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Gobierno y Grupo México violaron derechos humanos de habitantes del Río Sonora: CNDH

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CIUDAD DE MÉXICO. – La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 50/2024, donde afirma que tanto Grupo México, como los gobiernos Federal y de Sonora, violaron los Derechos Humanos de las víctimas del derrame tóxico ocasionado por la minera Buenavista del Cobre en el Río Sonora, el peor desastre ambiental en la historia de la minería en México.

En la recomendación, emitida en marzo de este año, la CNDH acusó a Grupo México junto a las secretarías federales de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía y Salud. Además del gobierno de Sonora, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Estas dependencias, acusa la Comisión, violaron los derechos humanos de los habitantes de la Cuenca del Río Sonora, específicamente el de acceso a un medio ambiente sano, al acceso al agua potable, y a la salud de las personas.

Grupo México, Conagua y el IMSS-Bienestar no aceptan culpas
De acuerdo con un comunicado difundido por los Comités de Cuenca Río Sonora, tras la recomendación, «la mayoría de las autoridades señaladas han aceptado su responsabilidad». Todas, menos la Comisión Nacional del Agua, quien insiste que ellos no tienen responsabilidad en el caso, lo cual «va en la misma línea de su actuar durante años, en los que ha negado el acceso expedito y transparente a documentos oficiales y ha protegido los intereses de la empresa responsable».

Además de la Conagua, denunciaron los afectados, el IMSS-Bienestar tampoco aceptó su responsabilidad, pues argumentan que al momento del derrame (2014) la dependencia aún no existía, «omitiendo que, como autoridad sustituta, tiene el deber actual de proteger a la población y que recientemente ha asumido compromisos en mesas de diálogo con las comunidades».

Aunado a esto, y aunque en marzo de 2023 una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa revocó una resolución que amparaba a Grupo México para no cumplir con las obligaciones ambientales derivadas del derrame, la empresa de Germán Larrea se niega a reconocer su culpa, y con esto, reparar el daño.

Todo esto, pese a que el 17 de agosto de ese mismo año la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales hizo una denuncia penal en contra de Grupo México para que acate sus obligaciones.

Ante esto, los habitantes de la Cuenca del Río Sonora denunciaron que esto es gracias a que las autoridades no se han coordinado para presionar a Grupo México.

«No sólo la minera ha violado los derechos humanos de las víctimas del derrame; también las instituciones, y de forma persistente a lo largo de casi una década. Éstas no se han coordinado entre ellas para trabajar, cuando es su responsabilidad hacerlo; han omitido cumplir con su responsabilidad; y no han implementado medidas preventivas, administrativas, ni de reparación adecuadas para nadie en la región».

Mientras CNDH emite recomendación, en el Poder Judicial ña Suprema Corte descartó hacer audiencias públicas para discutir el fondo de la Ley de Minería, impugnada por la oposición.

Ministros cierran discusión de Ley de Minería
Aunque organizaciones que impulsan la reforma y aprobación de la Ley de Minería pidieron a la Corte que realizara audiencias públicas para sensibilizar a los ministros sobre los efectos de la minería en México, la mayoría del pleno de la Suprema Corte rechazó esta solicitud.

El anuncio lo dio a conocer mediante un comunicado la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien afirmó que el 13 de mayo, en una sesión privada, la Corte cerró sus puertas al diálogo.

El acuerdo, signado con el expediente 2/2008, facultaba a pueblos indígenas, ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil para entablar audiencias públicas con los ministros, y con esto, presentar argumentos para influir en la decisión de aprobar, o rechazar la nueva Ley de Minería.

Esto, de acuerdo a la ministra Batres, es esencial ante una actividad como la minería que incide directamente en las vidas de comunidades enteras, además de ser un tema prioritario para la nación.

Sobre este tema, la ministra precisó que fueron siete de los nueve ministros del pleno quienes se opusieron a esta medida.

Y concluyó:

“Es una lástima que se considere que es un derecho de las ministras y ministros decidir si escuchan o no a las personas y comunidades interesadas, y no que las personas y comunidades tienen derecho a ser escuchadas por los ministros”.

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