El exgobernador de Chihuahua, ese hombre que soñó con tener un banco propio, pudo acumular delitos y huir durante cuatro años, con la sombra protectora de cinco amigos clave, que fueron parte del ajedrez político de los últimos 30 años.
EMEEQUIS.– Como ningún otro, el caso jurídico de César Duarte Jáquez, quien gobernó Chihuahua de 2010 a 2016, lleva a una red de nombres de hombres formados en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y que obtuvieron posiciones estratégicas en el gobierno, tras el arribo de Enrique Peña Nieto a la Presidencia (2012).
Entrelazados, con una acción cada uno, lo impulsaron, protegieron o sostuvieron.
Luis Videgaray Caso (secretario de Hacienda y luego de Relaciones Exteriores), Raúl Cervantes Andrade (procurador de la República), Eduardo Medina Mora (ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), Humberto Castillejos Cervantes (consejero jurídico del entonces presidente Peña Nieto) y Manlio Fabio Beltrones (presidente del CEN del PRI) fueron los eslabones de una cadena, a través de la cual, el exgobernador de Chihuahua pudo huir de la justicia durante cuatro años.
Se trata de personajes con el denominador de ser hábiles en la operación y el bajo perfil. Lobos de mar que se asomaban a la escena pública cuando lo consideraban necesario, pero que después –casi siempre– volvían a guaridas impenetrables.
Sus fortunas las declararon ante los ciudadanos con cautela y marcada oscuridad en ciertos datos. Colgadas hoy en el portal de la Secretaría de la Función Pública (SFP) o en la plataforma ciudadana 3de3, sus declaraciones patrimoniales apenas brindan un dibujo tenue de su riqueza. Todas tienen bastantes huecos que generan suspicacias. Aun así, se alcanza a ver sus kilométricas casas, anchas cuentas bancarias, diversas colecciones de relojes, costosas obras de arte y hasta camadas del perro más caro del mundo.
Con ellos se alió Duarte Jáquez, el oriundo de Parral, Chihuahua; el penúltimo hijo, de diez, del matrimonio de Blandina Jáquez Medina y Crescenciano “Chano” Duarte Tarín; el ganadero norteño; el esposo de Bertha Olga Gómez Fong y padre de César Adrián y las gemelas Bertha Isabel y Olga Sofía. Fueron ellos quienes lograron blindar al expresidente Enrique Peña Nieto y a cualquier miembro de su gabinete de órdenes de aprehensión o requerimientos para declarar sobre uno de los delitos del caso.
Pero esa condición puede cambiar si se inicia otra investigación. Ahora, hay otro escenario.
La tarde del 8 de julio, César Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, con fines de extradición a México. Se había escabullido de 20 órdenes de aprehensión en Chihuahua y una a nivel federal. En diferentes acciones, desvió más de mil 200 millones de pesos del gobierno hacia el PRI y sus propias cuentas. De hecho, un día soñó con tener un banco propio. Y lo había logrado.
I: LUIS VIDEGARAY CASO
El vicepresidente
La intención de César Duarte Jáquez de instituir y operar el Banco Unión Progreso requería el ojo crítico y aprobatorio de Luis Videgaray Caso. Las razones para que el proyecto pasara por su escritorio no sólo apelaban a su calidad de secretario de Hacienda y Crédito Público (2012-2016); sino al poder que detentaba en el Gabinete, en el que lo apodaban “Vicegaray”.
En noviembre de 2012, el matrimonio de César Duarte y Bertha Gómez Fong creó el fideicomiso 744743 ante el Banco Mercantil del Norte con recursos del gobierno del estado de Chihuahua. De ahí, Duarte Jáquez usó 65 millones de pesos para adquirir acciones de Unión Banco Progreso. Pero Unión Banco Progreso no existía como tal. Era una caja de ahorros. Sus operaciones las inició el 21 marzo de 2013, pocos meses después de que el fideicomiso fuera formado. El hombre fuerte del peñanietismo habría avalado como autoridad hacendaria estos movimientos; pero no sólo eso. Cuando la desgracia alcanzó al exgobernador, habría participado en la delación del proceso en su contra y lo habría ayudado a permanecer en Estados Unidos desde la Cancillería, que ocupó de 2016 a 2018.
