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“Esta reforma abre las puertas para alcanzar la dignidad y la justicia que durante siglos hemos demandado”

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Pie de Página

CIUDAD DE MÉXICO.– El encuentro de consejeros y autoridades indígenas y afrodescendientes se convirtió en una fiesta. El júbilo era provocado por el paquete de reformas constitucionales que presentó el lunes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El mandatario incluyó, como primera en la lista, la reforma que define a los pueblos como sujetos de derecho, una de las viejas demandas de las comunidades indígenas.

“Una propuesta que se fue construyendo en el camino de la lucha de los pueblos indígenas”, afirma Marcelino Díaz de Jesús, fundador del Consejo de pueblos nahuas del Alto Balsas, en Guerrero.

Las autoridades comunitarias llegaron desde distintas regiones del país. No ocultan su alegría a pesar de que están frente a Hemiciclo a Juárez, el primer presidente indígena, que, paradójicamente, fue el principal promotor de la ley de desamortización que rompió el monopolio de la Iglesia mexicana, pero también atacó la propiedad comunal de los indígenas.

El acto reivindicativo, convocado desde el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas -que ha liderado la creación de planes de justicia para una decena de pueblos-, inició a las 11 de la mañana. Durante una hora, las palabras de los sonaron como el canto de las aves que buscan su nido entre las ramas de los árboles. ¿Como no van a buscar sus nido si durante 531 años se les ha negado el reconocimiento?

“Esta reforma abre las puertas para alcanzar la dignidad y la justicia, que durante siglos los pueblos indígenas y afromexicanos hemos demandado”, dice el pronunciamiento conjunto que leyeron.

“A partir de este reconocimiento, nuestra voz y nuestras decisiones saldrán de la oscuridad y del sótano de la discriminación y del racismo de quienes enaltecían nuestro pasado y nuestra cultura, pero negaban fuerza y vida a nuestra presencia y restaban valor a nuestras capacidades y decisiones. Dejaremos de ser sujetos de interés público, al que se debe tutelar y cuidar, para ser sujetos titulares de un conjunto de derechos y obligaciones a fin de ejercer plenamente nuestra libre determinación y autonomía”.

El acta de nacimiento
Entre el mosaico de consejeros indígenas representados en la tarima están pueblos declarados extintos por el Estado mexicano, como los cochimíes de Baja California, y los pueblos afrodescendientes, que durante muchos años fueron negados en la historia de México a pesar de ser pilares en la construcción del Estado-nación.

“Aquí estamos y muy contentos porque por fin vamos a tener acta de nacimiento como pueblos afros”, dice al micrófono Elena Ruiz Salinas, presidenta del Consejo Directivo de Enlace y Organizaciones Costeñas del estado de Oaxaca.

La secunda Luz María Villa, cochimí de Baja California, quien agradece la posibilidad de ver reconocidos sus derechos. «Creí que no lo vería nunca, por mi edad. Vengo de un pueblo que estuvo extinto 150 años por el Estado mexicano».

Indigenizar México
¿Cuál es la diferencia entre los planes de justicia y de desarrollo que ha promovido la actual administración con los pueblos indígenas y la propuesta de reforma constitucional?

Iván Ramos Méndez, director de Participación y Consulta del INPI, explica a Pie de Página que los primeros son una iniciativa del poder ejecutivo. “Aún sin tener un marco legal el gobierno federal asume una tutela, una protección para beneficiar directamente a pueblos y comunidades indígenas”. Sin embargo, los planes son una política pública. Llevarla a rango constitucional, en cambio, significa “obligar a todas las dependencias del gobierno, sin importar el nivel, a que aterricen estos planes en sus ámbitos de competencia”.

Las reformas constitucionales son el paraguas que bañan todas las leyes del país. Es como las raíces de un árbol: si se logra colocar los temas fundamentales de propiedad, posesión, disfrute, aprovechamiento, significará que con independencia de que haya cualquier otra ley en contrario, ya el mandato constitucional será lo suficientemente poderosos para vincular a todas las autoridades”.

La población indígena representa casi el 20 por ciento de la población del país “y no es un país uniforme”. Por eso es importante que esta reforma tenga como base el reconocimiento de un estado pluricultural y plurilingüe. El punto fundamental, dice el abogado, es que las acciones no las defina el Estado de manera unilateral sino que sean las comunidades las que definan sus prioridades.

En esta propuesta el reconocimiento que se hace es que México es un país plural, un país con muchas culturas y que la grandeza la tiene sustentada en sus pueblos. porque pensar que México se puede homogeneizar ha sido un error. Durante muchas etapas de la historia contemporánea de México se establecía que se iba a mexicanizar a los indígenas cuando hay que hacer lo contrario: tenemos que indigenizar todo el sistema jurídico y económico de nuestro país”.

Primer paso: que los pueblos conozcan sus derechos
La maestra Olga Santillán Rodríguez, tepehuana del sur de Durango, recuerda a muchas personas que lucharon por los derechos de los pueblos que ya no llegaron a este momento.

“Me siento muy orgullosa de estar con todos ellos; es algo histórico, que por primera vez un gobierno esté atendiendo estas demandas», dice.

Sin embargo, reconoce que para que esta reforma tenga sentido es fundamental que se socialice entre las comunidades para que las personas de los pueblos conozcan sus derechos.

“En muchas comunidades no saben sus derechos. Y como desconocen sus derechos pues no los exigen. Las personas de los pueblos podemos ocupar cargos en cualquier institución, por ejemplo, pero no se nos ha permitido porque tienen la idea errónea de que no tenemos la capacidad. Siempre ha estado ahí la discriminación, Es lo que vamos a enfrentarnos, pero si no exigimos nunca se nos va a tomar en cuenta”, dice.

