A finales de 2017, salieron a la luz varios videos en los que altos ejecutivos de la constructora brasileña Odebrecht narraron a detalle los encuentros que mantuvieron con el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, y describieron el mecanismo a través del cual le transfirieron 10 millones de dólares en «propinas» para asegurar contratos como la remodelación de la refinería Miguel Hidalgo, en Tula.
No obstante, de acuerdo con la columna del periodista Salvador García Soto titulada «Negocian ‘pena mínima’ en caso Odebrecht», la Procuraduría General de la República (PGR) ya estaría en pláticas con Lozoya Austin y otros implicados para que devuelvan el dinero de los sobornos a cambio de que se les aplique una «pena mínima».
Los actos de cohecho se habrían realizado entre abril y junio de 2012, cuando Emilio Lozoya coordinaba la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con el texto, en dos semanas se procedería penalmente contra el extitular de Pemex y demás cómplices; asimismo, se sabría si la negociación rindió frutos o no.
El caso Odebrecht se destapó luego que el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó una investigación sobre la empresa, en la cual detallaba la entrega de sobornos a funcionarios de 12 países de América y África a cambio de contratos preferenciales.
Angola, Mozambique, Colombia, México, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Perú, Argentina, Venezuela, Ecuador y Estados Unidos, fueron los países en los que la brasileña desplegó su red de soborno.
En nuestro país, la investigación en contra de Emilio Lozoya, llevó a la destitución de Santiago Nieto, quien era titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales (Fepade), luego de que este reveló que el exdirector de Pemex lo había presionado para que declarara públicamente su inocencia por presuntos desvíos de Odebrecht al PRI.
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