Familiares de indígena preso hace 14 años solicitan su excarcelación
MANUEL MONROY
Familiares del profesor indígena Samuel Sánchez Sánchez, quien está preso hace 14 años acusado de la desaparición de seis personas en el municipio de Tila, pidieron este jueves clemencia a las autoridades para que se reestudie su caso y el afectado pueda ser excarcelado.
En breve conferencia de prensa, afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, los demandantes aseveraron que los señalamientos imputados al afectado han sido desestimados en los tribunales, “por lo que no entendemos porque no lo dejan libre”, anotaron.
Dieron a conocer que en los últimos años han logrado recabar pruebas para probar la inocencia de Sánchez Sánchez, mismas que demuestran violación al debido proceso. “Desde 2017 las autoridades giraron citatorios en nueve ocasiones a los testigos, pero ni ellos ni los representantes de las presuntas víctimas, se presentan a las audiencias”.
Aseveraron de igual forma que los implicados argumentan en su defensa que hay hostigamiento y afirman que el caso ya se encuentra en estudio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “pero no saben o nadie le informa que esta situación es una violación al debido proceso”.
Denunciaron que las autoridades judiciales también se han prestado a la obstrucción y dilación de la justicia, pues a mediados del año pasado informaron que en el Juzgado 1º del Amate se extraviaron tres anexos de la causa penal 110/2005 hoy progresivo penal 200/2017.
“Esto es muy grave, pues dichos documentos contienen el inicio de la averiguación previa y las pruebas en genética forense utilizadas para inculpar al profesor”, destacaron los familiares.
Aseguraron que han descubierto una red de complicidad entre funcionarios de la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y los últimos dos sexenios, los cuales operan en conjunto con la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas para alargar lo más posible la resolución del caso.
Ante estos y otros atropellos, pidieron a las autoridades trabajen conforme a derecho, mientras que a los defensores de derechos humanos que supuestamente protegen a las víctimas, les exigieron dejen de intervenir para que el caso se resuelva con prontitud.
