Contra Línea
El Instituto Nacional del Emprendedor dejó una herencia de más de 54 mil proyectos que comprometen arriba de 12 mil millones de pesos. Esto “habla de unas ineficiencias enormes adentro del instituto en su momento”, señala la doctora Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo de la Secretaría de Economía. En entrevista, la encargada de la extinción del Inadem expone que hasta la fecha se desconoce “cuál fue el impacto de todos esos recursos, porque no hubo procesos de evaluación de los programas”
El gobierno de Enrique Peña Nieto heredó 54 mil 84 proyectos de microempresas en el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem, extinto por decreto en esta administración), que comprometen 12 mil 642 millones de pesos del erario, y que presentan rezago en la verificación de su cumplimiento hasta por la mitad de sus folios. Se trata de proyectos aprobados de 2013 a 2016. El resto fue asignado previo a la conclusión del gobierno priísta, expone la doctora Ana Bárbara Mungaray, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo en la Secretaría de Economía.
En mayo pasado Contralínea documentó que el Inadem operó más de 291 millones de pesos irregularmente. Los recursos públicos habían sido entregados a la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (Concanaco Servytur), entonces presidida por Enrique Solana Sentíes.
En entrevista, la doctora Bárbara Mungaray confirma que del análisis de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) correspondiente a los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016, se derivaron posibles daños a la Hacienda Pública federal por 291 millones 393 mil 774.31 de pesos; es decir, el 98 por ciento de los entregados al organismo empresarial Concanaco Servytur.
El objetivo por el que supuestamente fue creado el Inadem era el de incentivar el crecimiento económico nacional, regional y sectorial, “mediante el fomento a la productividad e innovación en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes)”, según dictaban sus lineamientos.
Sin embargo, tan sólo en la Auditoría de Cumplimiento Forense 2016-5-10E00-23-0001-DN-201 de la ASF se emitieron ocho pliegos de observaciones por el ejerció recursos públicos federales en montos, conceptos y porcentajes “no aprobados en la solicitud de apoyo de los proyectos”; así como en las Reglas de Operación del Fondo Nacional Emprendedor.
La extinción
El Inadem desapareció por decreto el 13 de agosto de 2019. La titular de la Unidad de Desarrollo Productivo, encargada del proceso de extinción, asegura que los más de 12 mil millones de pesos comprometidos por la operación del organismo para “fomentar el emprendedurismo” son recursos que “simplemente no estaban evaluados, y parte del trabajo que hemos realizado estos tres años tiene que ver con poder poner en orden, limpiar la casa, de todos esos recursos que se quedaron ahí”.
Los apoyos, dice, fueron entregados a empresas, intermediarios, organismos empresariales que, ahora, “tienen que comprobar que hicieron buen uso de los recursos y en dado caso que no, cancelamos todos esos proyectos”.
En el caso específico de la Concanaco Servytur, la ASF evaluó los proyectos de los ejercicios fiscales 2014, 2015 y 2016. “Es muy importante acotar porque en el Inadem había infinidad de convocatorias cada año, diferentes con reglas de operación y lineamientos distintas, cada una de ellas”.
Los dictámenes de la auditoría forense indican que se erogaron en total 294 millones 577 mil 500 miles de pesos en apoyos correspondientes a “Convenios de Colaboración” para el otorgamiento de Apoyos del Fondo Nacional Emprendedor, suscritos por el entonces Inadem con la Concanaco Servytur, quien se desempeñaba como organismo intermedio y/o beneficiario”.
Del proyecto que correspondía al organismo empresarial se desprenden 154 folios, de los cuales 141 de ellos implicaban contratar algún tipo de proveedor, y “cuando nosotros nos empiezan a solicitar esta información 120 de esos 141 proyectos ya estaban determinados”; es decir, cerrados y 11 desistidos, lo que significaba que “regresaban el dinero porque, a lo mejor, al acuerdo con el que se había llegado dijeron mejor no le entro”, indica la funcionaria de Economía.
Lo que hace la ASF, relata, es pedir la información “respecto de proyectos que ya estaban cerrados por la administración anterior y cuando los abren descubren que se habían cerrado sin cumplir con los requisitos, los compromisos y las metas que cada uno de esos proyectos determinaba”.
De los 154 proyectos, precisa la encargada de extinguir al Inadem, 34 “quedaron vivos para que nosotros los evaluáramos”, mismos que ya también fueron cancelados “porque después de un proceso de seguimiento muy específico se determinó que no cumplen con lo establecido en los convenios”.