En 2014, la asociación Unión Ciudadana, dirigida por el activista y abogado Jaime García Chávez, detectó 342 transferencias del gobierno de Chihuahua hacia el banco anhelado por Duarte Jáquez. Los pagos salieron de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal, cuyo asiento principal era ocupado por Jaime Herrera Corral.
En septiembre de ese año, Unión Ciudadana presentó una denuncia penal a la entonces Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General de la República) con el expediente AP/PGR/UEAF/001/2014/09 contra César Duarte por peculado, uso abusivo de facultades y atribuciones, tráfico de influencias y violaciones a leyes bancarias.
Dos años después, el 6 de junio, Javier Corral –postulado por el Partido Acción Nacional– ganó las elecciones de gobernador de Chihuahua, con lo que puso fin a 18 años consecutivos de administraciones emanadas del partido tricolor. Con ocho puntos superiores a los del priísta Enrique Serrano, Corral Jurado (un antiguo irreverente político en contra de los actos de corrupción de Duarte) se impuso como mandatario del estado norteño.
Desde el primer minuto de su toma de posesión se abocó a perseguir a su antecesor, al grado que las críticas lo señalaron como un mandatario desentendido de sus funciones, con tal de cumplir con su obsesión de atrapar a César Duarte.
Cuando Corral triunfó en las urnas, Duarte Márquez se había ido del país y acumulaba 21 órdenes de aprehensión (20 de carácter local y una federal). En septiembre de 2017, el cúmulo de culpas se incrementó con la solicitud de Corral Jurado a la PGR de detención con fines de extradicción sustentada en un expediente con elementos de cargo en 70 tomos y 50 discos compactos.
Corral, en varias entrevistas periodísticas, acusó a Luis Videgaray de permitirle la huida. Insistía en que no había ninguna actuación de la SRE ante el Departamento de Estado del país del norte para detenerlo y traerlo a México.
Luis Videgaray tuiteó que era falso que la Cancillería fuera “el cuello de botella en el caso de Duarte Jáquez” y aseguró que varias solicitudes de extradición fueron presentadas en tiempo y forma, por lo que correspondía al gobierno de Estados Unidos decidir sobre las mismas.
En marzo de 2018, la PGR decidió no ejercer acción penal en contra de Duarte por los delitos denunciados. Ese mismo año, el Banco Unión Progreso renunció a sus beneficios por parte de accionistas por “una redifinición de la estrategia de negocios”, según un comunicado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con este boletín, el sueño de Duarte se desvaneció.
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Luis Videgaray cumplía dos años como secretario de Hacienda y Crédito Público cuando The Wall Street Journal reveló que poseía una casa de 7.5 millones de pesos (constantes a 2014) en Malinalco, Estado de México. La propiedad la adquirió a través de Juan Armando Hinojosa Cantú, contratista millonario en el sexenio peñanietista a través de la constructora Grupo Higa. La casa de Videgaray quedó expuesta en la luz pública en momentos en que el Gobierno de Peña Nieto era acusado de hacer negocios a través de conflictos de interés.
En 2016 salió del gobierno federal, pero no por prácticas vinculadas a la corrupción; sino por ser el artífice de la reunión del presidente mexicano con Donald Trump, cuando este aún era candidato, en la residencia oficial de Los Pinos. Estuvo 120 días fuera del Gabinete y en enero de 2017 asumió como secretario de Relaciones Exteriores.
En marzo, presentó su primera declaración patrimonial correspondiente a ese cargo y declaró tener en sus cuentas bancarias 6 millones 101 mil 183 pesos; además de una casa de un valor de 7 millones 500 mil pesos, obtenida con un crédito. Videgaray Caso, ni como secretario de Hacienda ni como canciller, se permitió nombrar al otorgante del crédito. Y ese fue uno de los datos oscuros que dejó tras de sí, pese a las imputaciones de conflicto de interés. Las últimas dos declaraciones como funcionario público las presentó de manera confidencial y ya no reveló ningún bien, mucho menos dinero.
César Duarte (derecha) acompañado de Luis Videgaray. Foto: Cuartoscuro.com
II: Raúl Cervantes Andrade
Los días útiles de una breve gestión
César Duarte Jáquez y Raúl Cervantes Andrade empezaron a fraguar una amistad desde 2006, cuando los dos fueron diputados del PRI en la LX Legislatura. Una década después, quiso el destino unirlos en uno de los episodios más intrincados de sus vidas personales y políticas. Duarte Jáquez necesitaba huir de una veintena de órdenes de aprehensión y Cervantes Andrade era procurador de la República.
