Pie de Página
CIUDAD DE MÉXICO.– Una llamada le cambió la vida a Cristina Hernández Vega la fría madrugada del 25 de enero de 2019.
—Los municipales se llevaron a Jesús en la patrulla —le anunciaron.
Su único hijo, Jesús Alberto Rodríguez, de 24 años, y un adolescente de 17 fueron desaparecidos por tres agentes de Empalme, Sonora. Así se registró en la denuncia por privación ilegal de la libertad y abuso de autoridad que Cristina levantó en el Ministerio Público de la fiscalía estatal.
Cuando se percató de la resistencia de la autoridad a arrestar a los sospechosos, abandonó su negocio de venta de mariscos y se enfocó en buscar a Jesús. Ella y su hermana gemela, Marta, encontraron respaldo en el colectivo Guerreras Buscadoras de Sonora. Se sumaron al grupo y en pocos meses ayudaron a localizar más de 40 cuerpos en Ciudad Obregón y Navojoa.
Un hijo de Marta, Héctor Gómez, de 21 años, decidió emprender su propia investigación para dar con el paradero de su primo. Por indagar, fue amenazado. “Ya no busques a Jesús”, le advirtió un sujeto. Al poco tiempo, cuando regresaba en motocicleta tras inspeccionar supuestas casas de seguridad en Guaymas, fue arrollado por una camioneta. Los agresores descendieron del vehículo y lo golpearon.
Héctor sobrevivió al ataque, pero el 25 de junio hombres armados fueron por él a su casa. Se lo llevaron frente a su familia y no volvieron a verlo. Marta asegura que policías municipales en una patrulla participaron en la desaparición.
Días después, un motociclista apodado El Rojo frenó el paso de la tracker rojiza que conducía Cristina.
—Váyanse de aquí, tú y tu hermana. Me dieron orden de matarlas y no se me hace justo —le confesó.
Las hermanas decidieron huir. Marta se fue a otro municipio de Sonora; Cristina, primero a Sinaloa, y después al centro del país. El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob) le otorgó un refugio. En septiembre, Magda, su única hija, hostigada por sujetos, también escapó de Empalme con sus tres hijos y dos sobrinos. Se reencontraron con Cristina.
“Acuso a policías municipales de nuestro desplazamiento”, clama la buscadora. Más de tres años después sigue en un refugio porque las amenazas no se acaban. Muestra en su teléfono la que llegó al Messenger de Facebook este año. El agresor, anónimo, promete asesinarla a ella y a Magda. Lee un fragmento: “Guarda esa pala, pero para que busques a tu familia entera”.
Como Cristina, decenas de rastreadoras sufren atentados. Los datos oficiales muestran que están en riesgo cotidiano: de 2012 a agosto de 2022, al menos 226 personas (171 mujeres y 55 hombres) sufrieron, mínimo, una agresión en represalia por las acciones de búsqueda, de acuerdo con el registro del Mecanismo de Protección, el cual muestra que esta situación ocurre en todas las regiones de México y que los expedientes se duplicaron entre 2020 y 2021.
Las agresiones son amenazas, lesiones y persecución. Las respuestas a diversas solicitudes de información a la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, a la que está adscrito el Mecanismo de Protección, corroboran que, por buscar, las personas rastreadoras son violentadas y desplazadas.
Esta área de la Segob es la única referencia federal sobre los peligros que enfrentan las buscadoras. Los datos que ofrece, sin embargo, no coinciden con los de organizaciones nacionales e internacionales, que registran una mayor cantidad de episodios.
Las estadísticas del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de Naciones Unidas evidencian que hay muchos casos de agresiones en contra de las rastreadoras en México. Son 484 acciones urgentes de 2012 al 8 de abril de 2022. En la gran mayoría, explica Juan Pablo Albán Alencastro, relator del comité, hay señalamientos específicos de actos de violencia y hostigamiento. El país solo es superado por Irak, con 552.
Las acciones urgentes son mecanismos que utiliza el CED para promover la búsqueda de personas desaparecidas, pero también para impulsar a los Estados a que adopten medidas concretas de protección para buscadoras víctimas de alguna represalia. Pueden ser solicitadas por el representante legal de ellas si se encuentran en peligro. Tras la petición, el comité se comunica con los gobiernos para recomendar acciones específicas.
En noviembre de 2021, Albán Alencastro y otros integrantes del CED visitaron México. En su informe, fechado en abril de 2022, apuntan que las mujeres afrontan las búsquedas con sus propios medios y que las personas que denuncian una desaparición o participan en acciones de rastreo e investigación son víctimas de decenas de indicidentes cotidianos de inseguridad, como actos de persecución, desapariciones y tortura.
El CED también mencionó el desplazamiento por ataques y amenazas que padecen las rastreadoras, que se registra cuando son obligadas a dejar el lugar donde residen, como consecuencia de acciones violentas que pueden provenir en ciertas ocasiones del Estado y, en otras, de actores particulares, de acuerdo con Albán Alencastro. Para él, desplazarse deteriora las condiciones de vida y genera división familiar.
Un informe de 2021 del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas sobre cuestionarios a 30 colectivos del país, indicó:
48 % ha sido víctima de agresiones y/o amenazas.
58 % se siente inseguro o muy inseguro en las búsquedas de fosas.
64 % manifestó que no recibe medidas de seguridad, aunque denunció.
Con motivo de la visita del CED, la Red de Enlaces Nacionales (REN), conformada por más de 160 colectivos en 27 entidades del país, preparó un informe que recogió las experiencias de las familias y grupos en las búsquedas.
El documento arroja que 1,992 familias y/o integrantes de colectivos se encuentran en riesgo por buscar. La REN dividió las entidades en cuatro regiones y, en todos los casos, las buscadoras identifican las amenazas como uno de sus principales peligros.
