CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las organizaciones internacionales Corporate Europe Observatory (CEO) y Transnational Institute (TNI) advirtieron que bufetes de abogados en diferentes partes del mundo planean entablar una avalancha de demandas contra varios gobiernos, incluido el de México, por adoptar medidas para atender la pandemia del covid-19 contrarias a los intereses de empresas trasnacionales.
Los bufetes plantean demandas hasta por estallidos sociales que pudiera generar la pandemia, como el caso de los abogados de Voltera Fietta, que incluye la investigación.
“Si tras un estallido social ocurren saqueos de comercios, los inversores podrían alegar que el Estado ha incumplido su obligación de brindarles plena protección y seguridad”.
Las organizaciones se basaron en publicaciones de los bufetes y seminarios organizados para informar, en webinarios, a sus clientes inversores y multinacionales.
“Los bufetes informan a sus clientes multinacionales sobre las amplias protecciones de los acuerdos de inversión para los inversores extranjeros como herramienta para ‘solicitar una reparación y/o indemnización por las pérdidas resultantes de las medidas adoptadas por los Estados”, expone la investigación respecto del blog de abogados del bufete Quinn Emmanuel.
De acuerdo con TNI, México es uno de los países que ya enfrenta una amenaza de demanda ante tribunales de arbitraje en relación con el covid-19, ya que empresas europeas, canadienses y estadunidenses anunciaron su intención de demandar al gobierno mexicano por verse afectadas ante las medidas para fortalecer el sistema eléctrico nacional.
El bufete de abogados mexicano Cannizzo Ortíz y Asociados S.C., avisó a sus clientes el 25 de mayo pasado: “En nuestra opinión, la POLÍTICA SENER tiene vicios de forma y de fondo que pueden afectar derechos de particulares, para lo cual existen diversos medios legales de defensa que se pueden hacer valer ante autoridades, así como ante tribunales arbitrales a la luz de acuerdos internacionales”.
TNI informó que México es el país más demandado de la región, fuera el tema covid-19, con 34 casos de arbitraje, y detalló que esos recursos son costosos y poco transparentes, agravan el endeudamiento externo del Estado y desvían fondos imprescindibles para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos.
El informe evidencia que los bufetes de abogados asesoran inversores extranjeros sustentados en que algunos gobiernos tomaron control de hospitales privados y hoteles para tratar a los pacientes; y adoptaron medidas para que medicamentos, vacunas y test estén disponibles para todas las personas.
Otros gobiernos, indica el informe, suspendieron las actividades comerciales que habrían propagado el virus y, en algunos casos, evitaron el corte de agua, gas y electricidad por falta de pago, precisa la investigación a cargo de Pia Eberchardt.
TNI y CEO explican que los miles de acuerdos de comercio e inversión que hay en el mundo, otorgan amplias facultades a los inversores extranjeros para demandar a los Estados en un sistema de tribunales de arbitraje denominado mecanismo de solución de disputas entre inversores y Estados o ISDS, por sus siglas en inglés.
En esos tribunales, las empresas pueden reclamar indemnizaciones millonarias por medidas gubernamentales que supuestamente perjudican sus inversiones directamente por la expropiación, o indirectamente, por reglamentaciones de cualquier tipo.
“El número de demandas de ISDS se disparó en el último decenio, al igual que el monto reclamado”, señalan.
El informe de las dos organizaciones advierte:
“A medida que los gobiernos adoptan medidas para luchar contra la pandemia de la Covid-19 y evitar la debacle económica, grandes bufetes de abogados también están observando el virus, aunque su preocupación no es salvar vidas ni a la economía, sino que están instando a grandes empresas a que impugnen las medidas de emergencia para defender sus ganancias. Algunos Estados podrían afrontar demandas multimillonarias en un sistema judicial paralelo para la solución de disputas entre ISDS”.
El documento de las organizaciones dice que el bufete de abogados Ropes & Gray publicó:
“Los gobiernos han respondido a la Covid-19 mediante la aplicación de numerosas medidas, entre ellas restricciones a viajar, limitación de las actividades comerciales y beneficios fiscales. Sin perjuicio de su legitimidad, estas medidas pueden afectar en forma negativa a las empresas al disminuir su rentabilidad, postergar sus actividades o excluirlas de los beneficios del gobierno. Para las empresas con inversiones extranjeras, los acuerdos de inversión podrían ser una herramienta poderosa para recuperar o prevenir pérdidas provocadas por medidas gubernamentales relacionadas con la COVID-19”.
Transnational Institute señaló en abril: “Resulta aberrante que estos posibles juicios y la compensación económica que solicitan se sumarán a la inmensa carga financiera de muchos Estados”.
De acuerdo con la investigación, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo publicó el 4 de mayo de 2020 al respecto:
“Las medidas de los Estados de limitar el impacto negativo de la pandemia son muy diversas y varían de un país a otro (…) Si bien estas medidas se adoptan para proteger el interés público y mitigar los efectos negativos de la pandemia, algunas podrían (…) exponer a los gobiernos a procedimientos de arbitraje iniciados por inversores extranjeros”.
La investigación plantea 10 casos hipotéticos por la que diferentes gobiernos en el mundo podrían ser demandadas, que van desde la suspensión de pagos de servicios, hasta exoneración fiscal para apoyar a ciudadanos y empresas.
Entre los bufetes de abogados que monitorearon para esta investigación se encuentran: ArbLit, Quinn Emmanuel, Hogan Lovells y Alston & Bird, Shearman and Sterling abogados Dechert, CMS, Aliston & Bird, Voltera Fietta.
CEO y TNI sugieren que los Estados pueden justificar sus acciones “sobre la base de las excepciones de interés público que figuren en el tratado de inversión vigente o de las prácticas de emergencia establecidas en el derecho internacional. Sin embargo, ambas opciones tienen sus límites.
“(…) Sin embargo, los inversores podrían alegar ‘que algunos Estados contribuyeron a la crisis por no haberse preparado para un suceso previsible’ o que ‘la falta de financiamiento o los recursos insuficientes de los sistemas de salud de los Estados es un factor coadyuvante’ a la severidad con la que los afectó la pandemia. Si bien ello puede ser cierto, ¿debería un caso de ISDS utilizarse para empeorar la situación de un sistema de salud que de por sí tiene poca financiación?”.
Otra opción que proponen a los gobiernos es retirarse de los acuerdos de ISDS vigentes a tiempo, como lo han hecho algunos países que han restringido sus acuerdos bilaterales de inversiones.