Como procurador, Cervantes Andrade tenía más que ganar que perder. Frente a sí estaba la oportunidad para despejar la nube de desconfianza que cubría a la PGR después de la endeble “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, presentada por uno de sus antecesores, Jesús Murillo Karam. La otra opción era “dejar hacer, dejar pasar” y permitir en una lealtad invisible que Duarte –su amigo– se fuera.
En 2018, el gobierno de Chihuahua presentó ante la PGR un cúmulo de carpetas de investigación en contra de César Duarte, por diversos delitos. Y aunque grueso, el expediente se mantuvo inactivo, como consta en el historial de acciones del organismo ahora transformado en Fiscalía.
Esos 12 meses de Cervantes Andrade en la Procuraduría bastaron para dejar una trayectoria en la que se impuso la opacidad de su propia persona. En ese lapso, ganó casi dos millones y medio de pesos en salario; pero en su declaración patrimonial dejó claro que no deseaba hacer públicos sus bienes, como tampoco sus posibles conflictos de intereses. Él, quien en su semblanza en el Senado escribió que era miembro del Consejo de Administración de varias empresas que había asesorado.
Cervantes Andrade, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana –la misma donde estudió Enrique Peña Nieto– y quien fungió como abogado nacional del PRI con cinco de sus dirigentes, fue ratificado como procurador por el Senado de la República, el 26 de octubre de 2016.
Llegó para sustituir a Arely Gómez, quien siempre mostró un perfil más técnico que político. Gómez se fue a la Secretaría de la Función Pública, un cargo que había estado vacante desde que Virgilio Andrade Martínez lo dejara el 18 de julio de 2016. El encargo que había tenido Andrade Martínez fue investigar si el presidente y el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, habían incurrido en conflicto de intereses al adquirir mansiones con créditos otorgados por el Grupo Higa, de Juan Armando Hinojosa Cantú., Su resolución, muy cuestionada, fue que no hubo práctica anómala.
Raúl Cervantes Andrade es hijo de Héctor Cervantes de la Garza y Leonor Andrade, abogados litigantes. Es pariente lejano del reconocido jurista Raúl Cervantes Ahumada, sobrino del penalista Marcos Castillejos, quien fuera subprocurador General de la República, primo de Humberto Castillejos Cervantes –hijo de Marcos– consejero jurídico del presidente Enrique Peña y de Alfredo Castillo Cervantes, quien fue representante para la paz en Michoacán y luego, director de la Conade. Estuvo casado con la empresaria Angélica Fuentes (hoy viuda de Jorge Vergara) quien lo acusó de maltrato.
En el movimiento de fichas, al final del peñanietismo, a Andrade Cervantes le tocó el trabajo más arduo: la PGR, el eje por el que pasaron todos los conflictos de justicia ocurridos desde que en diciembre de 2012 arrancó el peñanietismo. Las tragedias de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato y Nochixtlán, así como la fuga del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa (detenido). También tuvo que ver los presuntos sobornos a Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos por la empresa brasileña Oderbrecht, y el socavón de 10 metros que se abrió en el paso exprés de Morelos y que implicó a Gerardo Ruiz Esparza (fallecido), secretario de Comunicaciones y Transportes.
En sus manos también estuvieron varias averiguaciones (carpetas, hoy) en contra del hombre con el que fraguó una amistad diez años antes.
III: Eduardo Medina Mora
Con el ministro hemos topado
Fue un hombre clave para que los caminos de César Duarte Jáquez no alcanzaran a Enrique Peña Nieto ni a ninguno de sus colaboradores. En 2018, como resultado de una controversia constitucional, el expresidente y los miembros de su gabinete quedaron blindados ante cualquier orden de aprehensión o citatorio para declarar en el caso por el desvío de 270 millones de pesos del gobierno de Chihuahua al PRI. Lo determinó así la Suprema Corte de Justicia de la Nación –un día antes de que asumiera como presidente Andrés Manuel López Obrador– debido al aval del entonces ministro, Eduardo Tomás Medina Mora Icaza. El gobernador Javier Corral pidió que se excusara el asunto por su “amistad” con el jefe del Ejecutivo, pero su exigencia fue desechada por “improcedente”.
