Milenio
De manera inédita, jueces y fiscales han intercambiado en la arena pública señalamientos que van desde acusaciones de actos de corrupción hasta ventilar las deficiencias en sus labores, particularmente cuando la Fiscalía General de la República (FGR) pierde en tribunales casos emblemáticos.
La más reciente confrontación se dio por el caso del Viaducto Bicentenario, en el que el 13 de marzo, un juez federal rechazó vincular a proceso a siete personas señaladas por la FRG de haber generado un daño a la Federación de más de 8 mil 400 millones de pesos.
Al día siguiente, la FGR inició procesos legales contra el juez Daniel Ramírez Peña, y consideró que la resolución fue ilegal. En apoyo al juez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) exhibió las deficiencias durante el juicio.
Narró, por ejemplo, que el Ministerio Público “leyó” para formular su acusación, cuando el actual sistema de justicia no lo permite, además de que su imputación fue deficiente al acusar a la persona del delito de explotar un bien nacional.
A partir de 2021, los jueces y magistrados mostraron una alianza nunca antes vista a través de la Jufed. Anteriormente, a finales del sexenio de Felipe Calderón la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y el entonces presidente se lanzaron contra el Poder Judicial de la Federación (PJF). En aquella ocasión, por el llamado “michoacanazo”, que derivó en la liberación de más de 50 servidores públicos estatales de primer nivel, a quienes la PGR ligó con el narcotráfico.
Actualmente, la Jufed interviene en los asuntos en los que considera que existe algún riesgo para los juzgadores, como pueden ser iniciativas de reforma o las acciones que emprende el Ministerio Público Federal.
En los últimos dos años, la FGR ha abierto carpetas de investigación, emitido calificativos y amagado con emprender otro tipo de acciones en contra de jueces.
Algunos de los casos tienen que ver con la cancelación de la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Asimismo, destaca el asunto de la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, y el de Ramón Sosamontes Herreramoro, ex colaborador de la ex servidora pública.
Entre los jueces que están bajo la mira de la FGR y que son defendidos por la Jufed se encuentra Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien echó abajo el caso donde la FGR trató de vincular a Julio Scherer con una organización delictiva, que presuntamente intentó extorsionar al abogado Juan Collado para que vendiera su empresa Caja Libertad a Banco Afirme.
Así como Gustavo Aquiles Villaseñor, quien rechazó vincular a proceso a Ramón Sosamontes, y Roberto Paredes Gorosrieta, quien absolvió a Rosario Robles del presunto delito de uso indebido del servicio público, en el caso conocido como la Estafa Maestra.
También Faustino Gutiérrez Pérez, quien amparó y ordenó cancelar la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca. Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien ordenó la liberación provisional de ocho elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señalados de estar involucrados en el caso Ayotzinapa.
Y Crescencio Contreras Martínez, contra quien la Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó juicio político por liberar a José Alberto García Vilano, La Kena o Ciclón 19, presunto líder del cártel del Golfo detenido el 18 de enero de este año en Nuevo León.
Se suma Daniel Ramírez Peña, por el caso del Viaducto Bicentenario.
