La superpolicía de García Luna, desmantelada y con sus agentes abandonados

En mayo de 2012, el policía federal Diego Rodríguez Lira fue comisionado al operativo Guerrero Seguro, donde fue asesinado mientras cumplía con su trabajo; la PGR se negó a investigar porque su jefe declaró que había faltado dos días, pero información enviada a Pie de Página –vía la plataforma Méxicoleaks-, muestra que “faltó” el día que desapareció y el que lo encontraron muerto. Como él, muchos otros policías de la súper policía que creó el expresidente Felipe Calderón, están abandonados por la corporación, que fue desmantelada con el cambio de gobierno. Este reportaje fue realizado con el apoyo del Fondo Canadá de Apoyo a Iniciativas Locales

Texto: Celia Guerrero, Daniela Rea y Ana Cristina Ramos-Fotos: Mónica González y Fernando Santillán-Gráficos: Arturo Contreras Camero

Pie de Página

Diego Rodríguez Lira trabajó en la Policía Federal dos años y seis meses, más otros seis de entrenamiento en los que estuvo acuartelado en Ciudad Juárez. Cuando lo mataron, en mayo de 2012, tenía 24 años y dos hijas, era licenciado en administración, estaba adscrito al área de Operaciones de la División de Seguridad Regional y comisionado en el operativo “Guerrero Seguro”.

Su homicidio —aún no esclarecido— comenzó a investigarse en el fuero común. La Procuraduría General de la República se declaró incompetente luego de que Eduardo Fragoso Díaz, titular del área de Operaciones, declaró que Diego había faltado a trabajar dos días. Lo que no dijo es que esos dos días fueron el día que desapareció y el día que lo encontraron muerto.

A través de la plataforma Méxicoleaks, Pie de Página recibió documentos del expediente, entre ellos el oficio de comisión, en el cual consta que Diego recibió la orden de presentarse a servicio del 1 al 15 de mayo de 2012 para una “investigación confidencial” en Acapulco, Guerrero.

Así lo hizo, según la reconstrucción realizada por sus padres. Ellos tuvieron la última comunicación con él en la madrugada del 13 de mayo; al día siguiente, su cadáver fue hallado junto con el de Alan San Martín Villa en una zona conocida como Palomares, en el puerto de Acapulco. Lo identificaron sus compañeros federales en el Servicio Médico Forense, a donde fueron a buscarlo porque no se había presentado a trabajar.

Diego estudió administración y, de acuerdo con sus padres, se unió a la PF por convicción. Su trabajo consistía en recopilar información, hacer fotografías y enviarlas a la oficina para integrar expedientes. “Él no estaba involucrado directamente en los enfrentamientos”, dice en entrevista su padre, Juan Francisco Rodríguez.

El hombre parece mayor de lo que es. Se presenta con un engargolado en la mano en el que reúne documentos de la investigación que inició con su esposa, Concepción Lira, hace más de cuatro años, cuando se dieron cuenta de que la corporación no haría nada para investigar el asesinato.

Según su relato, ellos llegaron a Acapulco a visitar a su hijo el 10 de mayo de 2012, pero lo vieron hasta el 11 por la tarde. Diego iba acompañado de una mujer estadounidense a la que presentó como Tracy Barnhill. Quedaron de verse al día siguiente. El 12 de mayo fue un día franco (libre) para Diego. Lo esperaron, pero no llegó a su cita. Casi a la medianoche llegó acompañado de la misma mujer y su amigo Alan San Martín. Platicó con sus padres unos 15 minutos, dijo que la zona en donde se hospedaban no era segura y que pasaría más tarde por una computadora y ropa que le habían llevado. En la madrugada del 13 de mayo, a las 3:32 horas, Diego les envió un último mensaje: “Mamá, paso por mis cosas de una vez”. Respondieron, pero nadie contestó. Esperaron, pero nadie llegó.

