Excelsior
En México, la pensión alimenticia juega un papel crucial para el sustento y bienestar de numerosas familias, por lo que el Partido Verde lamentó que en nuestro país, al menos tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben este derecho, lo que, en la mayoría de los casos, provoca que muchas madres deban hacer frente a la evasión de las obligaciones por parte de sus ex parejas.
Ante ello, el organismo político insistió en la urgencia de establecer medidas que permitan garantizar que los menores reciban los recursos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, como alimentación, educación y salud.
En este sentido, recordó la propuesta de su grupo parlamentario en la Cámara de Diputados para reformar el Código Penal Federal con el objetivo de establecer sanciones más severas para aquellos que incumplen con sus obligaciones alimentarias hacia sus hijos.
Dicha iniciativa, agregó, plantea considerar como abandono el incumplimiento consecutivo o intermitente por más de 60 días de las obligaciones alimentarias, proponiendo, incluso, penas de prisión.
Se trata de modificar el artículo 336 del Código Penal Federal, especificando que las penas por incumplir las obligaciones alimentarias podrían ir desde un mes hasta cinco años de prisión o de 180 a 360 días multa. Además, se contempla la privación de derechos de familia y el pago como reparación del daño de las cantidades no suministradas oportunamente por el acusado.
Por su parte, la diputada Rocío Corona Nakamura, quien lideró la iniciativa, enfatizó la importancia de proteger el derecho de los menores a recibir alimentos en tiempo y forma, subrayando que esto no solo salvaguarda su bienestar, sino también la estabilidad económica y emocional de la madre y la familia en su conjunto.
La propuesta surge en respuesta al aumento de casos en los cuales los padres incumplen total o parcialmente con la obligación alimentaria, incluso desobedeciendo mandatos judiciales.
La legisladora señaló que, lamentablemente, en México prevalece la falta de mecanismos eficientes para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y la ausencia de disposiciones legales que sancionen con contundencia los casos de incumplimiento. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en el periodo de enero a agosto de 2021 se registraron 15 mil 495 denuncias por incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar.
