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«La Línea» fue uno de los casos de mayor impacto desarticulados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI).
Un Tribunal de Guatemala favoreció este lunes (15.11.2021) al expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015) al otorgarle cárcel domiciliar bajo una fianza de 13.177.000 quetzales (más de 1,7 millones de dólares) en uno de los casos por los que está privado de libertad desde 2015 por corrupción.
El exmandatario y general retirado se mostró preocupado por la decisión del Tribunal de Mayor Riesgo B, pues aseguró ante los medios en la sala de audiencia que el monto de la fianza «es impagable». Pérez Molina cuestionó a la Justicia por aceptar que en las cárceles del país «hay un exceso de prisión preventiva», pero al mismo tiempo «nos piden una caución económica que saben que es impagable, pues. Yo no tengo 13 millones de quetzales para pagar».
Para el Tribunal, presidido por la jueza Jeannette Valdéz, «es razonable que pueda modificarse la medida de privación de libertad y otorgar medida sustitutiva en proporción al monto establecidos en la acusación». El caso por el que el Tribunal decidió beneficiar al exgobernante es denominado La Línea, en el que Pérez Molina fue acusado de ser uno de los líderes de la trama de corrupción que involucraba a las aduanas del país centroamericano.
La cárcel domiciliar por 1,7 millones de dólares «lo que viene a ser es contradictorio, como para decir sí le damos la medida porque hay abuso de prisión preventiva, pero por otro lado le ponemos una cantidad que sabemos que no se va a poder mover», dijo Pérez Molina y agregó que sus abogados realizarán un estudio para saber si será viable interponer algún recurso que haga reconsiderar el monto a pagar, pues, de lo contrario «habrá que seguir en prisión preventiva».
El expresidente fue obligado a renunciar en septiembre de 2015, a cuatro meses de concluir su mandato y apenas unas horas antes de la elección general de ese año, tras la presión ejercida por varios sectores de la población luego de los señalamientos de corrupción que motivaron a la Fiscalía a presentar su desafuero.
La Línea fue uno de los casos de mayor impacto desarticulados por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) junto la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en Guatemala (FECI). Un mes antes del exmandatario, fue detenida, en agosto de 2015, la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti, también por ese mismo caso, a los que se sumaron otros posteriormente.
Pérez Molina y Baldetti no han sido juzgados aún por el caso La Línea y uno de los principales actores que llevaron a los tribunales la acusación, Juan Francisco Sandoval, fue destituido el 23 de julio último como titular de la FECI por realizar supuesta «justicia selectiva», según afirmó después de la criticada remoción la fiscal general, Consuelo Porras.
