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Sin castigo, jueces, ministerios públicos y policías que criminalizan a mujeres por actuar en defensa propia

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Animal Político. Hincada en el piso, con las esposas puestas en pies y manos, Reina le pide a Dios que cuide a su hijo ciego si a ella la matan. Su plegaria la interrumpe una mujer judicial. Llega a la habitación de la casa de seguridad donde la tienen para vendarle los ojos.  “No me apriete mucho, tengo glaucoma”, le pide Reina. “A mí me vale madres. Ahorita te vas a morir”, le grita la oficial.

Entre insultos, le coloca dos bolsas en la cabeza. Reina escucha más pasos, llegan otros judiciales. No sabe cuántos. Inicia la golpiza. Le propinan golpes y patadas hasta en el rostro. “Confiesa ya de una vez, perra”, Reina distingue la voz del comandante, ese al que los otros le dicen Pamplona.

“No sé qué querían que confesara, si yo ya había dicho que sí, que yo lo había matado, pero fue en defensa propia”. La inculpada contará ese maltrato muchas veces: al ministerio público, al juez de su caso, pero no la escucharán. Solo un grupo de activistas le presta oídos y se mueven para defenderla.

María Guadalupe sabe también lo que es eso: la sordera de las autoridades ante una mujer que ha vivido violencia y ha tenido que matar para defenderse. La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua, donde ella vive, la acusó por homicidio en riña en carácter de provocado, a pesar de que alegó legítima defensa.

La joven, de 19 años, hirió a su pareja sentimental, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de 38 años, cuando éste amenazaba con matarla. Pero la fiscalía basó su sentencia en los dichos de testigos, amigos y familia de Carlos, y en una pericial deficiente para confirmar su hipótesis. Para la autoridad, María Guadalupe era una mujer violenta, que se aprovechaba de su pareja y quería asesinarlo.

No es posible saber cuántas mujeres enfrentan esa falta de debido proceso y de perspectiva de género cuando asesinan a su pareja o a otra persona para defenderse en una situación de violencia extrema. En el país no se hace ese registro y en muchos estados tampoco se reconoce la legítima defensa.

“No hay registros y la mayoría de las sentencias no son públicas, así que este tipo de casos solo se conocen cuando interviene alguien para apoyar a las mujeres, de lo contrario, se les juzga sin perspectiva de género, sin considerar la legítima defensa y se quedan en la cárcel”, dice Isabel Erreguerena, coordinadora de Políticas Públicas de Equis Justicia para las Mujeres.

Esa falta de perspectiva de género y de debido proceso fue unos de los temas que diversas organizaciones de la sociedad civil llevaron ante el comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), de la ONU, esperando que emita una recomendación en las próximas semanas para prevenir la repetición de este tipo de casos.

 

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