Apanteo, ubicado en el departamento de Santa Ana, en el occidente de San Salvador.
Por otro lado, José se encuentra en el penal de Ilopango, en la capital y tanto él como Gloria no han sido trasladados a otro penal, pero Luis, quien estaba en Ilopango, fue trasladado al penal de Izalco, en Sonsonate.
Esmeralda parece estoica, toma su tiempo para charlar y es firme con cada palabra que comparte. Cuenta que su mamá estaba en casa, en Soyapango, cuando fue interrumpida por una llamada, por parte de las autoridades, que pronto le cambiaría la vida.
Ella tenía dos vehículos en alquiler. El día de la llamada las autoridades le pidieron que se presentara a la delegación porque habían detenido a uno de sus vehículos y necesitaban que llevara los documentos, para entregárselo, dado que ella era la dueña.
Sin embargo, al llegar a ese lugar, el policía que le solicitó su presencia le pidió llevar su otro vehículo a la delegación. Gloria le llamó a Luis, quien era motorista y que llegó al poco rato con el vehículo solicitado. Fue en ese momento que ambos fueron sorprendidos con la detención junto a seis personas sin dar explicaciones.
Pero no todo terminó ahí. A Gloria la llevaron a otra delegación bajo el engaño de que debía ir para declarar sobre los vehículos. Cuando Esmeralda y su hermana llegaron en búsqueda de su madre por ese traslado, la encontraron hincada y las autoridades le tomaban fotografías.
“Nos acercamos a un militar y preguntamos qué sucedía y él nos manifestó que en el reporte todos iban con detención y me dijo que no podía hacer nada”, recordó.
Ese día decidieron esperar hasta que las alcanzó la noche en la delegación y coincidieron con el agente policial que detuvo a Gloria. Esmeralda decidió cuestionarlo sobre la detención, pero se encontró con una respuesta incompleta y con poca credibilidad: el uniformado le dijo que una persona había denunciado a Gloria, y que el señalamiento era por un delito ordinario, aunque no especificó cuál.
“Nos dijo que si presentábamos documentos ella iba a salir. Pensamos que entonces era más fácil si era por un delito común”, aseguró.
Al otro día, en el reporte se leía que Gloria había sido detenida por el régimen de excepción y se le acusaba por presunta agrupación ilícita (pandillerismo).
La acusación que hizo el agente de la Policía Nacional no sólo señaló a su mamá y al motorista, sino que puso en el reporte que fueron capturados durante el patrullaje que realizaron en la colonia La Campanera, ubicada en el municipio de Soyapango (reconocida porque la pandilla Barrio 18 tenía control sobre este territorio y desde que entró en vigor el régimen, ha sido cercada por militares y agentes de la policía).
Pero Esmeralda denuncia que han presentado grabaciones, pruebas y testigos de que su mamá fue detenida arbitrariamente, fue llevada con engaños a la delegación y que el agente policial cambió la versión de los hechos.
Angustia crece por las condiciones carcelarias
El problema de que en el reporte de Gloria se haya puesto que la detención fue bajo el régimen de excepción implica que pierde sus derechos de facto incluso hasta su derecho de defensa.
“Aunque sea un abogado particular cuesta demasiado que ellos pueden interceder. No se pueden ver y no hay ningún tipo de comunicación entre el abogado y la persona acusada”, dijo Esmeralda al medio. Y es que además a su abogado le han dicho en la Fiscalía que no hay mucho por hacer. Hasta ahora tampoco ha podido tener contacto con Gloria.
No todo se queda en la detención y se suman las condiciones carcelarias, tal como han documentado las organizaciones como el Servicio Social Pasionista en El Salvador.
Al respecto Verónica Reyna denuncia que las cárceles son espacios de tortura sistemática por parte del estado, dado el nivel de hacinamiento y porque ha servido al régimen de excepción como un espacio para mostrar su fuerza ante la ruptura del diálogo con pandillas.
“Para dejar claro esa medición de fuerzas, el gobierno es capaz de mostrar su músculo y su capacidad punitiva a las estructuras. Ese es el contexto: mostrar quién manda, esa es la lógica del control y vigilancia. Ha marcado la política de seguridad de este gobierno”, denunció la defensora.
Agregó que en las más de 60 mil personas detenidas hasta la fecha no se sustenta una investigación penal por parte de la Fiscalía y que las personas permanecen detenidas por el tiempo que decida la autoridad.
“Incluso hay una reforma que hace que si la sentencia no es tan firme no se pueden dar medidas alternas a la detención, eso implica que el cálculo que tenemos sea de 95 a 96 mil personas que pueden estar en prisión tanto en cárceles como en bartolinas, para una capacidad de más o menos de 31 mil personas. Hay una sobrepoblación de más de 300 % y, nos preocupa”, expresó.
Respuestas inmediatas
Nayib Bukele informó en sus redes sociales que el primer mes de 2023 cerró con una tasa anualizada por debajo de 2 homicidios por cada 100 mil habitantes. “La tasa de homicidios más baja de todo el continente americano”, escribió.
Ese ha sido uno de los objetivos con lo que se ha impulsado la estrategia de seguridad: bajar los homicidios en un país que por largo tiempo tuvo altos índices en la región (aunque no el único delito). Incluso el argumento del estado de excepción se concibió debido a que un fin de semana, en marzo de 2022, se registraron 87 homicidios por pandillas.
