Movimiento Ciudadano propone que los dueños de establecimientos abiertos al público sean obligados a permitir que las personas con discapacidad entren con sus animales de servicio; pues, actualmente, no hay ninguna disposición al respecto.
La iniciativa de Taygete Irisay Rodríguez González, diputada de dicho organismo político señala que con el fin de que el animal pueda desempeñar sus funciones de forma adecuada, se debe prohibir a los dueños de establecimientos privados exigir el uso de bozal o dispositivos de restricción física.
«Únicamente se podrá prohibir la entrada de animales de servicio a espacios donde tener animales de cualquier tipo represente un peligro para la salud o impida el uso de dicho espacio: como en los de atención médica donde la presencia de animales conlleve un riesgo de transmisión de enfermedades y, en espacios de almacenamiento y manejo de alimentos donde la presencia de animales represente un riesgo a la inocuidad alimentaria», dijo.
Resaltó que los discapacitados, en particular, son un frecuente blanco de discriminación, pues con frecuencia se les da un trato diferente por tener limitadas sus capacidades para ver, escuchar, moverse o utilizar plenamente sus facultades mentales.
Resaltó que lo anterior pone a los discapacitados en un plano de desigualdad con respecto a los demás; «por esta razón, si queremos formar una sociedad justa, es fundamental tomar acciones concretas para que estas personas tengan las mismas oportunidades que tienen las demás personas para desarrollar su vida de forma plena».
Dio a conocer que uno de los puntos en los cuales con frecuencia se lesionan los derechos de los discapacitados es en el tema de los animales de servicio, los cuales se definen como animales especialmente seleccionados y adiestrados por expertos para desarrollar tareas que mejoren la calidad de vida y las condiciones de salud de quienes los necesitan.
Señala que dada la importancia que revisten los animales de servicio para que sus dueños puedan llevar a cabo sus actividades cotidianas, impedir su entrada a cualquier recinto, lugar o establecimiento constituye un acto de discriminación, ya que hacerlo pone en desventaja al dueño del animal de servicio con respecto a quienes no tienen discapacidades.
