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Defensores de derechos humanos exigen seguridad para habitantes de Chenalhó

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Félix Camas

San Cristóbal de Las Casas.– Tras los recientes eventos violentos ocurridos en el municipio de Chenalhó, defensores de los derechos humanos pertenecientes a cuerpos diplomáticos de paz han elevado su voz para exigir a los tres niveles de gobierno garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Estas demandas surgieron luego de los sucesos registrados la tarde del pasado lunes.

Mediante un comunicado dirigido a las autoridades, los defensores han urgido a que se haga justicia por los fallecidos y se aplique todo el peso de la ley en la investigación del asesinato de Andrés Santiz Pérez. Asimismo, han demandado una investigación exhaustiva para dar con el paradero del responsable de este crimen.

En el escrito, también se solicita llevar a cabo un desarme total en Chenalhó, con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de sus habitantes. Se hace hincapié en evitar situaciones como la ocurrida recientemente, donde un conductor de mototaxi resultó herido y una camioneta fue dañada por balas perdidas durante un enfrentamiento.

Los defensores destacan que Chenalhó se ha convertido en víctima de los conflictos provenientes de otros municipios, sufriendo ataques armados de grupos delictivos. Por esta razón, exigen a los tres órdenes de gobierno tomar medidas urgentes para desarmar la región y garantizar la seguridad de los pueblos originarios que allí residen.

Recordaron los compromisos incumplidos por parte de las autoridades en instalar retenes para evitar la circulación de grupos armados en Chenalhó, los defensores enfatizan la necesidad de hacer valer los derechos universales, especialmente el derecho a la vida. Reiteran su llamado a vivir en paz y armonía, sin temor a la violencia al transitar por las carreteras y al regresar a sus hogares.

Finalmente, los defensores de derechos humanos resaltan que, a pesar de los riesgos y las amenazas, seguirán trabajando incansablemente por el bienestar de los pueblos originarios, rechazando cualquier intento de criminalizar su labor en favor de la paz y la justicia en la región.

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