El precio de esa estrategia ha traído consigo una división de opiniones y ha dejado a cientos de familias, como la de Esmeralda Rivas, en un estado de angustia. Sin embargo, el grueso de la población está de acuerdo con la estrategia de seguridad.
Incluso, a Esmeralda le indigna lo que pasa en su país, pero no está en contra del régimen de excepción, porque percibe que hay más seguridad en las calles, en comparación con lo que le tocó vivir con las pandillas.
Pero no está de acuerdo en que se lleven a las personas con engaños, como pasó con el caso de su mamá. Afirma que está de acuerdo en que se capturen a pandilleros, a personas que hayan cometido delitos o que tengan antecedentes.
“Mi mamá, mi cuñado y el motorista no pertenecen a estructuras criminales, no tienen antecedentes ni tatuajes. No pertenecen a pandillas y ellos han hecho creer que sí, queremos que el presidente nos escuche y sean liberados. Nosotros tenemos pruebas de los malos procedimientos de los policías, las hemos presentado, pero no nos han hecho caso”.
Y es que con el régimen las personas criminalizadas son quienes llevan tatuajes (dado que son consideradas insignia identitarias de las pandillas), en su mayoría jóvenes. Incluso pueden ser señaladas sin necesidad de que exista una investigación. Las revisiones conllevan revisar celulares, contactos y redes sociales, y las personas no pueden oponerse.
“Incluso policía y militares tienen todo el derecho de entrar en su casa, aunque no lleven una orden judicial, ellos pueden hacer lo que quieran, no hay nada que los sancione o frene”, enfatiza en su denuncia Esmeralda.
Además, dijo que el sistema penitenciario es malo, en el sentido de que no hay atención adecuada a las personas.
“Muchas personas mueren en centros penales y no hacen nada, no les dan medicamento, no hay atención adecuada. En el caso de mi mamá y el motorista, estamos preocupados por su salud, son mayores, necesitan tratamiento y no lo reciben, no sabemos nada de ellos”, agregó la joven.
Altos costos en derechos humanos
¿A qué se debe que la población apoye a esa estrategia, pese a los costos en derechos humanos? La percepción que tiene la gente sobre la seguridad tiene que ver con efectos de la violencia que ha padecido la sociedad en la historia reciente, tal como reflexiona la defensora de derechos humanos.
Después da la firma de los Acuerdos de Paz, en 1992, y la entrada de las instituciones democráticas, la población se ha visto afectada por el aumento de las diferentes violencias provocadas no sólo por las pandillas, y no ha tenido una respuesta efectiva por ninguno de los gobiernos, señala Verónica.
“Eso lo que hace es que la gente exija de manera constante respuestas rápidas, efectivas, con resultados de hoy para mañana. El nivel de hartazgo y el nivel de revictimización que han sufrido durante décadas”, dijo al medio.
Verónica, al otro lado del monitor, agrega que la realidad es mucho más compleja y que comprender ese pasado reciente, que lastimó la cohesión social, es sólo una parte para lograr ver todo el fenómeno en conjunto, dado que hay personas sobrevivientes o cuyas familiares fueron víctimas de homicidios, desapariciones, extorsiones de manera constante durante los últimos 20 y 30 años, por lo que esa estrategia resulta como un respiro.
La encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) presentó hace unos días los resultados de la evaluación del año de 2022, que se hizo en septiembre del año pasado.
Sus resultados llaman la atención dado que la percepción de seguridad ha mejorado, pero hay mayor victimización, asiente Verónica.
En 2021 se reportó que 8 % de la población que había sufrido un delito en los últimos meses y en 2022, subió un 11%.
“Aunque la violencia por las pandillas se ha reducido, porque la mayoría del apartaje estatal se ha dirigido a combatir las pandillas, eso no significa que seamos un país seguro”, criticó Verónica Reyna.
Otro dato relevante de esa encuesta es que 75.9 % de personas encuestadas señaló que se siente seguro, aunque 11.4% se siente inseguro. De esa última cifra sobresale que 24.8 % señaló que se siente inseguro porque están capturando a gente inocente y por capturas arbitrarias.
Un hallazgo es que cuanto más alto es el apoyo ciudadano al respeto a garantías constitucionales, más baja es la calificación que la población otorga al régimen de excepción 71 % apoya el respeto a garantías constitucionales le da una calificación de 6.61 al régimen.
Cuando los ciudadanos conocen sobre la detención injustificada de alguna persona la aprobación hacia el régimen registra una reducción de 17 puntos porcentuales (58.7 %) respecto a la proporción general de aprobación (75.9 %).
Sin embargo, las cifras se engrosan o disminuyen mientras las personas se abarrotan en la entrada de las cárceles para intentar obtener información sobre sus familiares. Esmeralda y su hermana, hasta la entrega de esa nota, no han tenido contacto con Gloria, ni con José ni Luis.
Esmeralda enfatiza, mientras carga la cartulina que pide libertad para su mamá con letras negras y pintadas a plumón, que ella desea que Nayib Bukele responda sus cartas, porque en la misiva está la denuncia.