“Pensamos que había sido requerido por la corporación y nos regresamos, todavía estuvimos en Acapulco un rato y nos vinimos… el día 14 nos informa el oficial Villegas, que era el encargado del grupo, que nos presentáramos en Acapulco porque mi hijo había fallecido”, cuenta su padre.

Desde aquella llamada, Juan Francisco Rodríguez insistió en investigar a la mujer con la que vió a su hijo por última vez, pero nadie le hizo caso. “Nos ayudaron con los trámites, nos escoltaron a la Ciudad de México con el cuerpo de mi hijo y se comprometieron a dar con los responsables. Nos estuvimos comunicando y, durante tres meses, no había nada. No sabían investigar, no podían investigar o no querían investigar”, dice ahora.

Los padres de Diego consideran que la institución los abandonó y obstruyó la investigación del homicidio de su hijo

Los padres de Diego comenzaron a indagar en periódicos y publicaciones de nota roja. A partir de un comentario en una nota encontraron el perfil de Facebook de la mujer estadunidense. Ella los llevó a otro, y a otro, y a otro. Los padres obtuvieron información de testigos que señalan, por ejemplo, a policías ministeriales que participaron en la desaparición de Diego y Alan, así como a los presuntos asesinos.

“Es una investigación de un año, 133 hojas”, dice el padre mientras muestra su engargolado, que incluye fotos, nombres, direcciones, cronologías. Una carpeta idéntica fue entregada a la Policía Federal, pero no hubo ningún avance en la investigación oficial.

“El inspector Óscar Gómez nos dijo que no entregáramos la información al ministerio público porque estaban coludidos y poníamos en riesgo nuestra vida. Nos comentó durante 11 meses que toda la información que obtuviéramos la entregáramos a la Policía Federal cuando no estaban haciendo nada y solo nos engañaron”, lamenta.

Casi un año después del asesinato de Diego, sus padres se acercaron a Províctima (hoy Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas). Buscaban ayuda para que la Policía Federal aceptara que Diego fue asesinado en funciones, lo que significaría que la PGR debe encargarse de la investigación. Pero en marzo de 2014, la procuraduría volvió a declararse incompetente, basándose en el mismo argumento del jefe del área: que el policía había faltado a trabajar.

El abandono

El caso de Diego Rodríguez Lira no es aislado. Del mismo modo se comportó la Policía Federal con los 52 policías federales desaparecidos mientras realizaban comisiones especiales durante la gestión de Genaro García Luna al frente de la corporación, dice Aracely Rodríguez, madre del sargento Luis Ángel Rodríguez, desaparecido en noviembre de 2009 junto con otros seis policías federales que estaban comisionados en Michoacán. A ella le dijeron que su hijo llevaba seis días sin presentarse a trabajar, los mismos que en realidad llevaban desaparecidos los ocho oficiales, sin que la corporación notificara a sus familias; y después de eso, trataron de acusarlo de portar armas de uso exclusivo del Ejército.

“Por suerte yo tenía el oficio de comisión donde quedó asentada la matrícula del arma, que no era la que decía la corporación”, dice Aracely, quien ha dedicado años a la reivindicación de los “policías honestos”. Por su caso hay 18 personas consignadas, pero sigue sin encontrar a Luis Ángel.

En 2009 el ex presidente Felipe Calderón creó la Policía Federal, sobre las bases de la Policía Federal Preventiva. Se creó su propia ley, se reclutaron jóvenes profesionistas y se presentó como el gran modelo contra el crimen. A cargo de la superpolicía quedó Genaro García Luna, quien había dirigido la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio anterior.

El proyecto de García Luna había comenzado, precisamente, durante la administración del presidente Vicente Fox, quien pasó a la Policía Federal Preventiva las atribuciones de inteligencia que durante décadas tuvo el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Así, García Luna recibió en 2006 una corporación con 12 mil 907 agentes (entre PFP y AFI) que se triplicaron en los seis años de su gestión.

