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Panel de expertos al tribunal en el caso del maíz transgénico: Respetar la ciencia

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ESTADOS UNIDOS.– El panel de tres miembros que examina la queja de Estados Unidos sobre las restricciones impuestas por México al uso de maíz transgénico en las tortillas necesitará, sin duda, asesoramiento científico para evaluar las pruebas técnicas presentadas por el gobierno mexicano sobre los riesgos asociados al maíz transgénico y los residuos de herbicidas que lo acompañan. El 23 de abril, un grupo de expertos reunidos por el Instituto de Política Agraria y Comercial (IATP por sus siglas en inglés) les proporcionó asesoramiento en el primero de unos tres seminarios en línea sobre el conflicto del maíz transgénico.

Su mensaje no podía ser más claro. El gobierno mexicano tiene razón al dudar de las garantías que da EEUU, sobre la seguridad pare el consumo del maíz transgénico, dados los laxos procesos de regulación de los cultivos transgénicos en ese país. Hay una montaña de pruebas de que, tanto el maíz transgénico como los herbicidas que lo acompañan, incluido el glifosato, pueden causar graves problemas de salud. Y esos riesgos se magnifican para los mexicanos, que comen más de diez veces el maíz que se come en Estados Unidos y lo hacen en forma mínimamente procesada, no en alimentos procesados.

«¿El gobierno de Estados Unidos ha proporcionado pruebas suficientes al gobierno mexicano para garantizar la seguridad del maíz transgénico, que se rocía rutinariamente con múltiples herbicidas que se sabe están asociados con problemas reproductivos, síndrome metabólico y cáncer? No, porque los estudios nunca se han hecho»

Dr. Charles Benbrook, economista agrícola estadounidense, durante el seminario en líena
Pruebas sólidas justifican la precaución
Benbrook y sus colegas panelistas fueron invitados a presentar comentarios formales al tribunal que se ocupa del litigio, un proceso de un año de duración que se espera se resuelva a finales de este 2024. El tribunal publicó a principios de abril ocho comentarios de organizaciones no gubernamentales estadounidenses y mexicanas. Ofrecen una serie de pruebas que apoyan el decreto presidencial de México, emitido en febrero de 2023, que elimina gradualmente el uso de glifosato en México y restringe el uso de maíz transgénico en tortillas y otros productos de maíz mínimamente procesados. (Los comentarios presentados están disponibles en inglés y español en esta página de recursos del IATP).

El Dr. Benbrook fue coautor de los comentarios técnicos de Amigos de la Tierra, que se centraron en la creciente toxicidad del maíz transgénico, en particular de las variedades con insecticidas Bt y en el hecho de que los reguladores estadunidenses no hayan realizado pruebas de inocuidad.

«Las primeras variedades de maíz transgénico de finales de los noventa expresaban de 2 ppm (partículas por millón) a 6 ppm de una o dos toxinas Bt en los granos de maíz, la parte de la planta que come la gente», dijo el Dr. Benbrook.

«Las principales variedades actuales de maíz transgénico expresan de cuatro a siete toxinas en los granos de maíz y a niveles mucho más altos, de 50 ppm a 100 ppm. ¿Por qué este gran aumento? Porque los insectos se vuelven más tolerantes a las toxinas Bt con el tiempo, y acaban siendo totalmente resistentes. Esto obliga a la industria de semillas biotecnológicas a añadir nuevas toxinas transgénicas y a diseñar las plantas para que las expresen a niveles mucho más altos. Esto puede ayudar a matar más insectos durante un corto periodo de tiempo, pero también aumenta constantemente los riesgos para la seguridad alimentaria humana.»

Bill Freese, Director Científico del Centro de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos, subrayó la debilidad de la normativa estadounidense, que permite a las empresas introducir nuevos productos sin someterlos a pruebas de seguridad. Se refirió a ello como un «régimen desregulador» en lugar de una regulación adecuada.

«La regulación estadounidense de los cultivos transgénicos ni siquiera cumple con el acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) porque es débil y voluntaria, no obligatoria.»

Bill Freese, Director Científico del Centro de Seguridad Alimentaria de Estados Unidos
Freese afirma que las agencias estadounidenses han facilitado el aumento de la toxicidad en los campos de cultivos transgénicos, porque la Agencia de Protección Ambiental ha aumentado el nivel permisible de glifosato en el maíz por 50 veces desde mediados de la década de 1990 para facilitar la introducción de maíz transgénico, que se rocía directamente con glifosato.»

Monsanto y su nueva empresa matriz, Bayer, están pagando miles de millones de dólares por daños y perjuicios a personas que han sufrido cáncer y otras dolencias por la exposición al glifosato.

Lucy Sharratt, coordinadora de la Red Canadiense de Acción Biotecnológica (CBAN, por sus siglas en inglés), destacó la sólida justificación mexicana de sus medidas cautelares. La CBAN fue invitada a presentar sus comentarios al grupo de expertos, pero posteriormente fue desinvitada por tratarse de una organización canadiense y no estadunidense o mexicana. De todos modos, CBAN publicó sus comentarios técnicos.

«Las evaluaciones de seguridad de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre el maíz transgénico no necesariamente se transfieren fácilmente a una evaluación de seguridad en el contexto mexicano», explicó Sharratt a la numerosa audiencia en línea del seminario virtual. «Estados Unidos y Canadá argumentan que existe una larga historia de uso seguro del maíz transgénico, pero éste no es el caso de México. El uso de maíz blanco en México es totalmente diferente a la historia del uso de maíz transgénico en ingredientes de alimentos procesados en toda América del Norte. México es en gran medida autosuficiente en maíz blanco, que es un alimento básico de la dieta, y ha sido en su mayoría no transgénico. Además, no existe un seguimiento posterior a la comercialización para validar la seguridad de cualquier uso».

El abogado mexicano Javier Zúñiga, de la ONG Poder del Consumidor, cerró el panel de expertos explicando que el decreto mexicano está justificado y es legal en virtud de las normas comerciales vigentes. «El gobierno mexicano está obligado por su propia Constitución a adoptar medidas cautelares y preventivas para garantizar el derecho a la salud, la alimentación y un medio ambiente limpio», afirmó Zúñiga. «El decreto presidencial de México es legal en el contexto mexicano y también bajo el USMCA, que incluye excepciones para asuntos de salud pública.»

Este panel científico instó al tribunal comercial a considerar las pruebas, escuchar a los expertos que no tienen vínculos con la industria ni conflictos de intereses, y reconocer que México tiene derecho a tomar medidas cautelares para proteger la salud pública y el medio ambiente. Lo ha hecho de la manera que menos distorsiona el comercio, en total consonancia con las directrices del T-MEC.

Como concluyó Freese, «México tiene razón al afirmar que no puede confiar en el gobierno estadounidense para garantizar la seguridad de los cultivos transgénicos.»

Otros dos seminarios web sobre otros aspectos del conflicto comercial están programados para el 2 de mayo, sobre biodiversidad y derechos culturales, y el 7 de mayo, con las perspectivas de los agricultores sobre las oportunidades del maíz no modificado genéticamente. La grabación de este panel está disponible aquí.

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