Transportistas organizados, concesionados y permisionarios que cubren las rutas de Tapachula, Tuxtla Chico, Cacahoatán, Unión Juárez y Suchiate, solicitaron a las autoridades estatales la seguridad que les permita realizar sus actividades sin temor a sufrir atentados y el permanente hostigamiento de delincuentes que buscan a través de amenazas obligarlos a cubrir un pago semanal por protección, es decir, el llamado cobro de piso.
En una carta enviada el Jefe del Ejecutivo estatal, Rutilio Escandón Cadenas, el Fiscal del estado, Olaf Gómez Hernández y, la secetaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela del Socorro Zepeda, los quejosos señalan que en fechas recdientes han sufrido amenazas de bandas delictivas dedicadas a la extorsión y en el que con violencia pretenden condicionarlos a pagar, y de no aceptar señalan van a matar a directivos, choferes y tirar bombas en las terminales.
Pidieron a las autoridades atender el llamado, pues en la actualidad dos empresas transportistas en la modalidad de Urvan han dejado de prestar el servicio público de pasaje de Tapachula a Cacahoatán en forma normal luego de recibir amenazas directas con nombres y números de unidades que van a sufrir las consecuencias de no pagar, además de un atentado en contra de un chofer que fue baleado, como medida de presión para que se acceda al pago.
Señalaron que delincuentes montados en motociclistas sin placas, son los ejecutores sin que se regule su circulación y han sabido que las llamadas amenazantes se originan desde el interior de reclusorios de Chiapas sin que se les bloquee o se coloquen inhibidores.
Recordaron que el sector transportista hasta hace un año y medio no sabía de los extorsionadores, de atentados, de muertos, de lesionados y de unidades dañadas, pero hoy la situación es diferente y amenaza con crecer y quedarse, ya que así lo han manifestado los delincuentes a través de mensajes y llamadas telefónicas.
En otra parte de la misiva aseguraron que en la costa de Chiapas el gremio transportista se ha distinguido por ser institucional y respetuoso de las leyes, se privilegia el dialogo antes que la confrontación con la autoridad y reconocieron la voluntad y la presencia policiaca con resultados positivos «pero no han erradicado este flagelo que mantiene la incertidumbre en los hogares de los choferes, de los concesionarios y de los usuarios del transporte público».