Piensa que los maestros pueden ser un vehículo para llevar el aprendizaje de los derechos con las familias. y quizá, también, los medios de comunicación de las propias comunidades.

Lo que le tocó al presidente hacer ya lo hizo, ahora esperamos que los diputados y senadores aprueben la ley porque no estamos planteando algo que no se pueda, solo el reconocimiento de unos derechos que tenemos todas las personas y que no se nos han reconocido. Ser sujetos de derecho. Es algo que nadie pudiera estar en contra”.

Hay muchos intereses
Crisóforo Valenzuela, secretario de la comunidad de Rahum, del pueblo Yaqui, está animado. Cuenta que el próximo 25 de febrero, el presidente López Obrador irá a Sonora a inaugurar el Acueducto Yaqui, con el que se espera dotar de agua potable a los ocho pueblos y 50 localidades que hay en la tribu Yaqui y, según sus estimaciones, eso va a beneficiar a los 40 mil habitantes de su pueblo.

Los yaquis han sido la punta de lanza del proyecto de López Obrador para los pueblos indígenas, que se ha concretado en planes de justicia y desarrollo para distintas comunidades. En septiembre de 2021 se concretó la firma del Plan de justicia del pueblo Yaqui, que incluye, entre otras cosas, la restitución de tierras y la construcción del acueducto.

En esa misma ocasión, los pueblos entregaron al presidente la propuesta de reforma constitucional para dotar a los pueblos indígenas de autonomía y control jurídico y político de sus territorios. Y seis meses después, se aprobó la propuesta para la construcción del acueducto.A la distancia, el yaqui reconoce que no ha sido un camino fácil. “Hay muchos intereses, pero ahí despacito vamos haciendo lo conducente para salir bien de esta tarea porque al final de cuentas no es algo negativo”

Afortunadamente, dice, la tribu yaqui ya tiene un reconocimiento, con su autonomía, su propio sistema de gobiernos.

“Ya tenemos nuestro propio territorio, pero esto (la aprobación de la reforma) reforzaría un poquito más a la tribu yaqui. De momento, lo que nos interesa es que a nuestros hermanos de los diferentes pueblos se vayan mejorando y emancipando de de los gobiernos locales, sino que tengan sus sistemas normativos de gobierno, como ya lo tenemos los yaquis“.

Una lucha vieja
La banda sinfónica de Oaxaca tocas sus mejores piezas y un grupo de mujeres y hombres se ponen a zapatear; los invitados comienzan a retirarse rumbo al hotel, donde tendrán un taller sobre los puntos principales de la reforma. Mientras algunos trabajadores recogen tarimas y micrófonos, Marcelino Díaz repasa la historia del movimiento indígena en Guerrero, que es larga y comenzó años antes del alzamiento zapatista en Chiapas.

Entre las andanzas del fundador del Consejo de pueblos nahuas del Alto Balsas salen a colación las primeras marchas de Chilpancingo a la Ciudad de México, en 1990 y su lucha contra la presa hidroeléctrica San Juan Tetelcingo, que fue detenida por la movilización indígena en 1992.

Luego de eso, fue la caravana de “No estar solos”, que los pueblos indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, encabezaron, en febrero de 1996, en apoyo a los zapatistas.

“En 1990, no había un apartado en la Constitución que reconociera a los pueblos y comunidades indígenas, todo se fue construyendo sobre las marchas y caravanas que las organizaciones empujaron desde sus comunidades”, sostiene el líder nahua.

No más tutelaje para los pueblos
La reforma constitucional en materia indígena se está planteando puede ser un parteguas para los pueblos, dice al equipo de Pie de Página el abogado Adelfo Regino Montes, titular del INPI.

En entrevista posterior al evento, el líder ayuuk (mixe) recuerda el debate en las Cortes de Valladoridad entre Bartolomé de las casas y Ginés de Sepúlveda en torno a si los indígenas tenían alma o no y, por lo tanto, si podían ser tutelados por la corona y por la iglesia católica.

“Ese era el debate en aquellos tiempos y parece increíble que ahora todavía se debata si los pueblos indígenas pueden ser sujetos titulares de un conjunto de derechos o, como plantean algunos, deben ser sujetos del tutelaje del Estado, de la sociedad y de los poderes fácticos. Ese es el dilema ante el cual nos encontramos”, lamenta.

Ahora, el hecho de que esta propuesta haga una declaratoria explícita de las comunidades y pueblos indígenas y afroamexicanas como sujetos de derecho público abre un parteaguas:

“Significa decir que ya basta de tutelaje, de intermediación, de que terceras personas sean las que hablen a nombre de nuestros pueblos y comunidades. Y puede marcar un hito muy importante en el inicio de una nueva era en el que los pueblos tienen que asumir, como lo hicieron durante siglos, la conducción de su propio destino, de su propia vida. Eso es, en esencia, el sentido de la libre determinación y autonomía. No mas políticas paternalistas, no más asistencialismo, no más integracionismo«.

Tenemos que respetar a los pueblos y a nuestras comunidades en toda la extensión de la palabra y eso lo tiene que asumir, en primer lugar, el propio gobierno de la República, y ese es el paso que está dando el presidente a la presentar esta iniciativa y yo espero que haya la altura de miras y la responsabilidad política en el Congreso, y también pediría el apoyo y acompañamiento de la sociedad mexicana, porque todo ha sido adverso y tenemos que tener una mirada y sentido de humanidad hacia este planteamiento que están haciendo nuestros pueblos

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