Milenio
La Cámara de Diputados aprobó con 267 votos a favor, 104 en contra y 33 abstenciones el proyecto de reformas para tipificar como delito las llamadas terapias de conversión y sancionar con pena de dos a seis años de prisión a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tratamiento o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona.
El castigo aumentará al doble cuando las conductas tipificadas se realicen contra menores de 18 años, adultos mayores o personas con alguna discapacidad.
“En caso de que sea el padre, madre o tutor de la víctima los que incurran en las conductas sancionadas, se les aplicarán las sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez”, señala el texto aprobado.
No obstante, los diputados avalaron una modificación a la minuta para suprimir el castigo de prohibición definitiva del ejercicio profesional a los médicos, técnicos o auxiliares de la salud por reincidencia en la práctica de terapias de conversión, dejando solo la suspensión hasta por tres años, además de la pena de prisión.
Por ello, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados instruyó devolver el proyecto al Senado de la República para la eventual ratificación del cambio al documento.
Al fijar en tribuna la posición de la mayoría parlamentaria de Morena a favor del proyecto, la diputada transgénero Salma Luévano sostuvo que las terapias de conversión aplicadas a la población LGBTIQA suelen basarse en humillaciones, agresiones físicas y sexuales, hacinamiento, abuso verbal, privación de alimentos, uso forzado de medicamentos, electrochoques y hasta exorcismos.
“Que se oiga fuerte y claro: ¡nada que curar! ¡Nada que curar! Los Esfuerzos para Corregir o Cambiar la Orientación Sexual (Ecosig) hacen uso de prácticas equivalentes a la tortura, acciones atribuibles al tiempo de la inquisición, se trata de actos inhumanos y lacerantes que, con la intención de modificar orientación sexual y la identidad de género de las personas, lejos de apoyarlas, las victimiza”, puntualizó.
Por el PAN, la diputada Margarita Zavala secundó la condena a las llamadas terapias de conversión por los daños que causa, pero advirtió que la reforma criminaliza a los padres y genera el riesgo de “persecución gratuita” a maestros, médicos, enfermeras, sicólogos y religiosos.
Sostuvo además que la redacción abre paso a la impunidad, por las dificultades que representará para el Ministerio Público acreditar la comisión del delito.
La reforma al Código Penal Federal establece que “se impondrá de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización a quien realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.
Las sanciones se duplicarán también cuando el responsable tuviere con la víctima relación laboral, docente, doméstica, médica o cualquier otra que implique una subordinación; que se valga de función pública para cometer el delito, o cuando el autor emplee violencia física, psicológica o moral contra la víctima.
A su vez, la adición a la Ley General de Salud prevé que los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos, terapias o cualquier tipo de servicios o prácticas, quirúrgicas o de otra índole, con el objeto de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona serán sancionadas en términos de lo dispuesto por el Código Penal Federal y además serán suspendidas en el ejercicio profesional de uno a tres años.
Diputadas de Morena, PRI y MC urgen discutir dictamen contra terapias de conversión
Diputadas de Morena, PRI y MC urgieron a discutir y votar en la sesión de mañana viernes el dictamen para prohibir las terapias de conversión y los llamados Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (Ecosig), mientras la legisladora panista Teresa Castell sostuvo que la iniciativa va contra la libertad de los padres a educar a sus hijos con los valores de la familia.
“No podemos prohibirle absolutamente a ninguna persona que tome la terapia que desea, sea para ir hacia un lado o sea para ir para el otro, es una decisión personal, pero aquí no se puede prohibir absolutamente a nadie, porque es prohibir la libertad, pero también dejar a los padres en grave riesgo y a los profesionales de la salud, a los ministros de culto en total indefensión para que puedan ser llevados a la cárcel, de dos a cuatro años”, advirtió.
