La Jornada
Aguascalientes, Ags. El proceso judicial que inició en agosto de 2012 contra el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat –quien era panista durante su mandato (2004-2010) y renunció al Partido Acción Nacional en 2021— continúa, y el lunes pasado entregó alrededor de 14.2 millones de pesos como reparación del daño por el delito de peculado que le valió ser sentenciado a dos años y nueve meses de prisión.
Sin embargo, el ex titular del Ejecutivo estatal sólo estuvo preso una semana y salió libre al pagar una fianza de siete millones de pesos, conseguir múltiples amparos para no pisar la cárcel y además tiene la opción de realizar trabajo comunitario, como se indica en el Código Penal federal, dado que su sentencia fue menor a cinco años.
El proceso al político fue resultado de que en 2008, se simuló la compra de un tomógrafo con un costo de 13.8 millones de pesos, que nunca apareció en algún hospital público de Aguascalientes.
En abril de 2012 la administración estatal de su sucesor, el priísta Carlos Lozano de la Torre, interpuso una denuncia por peculado ante la entonces Procuraduría General de Justicia estatal, en contra de quien resultara responsable por ese crimen.
En mayo de 2013, Reynoso Femat fue detenido por policías judiciales cuando se encontraba en la Plaza de Toros Monumental de esta capital, se le trasladó a los separos de la procuraduría y posteriormente al Centro de Reinserción Social para varones ubicado en la ciudad de Aguascalientes. Salió libre al cabo de ocho días, pagando una fianza de siete millones de pesos.
En los siguientes 11 años, enfrentó el proceso judicial con amparos e impugnaciones ante tribunales estatales y federales. En 2018 se le impusieron seis años de prisión, pero también recurrió al veredicto, y se le redujo la pena a los citados dos años y nueve meses.
En julio de 2015 estuvo preso casi un mes, acusado de defraudación fiscal; no obstante, salió libre bajo caución y fue exonerado a las pocas semanas.
El tema del tomógrafo continúa ya que la mañana de este martes, el fiscal estatal Jesús Figueroa Ortega afirmó, entrevistado después de que ofreció su quinto informe de actividades, que el peculado “se sigue por oficio, es decir, no se acaba con el perdón de la víctima (en este caso el gobierno estatal) y falta el cumplimiento de la pena en prisión”.
Agregó que “ya veremos lo que ordena el juez de ejecución, y vamos a ver qué sustitutivos logra alcanzar ya una vez que cubrió la reparación del daño”.
