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Sondeo IUDOP: El Salvador objeta arrestos sin orden judicial

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DW

El 64,6% de la población de El Salvador rechaza los arrestos sin orden judicial, una herramienta clave de la «guerra» contra las pandillas lanzada por el presidente Nayib Bukele, según una encuesta divulgada este lunes (15.04.2024).

A pesar del mayoritario rechazo a estos arrestos, autorizados por un régimen de excepción vigente en el país centroamericano desde 2022, la gestión de Bukele obtuvo una calificación de 8,68, en una escala de uno a diez, en el sondeo de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA). Asimismo, el 87,5% de las personas consultadas declaró sentirse «seguro» bajo el régimen de excepción, frente al 5,2% que declaró que se siente «inseguro» con la medida.

«En el segundo año de vigencia del régimen de excepción, alrededor de 92 de cada 100 salvadoreños están en desacuerdo con al menos una de las suspensiones de derechos o garantías que siguen aún vigentes», dijo la directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA (IUDOP), Laura Andrade, al presentar el estudio. «Luego de dos años de vigencia, la evaluación ciudadana sobre el régimen de excepción continúa siendo, en general, positiva», agregó.

El sondeo reveló que sólo el 32,7% de la población salvadoreña apoya las capturas sin orden judicial. Además, el 63,3% está de desacuerdo con que siga suspendido el derecho constitucional a la defensa tras una detención, frente al 31,4% que está de acuerdo.

El régimen de excepción se aprobó a finales de marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas. En este marco, las autoridades registran casi 80.000 detenciones de personas acusadas de pertenecer a, o colaborar con, las denominadas ‘maras’.

El Congreso, a petición del Ejecutivo de Bukele, ha autorizado la ampliación del régimen en 25 ocasiones sin debate o estudio previo. En tanto, organizaciones humanitarias han recibido más de 6.000 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas. También, señalan que las muertes de detenidos bajo custodia estatal superan las 200.

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