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CIUDAD DE MÉXICO.– Por toda Centroamérica brota una esperanza colectiva. Desde una de las zonas más peligrosas en el mundo para los defensores de los derechos humanos, los pobres, los excluidos, los marginales se organizan para hacer frente al avance del autoritarismo, una tarea que puede costar hasta la vida.
Para reconocer estos brotes de esperanza, la organización Aluna, que brinda acompañamiento psicosocial por toda la región organizó el foro Luchas y resistencias en Centroamérica, en donde quienes han experimentado y luchado contra el autoritarismo en la región compartieron las tendencias y características que les son comunes.
“A veces la gente mira a El Salvador y cree que las medidas de Nayib Bukele, de aumentar las penas en la cárcel y las detenciones soluciona de fondo el problema de la inseguridad. La gente cree que por ahí va la solución, pero sabemos que no”, dijo al respecto Jessica Arellano, integrante de Aluna.
Este es un fenómeno en el que la población está dispuesta a perder sus Derechos Humanos con tal de recobrar la seguridad. En Honduras es muy alta la cantidad de gente que está dispuesta, por ejemplo. Mientras que en El Salvador, pareciera que las medidas que aplica Nayib Bukele son rápidas y efectivas, pero que guardan muchas cuestiones como las detenciones ilegales, mientras que la desigualdad y la pobreza no se está tocando.
Y es que sentarse a reflexionar sobre estos temas pareciera muy necesario, sobre todo hoy, pues como comentó la especialista en Derechos Humanos y democracia de Guatemala, Mónica Mazariegos, a través de estas resistencias queda en juego temas como la democracia, los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de la niñez y de las mujeres, o incluso nuestro entendimiento del derecho y la sociedad.
Un panorama general
“Por toda Centroamérica compartimos un paradigma que nos dejó la herencia colonial impuesta, que actúa bajo una lógica acumulación capitalista que actúa bajo las lógicas del despojo y la desposesión”, comentó durante su intervención Lydia Alpizar, codirectora de IM-Defensoras, una iniciativa que coordina los esfuerzos de defensoras de los derechos humanos y del territorio en la región.
“Vivimos despojo de tierras, de las vidas, de los bienes y de los pueblos. Sobre todo para la explotación de temas energéticos que nos pone en un esquema de explotación. Estas son las tendencias clave para leer el contexto que nos rodea”, añadió.
Además de este paradigma de explotación por despojo, Alpizar señaló que los gobiernos autoritarios de la región instala un discurso de violencia y desesperanza basado en las narrativas de odio y las medias verdades con una fuerte manipulación de la información en medios tradicionales y a través de redes sociales.
“A esto se une la vigilancia, el espionaje y el control que los estados ejercen a través de tecnologías digitales y de otras no tan novedosas, porque el espionaje que había sigue ahí pero con una versión 3.0. Ataques al derecho de informar hemos visto muchos, como los ataques a El Faro en El Salvador (cuyos colaboradores y directivos trabajan desde fuera del país), o el de El Peridódico de Guatemala, cuyo fundador está encarcelado o el exilio de todos los periodistas críticos al régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua”.
Según datos de IM-Defensoras, en los últimos 10 años en Centroamérica se han desarrollado más de 26 mil agresiones en contra de 7 mil 500 defensoras, de esas 2 mil 297 agresiones han sido en contra de organizaciones civiles. Quizá la situación es más crítica en Nicaragua, donde desde 2007 hay un exterminio de las organizaciones de la sociedad civil.
La reconfiguración del poder
En toda la región vemos otro tipo de características compartidas, como la reconfiguración de poder auspiciada por los grandes poderes fácticos que interfieren en el desarrollo de instituciones que sean leales a las demandas de la población y que más bien favorecen intereses de pequeñas cúpulas.