Un año después de aceptar la controversia, contra toda norma, Medina Mora presentó su renuncia tras cuatro años de su nombramiento y a 11 que concluyera su periodo. El traje de ministro se lo puso envuelto en polémica. Activistas y politólogos le señalaban un vínculo con Enrique Peña Nieto y temían que ello generara impunidad. En el caso Duarte Jáquez, la premonición se cumplió, al menos por un tiempo. Hoy, se desconoce su paradero y sobre él pesan las sombras de varias historias de procuración de justicia que pasaron por sus manos como entes invisibles, no sólo en la Corte; sino en toda su historia política.
Medina Mora fue procurador general de la República (hoy, Fiscalía) de 2006 a 2009, embajador en Reino Unido de 2009 a 2013 y embajador en Estados Unidos de 2013 a 2015. Al irse de la escena pública, se llevó secretos propios y de otros funcionarios. Cuando fue procurador, el recurso de la reserva fue el signo de su gestión, al grado que el organismo fue apodado como “el negrito en el arroz de la transparencia”. Puso bajo reserva averiguaciones previas de delitos cometidos por servidores públicos durante la guerra en contra del crimen organizado y, de paso, también las investigaciones ministeriales sobre Amigos de Fox, el grupo que financió a Vicente Fox Quesada como candidato presidencial en 2000. La compra de una flota de helicópteros en 2008, por 200 millones de dólares, en el rearme aéreo más costoso de la historia de la PGR, también quedó bajo candado. Denuncias en contra de Carlos Ahumada Kurtz (el financiador ilícito del PRD), también.
Una constante se observa en los 20 años en la administración pública de Eduardo Medina Mora:la discreción respecto a su fortuna, que jamás ha revelado ante los ciudadanos en sus declaraciones patrimoniales; de modo que se ha reservado para sí mismo lo que ha hecho con el dinero.
IV: Manlio Fabio Beltrones Rivera
El impulso
En 2010, cuando era presidente de la mesa del Senado, fue uno de los impulsores más notables de la campaña de César Duarte Jáquez y uno de los asistentes a su toma de protesta. Implacable operador político, por primera vez una investigación judicial podría desvanecer su poderío histórico, una vez que el exgobernador chihuahuense rinda declaración ante la Fiscalía General de la República. Por lo pronto, las autoridades en Chihuahua estarían en posesión de la declaración protegida de un exfuncionario del gabinete de César Duarte Jáquez que indica que, en 2016, Beltrones Rivera fue la piedra angular para que 250 millones de pesos fueran desviados hacia el PRI. En esos momentos, era dirigente nacional del partido.
El ajedrez político de los últimos 30 años en México no se entiende sin esta figura. Ha pasado por todo, desde el ambicioso sueño de llegar a la Presidencia de la República (2012), los triunfos y derrotas históricos del PRI, acusaciones de alterar el caso del asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio y señalamientos de vínculos con grupos de narcotráfico. Lo ha negado todo y siempre ha ganado. Pero lleva un halo permanente de sospecha. Un cable filtrado por Wikileaks del Departamento de Estado de Estados Unidos, en mayo de 2011, lo describió como “un impecable operador político que florece y prospera en la política de puertas cerradas”.
Su fortuna, como la de la mayor parte de miembros de esta red, no está clara. La mayor aproximación la brinda una declaración patrimonial en la plataforma civil 3de3 que data de 2015. Reportó, entre otros bienes, una casa en Cuernavaca, Morelos, de mil 528 metros cuadrados y 903 de construcción. Según él, se trata de una herencia. También declaró tres camionetas BMW.
Con Duarte Jáquez, priísta desde 1977, la relación es antigua. El exgobernador, ahora en desgracia, lo frecuentaba desde 2008. Beltrones Rivera era presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y el exgobernador chihuahuense, coordinador de Senadores del PRI.
El pasado 4 de julio –apenas unos días antes de la detención en Miami de César Duarte– Manlio Fabio Beltrones reapareció tras dos años de ausencia, con una invitación en Twitter a presenciar un foro mediante la plataforma Zoom, organizado por “Movimiento Líder”. En su alocución le pidió a sus compañeros de partido alejarse de las intenciones “golpistas” que buscan destituir al presidente Andrés Manuel López Obrador de una manera no democrática.