Pero el cambio de gobierno frenó sus ambiciones y la temida policía federal dejó de ser prioridad. “Con la llegada de (Enrique) Peña Nieto, la institución comenzó a desmantelarse. Pasó de ser la policía más fuerte a una que poco a poco fueron debilitando”, dice Rubén Aguirre, ex policía y uno de los líderes del Movimiento Nacional para la Dignificación de la Policía Federal.

En 2013 el presupuesto de la PF disminuyó por primera vez en siete años y dos mil policías fueron despedidos por diferentes causas, una de ellas reprobar el “control de confianza”, una serie de pruebas para determinar si el personal es apto para permanecer en el cargo.

Para Aguirre el control de confianza es un pretexto para el desmantelamiento de la policía, porque a ningún elemento le dicen por qué reprueban.

En otros casos, dice, han sido obligados a firmar sus renuncia luego de tener lesiones graves en el trabajo: “Tenemos el caso de un compañero que durante un enfrentamiento recibió seis impactos en el tórax, logró sobrevivir y cuando se recuperó lo iban a meter a un agrupamiento especial que tiene la policía para lesionados, entonces un día le dicen que le van a dar su pensión, lo llevaron a firmar y resulta que firmó su renuncia voluntaria”.

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Acusados y despedidos

Josué Hernández Ramírez estuvo preso dos años, cinco meses y 15 días acusado por su mando de portar armas de uso exclusivo del Ejército. Fue absuelto y liberado el cuatro de noviembre del 2014 y desde entonces, lleva otra batalla: lograr que la Policía Federal lo reinstale en el cargo del que lo despidió por la acusación de su mando y recuperar los derechos laborales suspendidos.

“Tuve que sobrevivir en un penal liderado por los grupos a los que me tocó combatir como policía, aguantar que me torturaran, dar lana para que en los juzgados no traspapelaran mi expediente… Y ahora salgo del penal y estoy suspendido. No puedo agarrar trabajo en ninguna corporación policial, no puedo ser guarura porque tengo que estar pendiente de mi caso, ahora trabajo como chofer para mantener a mi familia”, dice.

Antes de ser detenido –mientras estaba destacamentado en Ciudad Juárez–, Josué Hernández estuvo cinco años en el servicio de la PF. Él cree que fue una acusación por venganza, y que su jefe estaba coludido con un grupo del crimen organizado.

Un día antes de la detención, recibieron la visita de un señor que fue a denunciar violencia en su colonia; les dijo que hicieran un operativo, pero les recomendó no ingresar de policías porque serían atacados.

“Decidimos que yo participaría en esta parte de civil, no está permitido, pero lo tuvimos que hacer porque no teníamos apoyo de la parte de Inteligencia de la Policía Federal. En fin que ese día logramos detener y decomisar armas largas, cargadores, cartuchos. Las tres armas que decomisamos eran de alto calibre”, explica.

“Cuando regresamos mi jefe me dijo ‘ya te metiste en pedos, desármate y dame tu equipo’. Mis compañeros me encañonaron por su orden, yo me negué, él me hizo tomar las armas largas y me sacó fotografías. Mi mando me dijo que le habíamos sido desleales, pero en ningún momento lo hicimos, le pusimos a disposición lo que trajimos del operativo… Mi mando me quiso obligar a firmar la renuncia y yo me negué, así que me presentaron a la autoridad judicial”.

Josué Hernández e Ismael Castro Yáñez –otro compañero policía que participó en el operativo- fueron detenidos, consignados y el 20 de mayo del 2014 el Juez Quinto de Distrito en Materia Penal de Nuevo León les dictó sentencia condenatoria.

Los policías apelaron la sentencia y el Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito, Claudio Pérez Hernández, revirtió la decisión del juez y dictó sentencia absolutoria para ambos, así como su reinstalación laboral.

