Milenio
En el penal federal de máxima seguridad del Altiplano, siete de cada 10 presos no han recibido una sentencia condenatoria que determine su inocencia o culpabilidad, de acuerdo con estadísticas del órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. De acuerdo con la información contenida en diversas solicitudes de información realizadas por MILENIO, el centro penitenciario ubicado en Almoloya de Juárez,
Estado de México, se posiciona como el reclusorio con el mayor porcentaje de reos en espera de una resolución judicial entre los Centros Federales de Readaptación Social que se encuentran en operación.
Entre los casos más relevantes que todavía no ha sido resueltos por un juez se encuentra el proceso que enfrenta José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, Guerrero, quien es acusado por la desaparición forzada de 43 normalistas y que recibió un auto de formal prisión en diciembre de 2020 por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De igual manera se encuentra José Antonio Yépez Ortiz El Marro, presunto líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, quien tras un año preso en el Altiplano todavía está en espera de saber cuántos años pasará tras las rejas al ser vinculado por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada. vinculado por robo de hidrocarburos y delincuencia organizada.
En la lista también se encuentra Florian Tudor, presunto líder de la mafia rumana en México, quien fue arrestado en Cancún, Quintana Roo, a finales de mayo y que se encuentra en nuestro país gracias a que sus abogados promovieron un amparo.
El caso de Israel Vallarta es sin duda uno de los más longevos. En 2005 fue capturado en el rancho Las Chinitas, ubicado en la carretera México-Cuernavaca, junto con su entonces pareja, la francesa Florece Cassez, por presuntamente secuestrar a tres personas; sin embargo, tras más de 15 años no se le ha dictado una sentencia por secuestro.
Plagio y otros delitos En los procesos judiciales por el delito de secuestro se vive la misma historia que con los delitos relacionados al crimen organizado, pues sólo cuatro de 27 reos se encuentran cumpliendo una condena por sus delitos, mientras que el resto se encuentra en medio de un juicio. Otros delitos como los relacionados contra la salud y el homicidio doloso también muestran índices importantes de presos sin una resolución judicial.
En el primer crimen se reporta que 52 por ciento de los presos está encarcelado mientras se resuelve su proceso; en el segundo delito se registra un 48 por ciento de los casos sin denuncia. Por el penal del Altiplano han pasado varios de los narcotraficantes más importantes del país como Joaquín El Chapo Guzmán, quien logró escapar en 2015; Miguel Treviño Morales El Z40, Héctor Beltrán Leyva y Servando Gómez Martínez La Tuta, uno de los fundadores de la organización criminal La Familia Michoacana y después de Los Caballeros Templarios.
En esta condición se encuentra Teófilo Zaga, un hombre que fue detenido el pasado 30 de abril tras recibir una indemnización cuantiosa que alertó a las autoridades sobre un posible acto de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
Su defensa promovió el 6 de mayo una apelación que no ha sido resuelta hasta el día de hoy, a pesar de que la ley establece un plazo máximo de 30 días para ello. El retraso que llevan las autoridades de impartición de justicia ya suman 158 días en este caso.
“Lo grave de esto es que un auto de vinculación a proceso firme es el requisito mínimo para mantener a alguien en prisión. Y a 3 meses de su detención, Teófilo no tiene ni siquiera esa seguridad”, asegura su defensa. Teófilo Zaga es uno de los 277 presos de Almoloya de Juárez que están en espera de una sentencia tras ser acusados de cometer delitos relacionados con la delincuencia organizada.
Las cifras oficiales predicen un futuro adverso, pues sólo dos de cada 10 reos por este delito han obtenido una resolución final.
Sobre este panorama, la investigadora del Programa de Justicia de México Evalúa, Christel Rosales, explicó que gran parte del problema de la falta de sentencias se debe al uso excesivo de medidas cautelares como la prisión preventiva, la cual prevé un plazo máximo de 2 años de duración.
“Las Fiscalías están haciendo uso de este permiso de llevar a las personas a la prisión mientras se desarrollan los procesos (…) pero lo cierto es que no se está cumpliendo ese término de 2 años y en realidad se está prolongando, ya en el sistema acusatorio hemos visto casos de 6 años. Entonces, la persona que está en espera de sentencia, pues prácticamente está purgando una pena anticipada”, explicó Rosales.
La especialista en temas de justicia explicó que existen diferentes medidas cautelares que permitirían a un presunto criminal seguir su proceso en libertad, pero con el objetivo de simplificar la tarea del Estado se permite con facilidad el uso de la prisión preventiva. Lo anterior ha derivado en que el uso de esa herramienta legal se haya incrementado 21 por ciento de 2019 a 2020 y Christel Rosales augura que para los próximos años esa cifra “va a seguir incrementándose”.
