La Jornada
Ciudad de México. La defensa de los cuatro militares detenidos por haber participado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa “busca confundir” las investigaciones, al acusar que hay “fabricación de pruebas” en su contra, por las capturas de pantalla de mensajes de Whatsapp en los que se basa parte del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj), aseveraron Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de las víctimas, y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Luego de que los abogados César Omar González y Alejandro Robledo Carretero, quienes defienden al general José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo, al subteniente Fabián Pirita Ochoa y al sargento Eduardo Mota Esquivel, presentaron una denuncia penal “en contra de quien resulte responsable” de los delitos de falsificación de documentos y contra la administración de la justicia, explicaron que los militares enfrentan un proceso derivado de la investigación que realiza la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, de la FGR..
Ello, subrayó Rosales, “no tiene nada que ver” con el último informe de la Covaj, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, en el que aparecen los “pantallazos”, que según peritajes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tienen “inconsistencias”.
Ahondó que el proceso contra los integrantes del Ejército devienen de la averiguación 3-2020, en la que “la unidad de la fiscalía ejercita acción penal contra 83 personas, por básicamente desaparición forzada y delincuencia organizada”.
En tanto, “la investigación de la Comisión todavía ni es judicializada”, sostuvo Rosales, quien además respaldó que Encinas permanezca en la Covaj, luego de que la defensa de los militares exigió su renuncia. “No vemos dentro del gabinete ni personas cercanas, hoy en día, (a alguien más) encabezando con esa fuerza y compromiso”, dijo en entrevista.
Calificó el actuar de la defensa de los militares como “una acción política” y apuntó que hasta donde se sabe, la Covaj recibió la información con las capturas de pantalla “de una fuente” y “la recabaron de buena fe, no es que Encinas haya falsificado y que ellos hayan construido todo un montaje o estos pantallazos”, pero -reconoció- faltó comprobar su autenticidad.
El Centro Prodh señaló que “con anuencia del mando, militares acusados en Ayotzinapa buscan confundir”. Indicó que la no verificación de partes del informe de la Covaj, “no resta valor a pruebas de acusación sobre colusión entre narco y el 27 batallón” de infantería.
A través de redes sociales enfatizó que “la campaña contra el caso viene del sector castrense, no de las organizaciones de derechos humanos”.