“Cuando me detuvieron fue de manera irregular y fui torturado por los criminales en el penal, nunca vi los derechos humanos. La sentencia dice que se me reincorpore las funciones, que se me paguen sueldos caídos y las prestaciones a las que tengo derecho desde el 2012 que me detuvieron, pero pues la policía… el abogado de la policía me dijo: ‘pues ya está ganado, pero a mí me dan órdenes de darle largas’”.

El 26 de noviembre del 2014, a menos de un mes de haber sido absuelto, Josué escribió un oficio a Salvador Camacho Aguirre, titular de la División de Fuerzas Federales, donde argumentó la detención ilegal que sufrió, así como la sentencia absolutoria en la toca penal 367/2014, para exigir la reinstalación al servicio. Cuatro meses después, el cuatro de febrero del 2015, envió de nuevo un oficio para saber si existía alguna sanción administrativa en su contra y continuar con el proceso de reinstalación. La Policía Federal le respondió que no existía ninguna queja abierta en su contra. A la fecha no ha sido reinstalado.

Ahora, resume su historia:

“Causé alta en la Policía Federal el 16 de abril del 2007, acudí a varios servicios en los estados más conflictivos del País, Tamaulipas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Coahuila, Nuevo León y pues todos los pueblos alrededor en los estados, los pueblos más conflictivos. Tuve muchas participaciones a lo largo de mi carrera. Me tocó ver muchas cosas tanto buenas como malas. Me tocó ver compañeros que fallecían, algunos que no les ayudaba la corporación, compañeros que no les cubría el seguro porque no traían casco o chaleco, pero no traían porque a veces no alcanzaba para todos, no había suficientes. Entonces son compañeros que ya no regresaron a su casa, su familia está peor que antes, porque muchos eran el sustento… Yo salí con mucho rencor a la autoridad, al sistema, a la institución, con un coraje tremendo de saber que estás solo”.

Una batalla por los derechos

Desde hace años, los policías federales buscan revertir el artículo 123 constitucional que les impide ser reinstalados en el cargo, luego de un despido aunque se demuestre que fue injustificado. Esto, explica Rubén Aguirre, los deja en una situación de vulnerabilidad laboral.

“Terminamos trabajando en lo que salga, en lo que caiga, porque no podemos ingresar a ninguna corporación policial del país. Unos se van de guaruras, cuando bien les va, pero generalmente quedamos expuestos a trabajos precarios, a la depresión, a ya no encontrar un lugar en la sociedad”, dice el ex policía.

El artículo 123 Apartado B Fracción XIII de la Constitución impide la reinstalación de los policías de todos los niveles de gobierno que hayan sido dados de baja.

“Los miembros de instituciones policiales de los municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la federación, podrán ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá la indemnización”.

El Movimiento Nacional para la Dignificación de la Policía Federal surgió en marzo de 2013 y en mayo de 2014 se volvió asociación civil con el objetivo de ayudar a los policías separados de sus cargos a validar sus derechos laborales. Ese año el Movimiento entregó un oficio a la ONU para exigir una revisión a los despidos que se estaban dando en la corporación.

El académico Martín Eduardo Pérez Cázares, de la Universidad de Guadalajara, publicó el artículo “La protección sociojurídica laboral de los policías en México” donde cuestiona la falta de respaldo laboral para los policías, un trato que es diferenciado al del resto de los trabajadores del Estado quienes sí tienen derecho a ser reinstalados en un despido injustificado, y advierte del riesgo de que se puedan incorporar en organizaciones delictivas.

“Un policía ante la falta de seguridad y estabilidad en su empleo va a contratarse con las organizaciones delictivas, o a delinquir por sí solo, si no tiene ningún derecho en la seguridad de su empleo, a quien tampoco se le puede aplicar para su beneficio, la teoría de los derechos” adquiridos.

Rubén Aguirre, acepta que muchos de los despedidos son reclutados por la delincuencia organizada. Sin embargo, también insiste en que muchos otros están en la pelea jurídica para poder regresar a su trabajo y recuperar su espacio en la sociedad y su dignidad.