La Jornada
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará si es legítimo que los congresos estatales realicen votaciones secretas para decidir sobre reformas legales que impliquen derechos humanos.
A propuesta de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, la Primera Sala de la Corte atrajo un amparo promovido por organizaciones de la comunidad LGBT+, que impugnaron la decisión del Congreso de Yucatán para realizar por cédula la votación que llevó a rechazar el matrimonio igualitario en ese estado, en julio del año pasado
El amparo, promovido por el colectivo “Todas son Familias” argumenta que al mantener en secreto el voto de los diputados locales se vulnera el derecho de la sociedad a conocer la verdadera posición de sus legisladores sobre esta clase de temas pues “impide a sus miembros tomar decisiones públicas informadas para elegir a sus representantes en las subsecuentes elecciones mediante voto popular.”
Al atraer el caso, la SCJN podrá definir, en primer lugar, si los miembros de la comunidad LBGT+ pueden acreditar tener un interés legítimo para promover un amparo de este tipo, y luego si es jurídicamente posible que el congreso de Yucatán pueda ser obligado a votar de manera pública las reformas legales que impliquen derechos humanos.