“El ejemplo perfecto de ello es Guatemala”, añade Mónica Mazariegos. “Hace unos años se había creado un mecanismo internacional sui generis, de Derechos Humanos: La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (la CICIG), que tenía mandato no de la lucha contra la corrupción, como mucho se cree, sino de desmontar aparatos clandestinos de seguridad, cuerpos que funcionaron haciendo violaciones a los Derechos Humanos durante la guerra (de los años 80), organizaciones paramilitares y extrajudiciales que mutaron y que siguen vivas y operando”.
La CICIG logró develar la continuidad de la impunidad de la guerra en los nuevos tiempos de paz, como si los actores mafiosos que tenían capturado al Estado como botín, ahora, a través de nuevas alianzas estuviera de nuevo en el poder.
“En Guate el estado está cooptado, ha sido una revelación de algo que ya se sabía a voces: el enquistamiento de mafias y de grupos mixtos con poderes públicos y privados que se han encargado de crear una zona gris entre lo legal y lo ilegal. Grupos de política aliados, que tienen al estado como Botín, que tienen a un presidente y una presidenta en la cárcel y a quienes acompañan muchos delincuentes de cuello blanco. Militares y políticos que forman parte de lo que ya mencionaba Lydia como el Pacto de Corruptos”, comentó Mónica Mazariegos.
Estos grupos casi plutocráticos se desarrollan en un contexto en el que comúnmente usan al Derecho como un arma de guerra, en el que pareciera que si el estado de derecho ve por el interés público y el bien común, esto se cambia por intereses privados, en el que aseguran el cumplimiento de una la ley redactada bajo sus términos, desarrollando un estado de negación del derecho.
Nicaragua, la dictadura que le dio la espalda al pueblo
Sin duda, Nicaragua es uno de los países de la región donde el uso dictatorial del poder ha llegado a límites que nadie esperaba. “Todo empezó en 2007 y hoy podría resumirse con un meme que circula mucho en redes sociales. Cuando en Nicaragua viva una dictadura no diré nada, pero habrá señales”, dijo al respecto Julio López, uno de los miles de periodistas que han sido exiliados de ese país desde entonces.
“Y es que así fue, empezamos desde 2007 a ver las señales. La primera fue una política de comunicación que se hizo pública recién tomado el poder por Daniel Ortega, en la que el gobierno empezó a cerrar muchos medios para evitar que la información se contaminara, por lo que solo iban a usar los medios del gobierno para que esto no pasara. Así empezaron a configurar un modelo de medios propios, compraron varios, fortalecieron los que ya se tenían y crearon otro”.
Después del cierre de medios, vino el cierre de universidades, que desde entonces a la fecha ha alcanzado a 27 casas de estudio, lo que implica a más de 47 mil estudiantes que ya no pueden acceder a una formación libre. Después vino el desconocimiento y cierre forzoso de más de 3 mil 500 organizaciones de la sociedad civil, hoy, según lo describe el periodista, el espacio público está cerrado y tomado en Nicaragua, donde las autoridades diluyen cualquier tipo de ortganización civil.
Según los datos que Julio López y otro grupo de periodistas y defensores ha logrado recopilar, del país han salido exiliadas cerca de 700 mil personas, lo que equivale al 11 por ciento de la población de Nicaragua, entre ellos se cuentan 318 personas cuya nacionalidad ha sido arrebatada y desconocida por el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La esperanza de la resistencia
Ante este panorama, Clemencia Correa directora de Aluna recordó que el terror del autoritarismo pone en duda lo que se cree y nos quita el el horizonte de a dónde construir o para qué, pero recordó que a quien ha sido despojado, no se se le puede quitar la memoria de los agravios y las luchas que han construido.
“Tampoco nos podrán quitar los vínculos de afecto, que nos ha permitido a muchos resistir, que nos ha dado la esperanza de seguir. Así como estos regímenes usan la psicología para imponer sus intereses, el enfoque psicosocial permanece como una herramienta emancipadora en estos territorios, porque no nos podrían comprar la sonrisa, el afecto ni la memoria”.