El máximo órgano de fiscalización del país encontró que el monto más elevado que podría significar un daño al erario asciende a 109 millones 665 mil 951 pesos, “por no presentar la documentación justificativa y comprobatoria del ejercicio de los recursos en los conceptos, montos y porcentajes autorizados, como la relación del gasto y los comprobantes fiscales del ejercicio del recurso realizado por los proveedores contratados”, de 47 proyectos aprobados en 2014 (https://bit.ly/3zRL9QX).
Además, en este ejercicio se detectaron pagos por 2 millones 979 mil 28.48 pesos a Business Coaching Firm, SC, y Rauda Global Consulting Services, SC, por 7 millones 179 mil 150 pesos. Ambas empresas consultoras tuvieron como soporte CFDI cancelados; “por lo que no acreditó el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la Concanaco Servytur”.
Le siguen observaciones por 69 millones 999 mil 40 pesos entregados al organismo empresarial que comprende el proyecto “estratégico” con folio FNE-141126-C-ES-00110528. Este se justificaba como “Programa de apoyo para las microempresas mexicanas para lograr una mayor productividad y competitividad comercial al adoptar nuevas tecnologías de información y comunicación, fomentando el nuevo programa tributario (RIF) Régimen de Incorporación Fiscal para todo el territorio nacional”, indica la auditoría 2016-5-10E00-23-0001-DN-201.
Los recursos
La ASF inició con la fiscalización de los recursos entregados al Inadem tras recibir una denuncia ciudadana en contra de la Concanaco Servytur, en la que se acusaba que el organismo “sólo aplicaba un 40 por ciento del total de los 159 millones de pesos a programas reales recibidos del 2014 al 2016” y que “paga a empresas ‘fachada’ el 60.0 por ciento restante para después distribuir estos recursos a la administración de la dirigencia de la Confederación”.
Al respecto, Bárbara Mungaray indica: “ya está fuera de nuestra área; entiendo que todo está en el informe: las empresas, los proveedores con los que se trabajaba, hay procedimientos claros que la ley establece que tiene que suceder para esclarecer las responsabilidades tanto de las empresas que no cumplieron como de los organismos intermedios, como de los funcionarios públicos que en su momento también dieron seguimiento a los diferentes asuntos, pero esa parte ya no está en nuestras manos”.
Sin embargo, expone que en la revisión de los proyectos “hemos encontrado de todo. Así como hemos encontrado proyectos que cumplen, hemos encontrado facturas canceladas o empresas que no existían; que ya no existen, pero que sí existían y no terminaron de subir al sistema emprendedor los diferentes documentos que acreditaban como que los proyectos estaban cumplidos”.
La ASF también expone que la Confederación contrató los servicios de EMCO Soluciones de Software, SA de CV, por 2 millones 641 mil 100; sin embargo, al momento en que se llevaron a cabo las auditorías la empresa “no fue localizada en su domicilio fiscal registrado en el SAT [Servicio de Administración Tributaria].
Para la titular de la Unidad de Desarrollo Productivo en Secretaría de Economía, el hecho de haber dejado tanto proyecto en seguimiento “habla de unas ineficiencias enormes adentro del instituto en su momento”. Se suponía, dice, que cada año se van cerrando las convocatorias, y un proyecto de 2013, prácticamente se tenía que haber cerrado o cancelado en 2015. No obstante, “nosotros llegamos en 2018, casi 2019, y seguíamos con proyectos de 2013”.
Entre las observaciones que hace la doctora en ciencias económicas es que “cuando te metes a cada uno de los folios, encuentras que muchas veces las empresas no comprobaron el uso de los recursos federales de manera correcta o no cumplieron con las metas que cada proyecto establecía, pero también hemos encontrado proyectos que sí han cumplido y que sí son a lo mejor experiencias exitosas del Inadem”.
Al día de hoy, indica, “no sabemos cuál fue el impacto de todos esos recursos que se dieron, porque no hubo procesos de evaluación de los programas, lo que también sabemos es que menos del uno por ciento de los recursos que se distribuyeron por el Inadem, iban directamente a las empresas de menor tamaño, es decir a las microempresas. La mayor parte de los recursos se les dio a los organismos intermedios o a los gobiernos estatales y municipales para que ellos lo distribuyeran, pero realmente poco se impactó a las empresas de menor tamaño”.
“Hubo muchos recursos, pocos resultados, poca claridad en cuanto al impacto de esos programas y lo que nos toca ahora es dejar esos procesos terminados, con las implicaciones que cada uno de los posibles resultados tengan”, dice.
Fuente: Informe para la Honorable Cámara De Diputados, ASF, al 31 de marzo de 2022
R: Recomendaciones
RD: Recomendaciones al Desempeño
PO: Pliegos de Observaciones
FRR: Fincamientos de Responsabilidades Resarcitorias
