El Universal
Las víctimas de extorsión en el país aumentaron 11% en el primer bimestre de 2024 en comparación con el mismo periodo del año pasado, que se ubicó como el segundo con más incidencia de este delito de alto impacto en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el más violento de la historia reciente.
Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las víctimas pasaron de mil 664 en los dos primeros meses de 2023, a mil 846 entre enero y febrero de 2024, en números absolutos.
Durante el primer bimestre del año se registró un promedio de 31 víctimas de extorsión diarias en el país, sin contar las que no denuncian ante las fiscalías o procuradurías estatales por temor a represalias de los grupos criminales, lo que convierte a este delito del fuero común en uno de los que presentan la mayor cifra negra.
Para el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), la extorsión es un delito que se ha diversificado y su cifra negra llega a más de 90%, además de que mata y destruye economías locales.
“Estamos viviendo la peor crisis de violencia de nuestra historia; la extorsión es un delito que mata, que destruye economías locales, que desnuda la profunda desigualdad entre ciudadanos, que refuerza el control de delincuentes”, señaló Francisco Rivas, titular del ONC.
De acuerdo con las estadísticas oficiales, las víctimas de extorsión se incrementaron 4% entre enero y febrero de este año, concentradas principalmente en el Estado de México, 672; Guanajuato, 189; Veracruz, 155; Nuevo León, 133; Jalisco, 96; Ciudad de México, 80; Morelos, 76; Hidalgo, 53; Querétaro, 51; Michoacán, 42, y Colima, 30 casos.
Cabe destacar que en 2022, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador impuso récord histórico de 11 mil 39 víctimas de extorsión en diferentes modalidades en un año, lo que significó un promedio de 30 diarias.
Según autoridades federales, el delito de extorsión se está cometiendo con mayor violencia en el país, como lo evidencian los asesinatos contra transportistas en Guerrero, que ante esta situación paralizaron el servicio en el puerto de Acapulco, Chilpancingo y Taxco.
Hace unos días, el obispo de Cuernavaca, Morelos, Ramón Castro Castro, reveló que el municipio de Cuautla está siendo sometido por las bandas criminales que cobran derecho de piso a tortillerías, puestos de hamburguesas y a empresas cañeras de la zona.
“Imagínense ustedes, a las tortillerías, ¿saben de cuánto es la extorsión? 50 mil pesos de entrada y 10 mil por mes. A la señora que vende hamburguesas le cobran derecho de piso. Es increíble”, lamentó.
En los últimos años la extorsión se ha extendido prácticamente a todos los sectores económicos y productivos del país; el más reciente lo denunciaron organizaciones de la sociedad civil, que aseguran que les cobran cuota para poder realizar su labor en favor de la ciudadanía.
Ante su incapacidad para traficar drogas sintéticas, que desplazaron a la marihuana, cocaína y la heroína, células criminales trasladaron sus actividades delictivas al cobro de piso en diferentes modalidades a productores del campo, ganaderos, comerciantes, empresarios, transportistas, presidentes municipales y hasta a beneficiarios de programas sociales del gobierno federal.
Durante la pandemia por Covid-19, las autoridades federales identificaron el cambio en los patrones criminales de centenares de bandas que no tienen capacidad operativa como los grandes cárteles, lo que atribuyen a que el país vive una crisis de extorsión.
Incluso, consideran que la mayoría de los homicidios dolosos registrados en el país están vinculados con el cobro de derecho de piso en bares, tiendas de abarrotes, comercios ambulantes, ganaderos, agricultores, transportistas, carniceros, gasolineras y panaderías.
El modus operandi de los grupos criminales consiste en que hombres armados dejan un mensaje en los negocios para establecer contacto con los propietarios y hacerles saber la cuota que deberán pagar por derecho de piso.
Ante el incremento de los casos y víctimas de extorsión en el país, el Ejecutivo federal presentó a la Cámara de Diputados una iniciativa de ley para considerar la extorsión como delito grave.
“Tenemos la iniciativa presidencial para que el delito de extorsión sea considerado un delito grave, porque actualmente la legislación no lo contempla, y tenemos la problemática en todo el país de que, a veces, cuando la policía detiene a un extorsionador, éste sale inmediatamente en libertad”, dijo la titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez.
