Hasta el pasado 25 de diciembre, la Vocalia del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional de Electores (INE) en Chiapas, recibió 120 mil 135 firmas para la Consulta de Revocación de Mandato, mismas que serán verificadas y validadas por la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores.
Las autoridades electorales señalaron que fueron 19 personas promoventes de la consulta de Revocación de Mandato los que se interesaron en Chiapas y detallaron que cada registro entregado se capturará de manera manual para, entre otros aspectos, checar que no sea un registro duplicado, verificar su autenticidad, y que la persona se encuentre en el padrón.
POSICIONAMIENTO
Previamente, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), reveló que por mayoría aprobó el acuerdo de posponer temporalmente algunas actividades preparatorias para la organización de la eventual consulta de Revocación de Mandato.
En un documento firmado por Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, Norma Irene De la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Margarita Favela Herrera, José Martín Fernando Faz Mora, entre otros, destaca que en un órgano colegiado las diferencias de opinión y de votos son naturales y se respetan, pues así se toman las decisiones y forman parte del debate público.
“Las decisiones del Consejo General del INE pueden no ser compartidas por las distintas fuerzas y actores políticos, por ello, la legislación prevé que éstas pueden ser impugnadas, como en este caso lo hicieron quienes se sintieron agraviados por tal medida”, detalla
Agrega que serán los órganos jurisdiccionales quienes decidan en última instancia sobre este asunto lo que en derecho corresponda y, el INE, como siempre, acatará esas decisiones.
Sin embargo, calificó de preocupante que el Presidente de la Cámara de Diputados pretenda convertir un diferendo legal en una persecución penal, con denuncias ante la Fiscalía General de la República contra Consejeros y Consejeras que votaron a favor del acuerdo mencionado, así como contra el Secretario Ejecutivo, quien no vota las decisiones del colegiado.
“Se trata de una acción injustificada y sin sustento jurídico, que busca inhibir la independencia con la que los miembros del Consejo General valoran y votan los asuntos que les competen”, refiere.
