Genera incertidumbre en inversionistas la publicación indebida de información sobre contratos por parte de una autoridad
La Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) establecen la obligación de los entes públicos de limitarse a usar la información bajo su posesión, incluyendo aquella que constituya datos personales por estar vinculada a una persona física, para fines lícitos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externó su preocupación por la publicación que hizo el Ejecutivo Federal de datos de empresas e información personal de ciudadanos referentes a contratos privados que se encuentran protegidos por diversas leyes vigentes, incluyendo la normatividad de protección de datos personales.
Destaca que el artículo 113 de la LFTAIP indica que se considera como información confidencial aquella que: a) contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; b) Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados, y c) aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados.
Por su parte, la LGPDPPSO establece que el tratamiento de datos personales por parte del responsable deberá sujetarse a las facultades o atribuciones que la normatividad aplicable le confiera y guardar absoluta confidencialidad de los datos bajo su posesión, en aras de garantizar el derecho humano a la protección de datos personales de la ciudadanía.
Insistió que el derecho humano a la confidencialidad de los datos personales es un triunfo de la ciudadanía en todo el mundo para evitar que se repitan historias del pasado en las que esta información fue usada para atacar a quienes se consideraban adversarios, al ponerlos en un estado de indefensión.
La violación a estas disposiciones legales afecta también a las empresas, pues mina la confianza en las inversiones ya que revela que la autoridad puede, en cualquier momento, transgredir, de manera injustificada e ilegal, los derechos humanos pilares del Estado de Derecho y, como consecuencia, la confianza en que las leyes de nuestro país serán respetadas a cabalidad.
Además, debe tenerse en cuenta que, al darse a conocer información de carácter fiscal, se pone en entredicho la actuación de las autoridades hacendarias quienes son las responsables legales de resguardar los datos de los contribuyentes y proteger esta información de acuerdo con la normatividad citada.
