Gaceta UNAM
En el norte y sureste del país, hay ejemplos de corporaciones que actúan de manera inadecuada respecto a sus formas de producción, las cuales afectan directamente al ambiente y a la salud humana.
La minera Grupo México, en Cananea, Sonora, es responsable del mayor desastre ambiental de la nación, ocurrido en 2014 en la mina Buenavista del Cobre, el cual derramó 40 millones de litros de desechos tóxicos en el Río Sonora, y a 9 años de distancia permanece impune, denunció María Julieta Lamberti, directora de investigación del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), una organización civil que busca fomentar la transparencia y la rendición de cuentas.
En tanto, la empresa agroindustrial cárnica Kekén (que forma parte del Grupo KUO), es una megagranja de cerdo en Yucatán, que aunque se dice “sustentable” es responsable de un excesivo consumo y contaminación de agua, además de la crianza de cerdos en el anillo de cenotes del Estado, uno de los tesoros ecológicos de la región, afirmó Guadalupe Andrade Olvera, estudiante de Maestría en el Posgrado en Ciencias Políticas de la UNAM.
Ambos casos fueron abordados en la mesa redonda De Sonora a Yucatán: destrucción del ambiente y corporaciones, organizada por el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM.
El coordinador del evento, Raúl Ornelas Bernal, investigador del IIEc, comentó su estudio “Corporación y destrucción del ambiente”, en el que cuestiona cómo se está articulando el capitalismo en el tiempo reciente en nuestro país.
“Es un proceso de larga duración que ha adquirido tonos muy alarmantes con el ascenso del último gobierno, que tiene un proyecto neodesarrollista, enfatiza el avance de las infraestructuras y favorece la expansión de las empresas”, señaló.
Ornelas Bernal consideró que se invisibilizan los efectos tanto sociales como ambientales de la expansión de las grandes corporaciones. “Pasan a un segundo plano, se les caracteriza como daños colaterales o no relevantes, y las corporaciones, con todo su poder, usan dos conceptos: el llamado lavado verde y la responsabilidad social corporativa”, relató.
“Esas son las respuestas desde el gran poder capitalista para reconocer que sí se tienen efectos nocivos sobre la sociedad y sobre el ambiente, así que hacen acciones como reforestar, impulsar la salud y la educación comunitaria, y dan la imagen de responsabilidad social y ambiental, pero los daños de sus corporaciones son enormes”, indicó.
Lamberti agregó que el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre contaminaron los ríos Bacánuchi y Sonora por actividades en la mina Buenavista del Cobre, la cual operaba sin cumplir las especificaciones técnicas de la normatividad ambiental aplicable. “Afectó alrededor de 22,000 personas de siete municipios”, mencionó.
En tanto, Andrade Olvera resaltó que hay 507 megagranjas porcícolas, de las cuales solamente 14 presentaron estudios de impacto ambiental. “Muchas de estas empresas se ubican en el perímetro del Anillo de Cenotes de Yucatán, un área natural protegida ubicada en la región central del estado”.
“Con fines de aprovechar toda la producción cárnica, Kekén vende productos de mala calidad, e incluso carne podrida, en comunidades marginadas”, refirió.
La especialista dijo que la tradición de consumo de carne en Yucatán está corporativizada, aunque las empresas del sector no son sustentables ni ecológicas, pues desechan grandes cantidades de agua contaminada que se vierte al suelo, donde se disemina.
Los tres investigadores se pronunciaron porque las corporaciones se sujeten a las reglamentaciones de ley en materia ambiental, y que el gobierno haga una adecuada vigilancia de aquéllas.
En el evento académico también participó como moderador Daniel Inclán Solís, investigador del IIEc.
