La Jornada
El gobierno federal ha presentado 70 denuncias en contra de 87 personas físicas, derivado del caso Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); entre los acusados hay funcionarios públicos, empresarios, socios y abogados de empresas involucradas, explicó el procurador fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla.
Durante comparecencia en comisiones de diputados, el titular de la Procuraduría Fiscal de Federación explicó que 56 de la denuncias fueron presentadas por Segalmex, Diconsa y Liconsa, nueve por la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda; una más por la Secretaría de la Función Pública y cuatro por la Procuraduría Fiscal de la Federación.
Esta última lleva la querella por captación ilegal de recursos, 800 millones de pesos colocados por Liconsa a través de CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V en certificados bursátiles fiduciarios privados, lo cuál está prohibido a entes gubernamentales.
En sus estados dictaminados al cierre de 2022, Segalmex mantiene que “al 31 de diciembre de 2021, se recuperaron 72 millones 134 mil 134 pesos de recursos propios que se tenían invertidos en valores privados en CI Casa de Bolsa, S.A. de C.V.”, pero no el dinero derivado de la pena convencional atada al contrato.
Medina Padilla destacó que en colaboración con la Fiscalía General de la República se ha denunciado a 41 exservidores públicos y 46 empresarios, abogados y socios de empresas que ayudaron a vulnerar el recurso público.