Nació el 30 de agosto de 1952 en Villa Juárez, del municipio de Etchojoa, Sonora, el corazón de una de las regiones más pobres de México. Es la fecha en que ese municipio norteño no ha superado sus indicadores de pobreza y vulnerabilidad. Su abuela era una indígena yaqui que había perdido un ojo cuando cortaba leña en Cananea, según narra Manlio Fabio Beltrones en su libro “La vida y la Política”. Su madre, Beatriz Beltrones, le enseñó lecciones bíblicas. Después de un padecimiento de cáncer de mama, falleció en 2004. A ella se le debe la creación de la “Fundación Beatriz Beltrones AC”, a través de la cual, ha recibido dinero público.
Manlio Fabio se licenció como economista en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su cédula profesional – la 468593- data de 1977, aunque concluyó los cursos en 1974. No fue un chico de Harvard, ni de Yale, como otros políticos mexicanos de su generación, que hicieron cursos o maestrías en esas universidades estadounidenses. Por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari concluyó una Maestría en Administración Pública en Harvard en 1973 y Ernesto Zedillo Ponce de León lo hizo en Yale, con un doctorado en Ciencias Económicas, en 1981.
V: Humberto Castillejos Cervantes
El perro más caro del mundo, ¿por qué no?
En realidad, no participó de manera directa en el affair Duarte Jáquez para blindar a Enrique Peña Nieto, pero desde afuera ayudó a redactar la controversia constitucional que en efecto, Misha Granados Fernández presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según fuentes que piden anonimato para este texto.
Castillejos Cervantes renunció a la Consejería Jurídica de la Presidencia, en 2017, para preparar su boda, y el cargo lo tomó Granados Fernández; pero aunque se fue, su injerencia en el grupo de abogados se mantuvo intacta, relatan las mismas fuentes.
Debido a ese recurso, el máximo tribunal del país decidió suspender las investigaciones del gobierno de Chihuahua en contra de Peña Nieto y cualquier miembro de su gabinete. Dado que el ministro que otorgó la suspensión fue Eduardo Medina Mora, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado (empeñado en denunciar a su antecesor, Duarte Jáquez) pidió que se excusara el asunto por su “amistad” con el jefe del Ejecutivo, pero su exigencia fue desechada por “improcedente”.
Hijo del abogado Marcos Castillejos –asesinado en julio de 2008 a las puertas de un despacho–; Humberto Castillejos Cervantes procuró siempre quedar tras bambalinas. Al equipo de Enrique Peña perteneció desde que este fue gobernador en el Estado de México (2005-2011). Luego, cuando Peña Nieto fue postulado por el Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia de la República, se integró a su equipo de campaña en las elecciones de 2012. Una vez que el equipo tricolor ganó, fue investido como consejero jurídico. Desde esa posición logró ser invisible, pero con bastante poder. Su salario era de poco más de 200 mil pesos al mes.
Castillejos Cervantes fue el hombre que tuvo en sus manos la defensa de las reformas estructurales que, en los ámbitos de telecomunicaciones, educación, energético, fiscal y político, el primer mandatario logró promulgar en 2013, arropado en el Pacto por México.
Hoy, su paradero es desconocido. Tras de sí hay una investigación. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP) lo requiere porque habría operado un esquema de extorsión a empresas.
En un sofisticado esquema, entre 2014 y 2018, la Secretaría de Hacienda habría congelado cuentas bancarias a 722 particulares bajo sospechas de lavado de dinero. Después, se les solicitaban sobornos a través de cinco despachos jurídicos. El dinero de los supuestos criminales regresaba a las cuentas. Todo, aparentemente, manipulado por Alfonso Humberto Castillejos Cervantes desde su posición de consejero jurídico de la Presidencia.
Analizadas sus declaraciones patrimoniales, presentadas entre 2007 y 2017 en el portal Declaranet y vistas como un espejo, a este exfuncionario no sólo le importaban las mansiones, los coches de lujo como BMW o Mercedes Benz, o las joyas. Entre otros políticos del equipo peñanietista que acumularon artículos de lujo, él añadió un elemento con el que se distinguió. Entre 2016 y 2017, se compró seis perros mastín tibetano, los más caros del mundo.
