La Jornada
La Secretaría de Gobernación publicó el protocolo para la implementación de medidas cautelares y provisionales emitidas por organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos. Ello en cumplimiento a un acuerdo de solución amistosa por el caso de Jacinto López Martínez, ex alcalde de San Martín Itunyoso, Oaxaca, quien fue asesinado el 17 de octubre de 2011, a pesar de contar con medidas de este tipo dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Señaló que el objetivo del protocolo es contar con una guía que permita a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos brindar una atención “adecuada, efectiva, eficiente, oportuna, coordinada y transparente” a las personas beneficiarias. Lo anterior, con el fin de evitar posibles violaciones que sean de imposible o difícil reparación.
En el Diario Oficial de la Federación (DOF), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que otro de sus objetivos es ser una línea base para que pueda servir de guía a las entidades federativas en caso de que decidieran implementar una herramienta similar.
La SG explicó que en términos generales, las medidas cautelares y provisionales obedecen a hechos extraordinarios que reúnen tres preceptos básicos: urgencia, gravedad y evitar un daño irreparable, y constituyen una garantía de carácter preventivo.
Estos tipos de medidas, en su contenido, se han encontrado en las resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La publicación de este protocolo se enmarca en el acuerdo de solución amistosa, en 2015, por el asesinato de López Martínez, quien contaba con medidas cautelares emitidas por la CIDH en 2005. En éste, el Estado se comprometió, entre otras cosas, a que la Secretaría de Gobernación realizaría una consulta con las organizaciones de la sociedad civil para la elaboración e implementación de un documento de este tipo.
