Sin Embargo
Ricardo Benjamín Salinas Pliego se ha convertido en uno de los principales personajes opositores del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a los constantes choques que han protagonizado en los últimos meses. A esta situación se suman los señalamientos públicos del mandatario al magnate por sus adeudos millonarios con Hacienda.
Ciudad de México, 13 de junio de 2024. Mientras que el Magistrado Fernando Silva García, según consigna la publicación, “fue el único que dio la razón a la empresa al enfatizar que en 2016, el SAT rechazó las pérdidas fiscales”, pero que “en 2018 las consideró válidas, lo que calificó como ‘un giro de 180 grados’, y ‘una práctica abusiva y coactiva’ que atribuyó a las autoridades del sexenio pasado con el objetivo de presionar a Elektra para pagar créditos previos”.
Posteriormente, Grupo Salinas emitió un comunicado donde afirmó una “falta de diligencia y objetividad” entre algunos magistrados que, frente a una “sistemática presión” del Gobierno federal —así como un supuesto temor de ser considerados corruptos— “se negaron a analizar de fondo” el amparo.
“Recurriremos a las instancias superiores correspondientes en busca de una resolución que elimine los abusos como los cobros dobles e ilegales que buscan imponernos”, añadió Grupo Salinas, consorcio que también afirmó contar con “la razón ética y jurídica”.
Es con dicha medida jurídica que Grupo Salinas confía que las instancias superiores de justicia decidan “lo correcto con autonomía e independencia”..- Un tribunal federal confirmó este jueves que Elektra, empresa de Ricardo Salinas Pliego, tiene un adeudo de 18 mil 455 millones de pesos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
De acuerdo con el medio de circulación nacional, el fallo lo dio el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, el cual, con una votación de dos contra uno, se negó a otorgar un amparo directo contra una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
La resolución del TFJA, emitida en octubre de 2020, “ratificó la legalidad del crédito, fincado por ISR [Impuesto Sobre la Renta] omitido del ejercicio fiscal 2013”.
Además, el rotativo explicó que “este crédito de 18 mil 455 millones fue determinado porque en 2014, cuando salió del régimen de consolidación fiscal, Elektra no reversó las pérdidas de filiales que había aprovechado para pagar menos ISR en años previos”.
“Fue correcto que el TFJA validara que las pérdidas por enajenación de acciones de empresas controladas que en los ejercicios 2008, 2010, 2011 y 2012 fueron disminuidas para determinar el resultado consolidado del grupo, debieron reversarse en la declaración complementaria de 2013 a partir de la que dio cause a la desconsolidación”, dijeron los magistrados Salvador Alvarado López y Martha Llamile Ortiz Brena.
La compañía matriz de Ricardo Salinas Pliego concluyó con la certeza de que empleará todos los instrumentos legales a su alcance con la finalidad de defender sus causas, la reputación de sus empresas y la prosperidad incluyente de sus colaboradores y clientes.
Ayer, Ricardo Salinas Pliego acusó al Presidente Andrés Manuel López Obrador de presionar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en uno de los cuatro amparos que tiene por adeudos fiscales.
A través de redes sociales, señaló que han habido “reiteradas presiones” por parte del titular del Poder Ejecutivo y del SAT sobre los casos de adeudos fiscales que se encuentran en los tribunales federales.
“Les recuerdo que la Suprema Corte es la última instancia y contrapeso. Seguiremos defendiendo nuestra causa y jamás consentiremos ni concederemos ante lo que consideramos cobros dobles, improcedentes, erróneos y abusivos. Como ya lo he dicho: si se debe, se paga; si no se debe, no se paga. Mis empresas y yo siempre hemos pagado muchos impuestos y, al final del día, será el Poder Judicial, con autonomía e independencia, el que decida lo correcto”, escribió el magnate.
Por su parte, la cuenta oficial de Grupo Salinas compartió un comunicado de prensa y un mensaje similar al de su dueño, aunque añadió que está en su derecho a tener acceso a una “justicia pronta, completa e imparcial”, por lo que mostró su confianza en el Poder Judicial.
“Como toda empresa en México, es nuestro derecho humano el tener acceso a una justicia pronta, completa e imparcial; confiamos en que, en este y el resto de nuestros casos, será el Poder Judicial el que decidirá conforme a derecho y sin ceder ante presiones externas”, indicó.
En el comunicado de prensa, el conglomerado de empresas expresó su “profunda preocupación por la presión permanente y sistemática que se ejerce desde el Poder Ejecutivo” sobre el Poder Judicial y la SCJN, con el objetivo de “afectar su autonomía e independencia en el ejercicio de sus funciones”.
“Es muy peligroso que esto suceda en la víspera de que mañana sesione el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, integrado por los magistrados Fernando Silva García, Martha Llamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López, quienes estarán revisando y dictaminando un caso de Grupo Elektra. La presión ejercida desde la más alta tribuna de este país, es evidente, ha contaminado el efectivo y autónomo proceder de dichos magistrados”, acusó ayer.
“Hacemos de conocimiento público que procederemos a solicitar que los magistrados de dicho Tribunal se recusen del caso, a fin de que se garantice una mirada objetiva y un análisis imparcial por parte de magistrados alternativos a nuestro caso”, agregó Grupo Salinas.
Asimismo, informó que todos sus procedimientos legales relacionados con el “doble cobro” de impuestos en 2008, 2010, 2011 y 2012, el SAT decidió no reconocer pérdidas fiscales legalmente probadas y auditadas.
“De manera contradictoria, en 2013, el SAT determinó que las mismas pérdidas antes declaradas inexistentes se considerarían existentes en el régimen de desconsolidación fiscal, generando así el cobro doble por la misma operación. No suficiente con este doble cobro, en 2013, el SAT incluyó de manera ilegal en el Recurso de Revocación un nuevo cobro por el año 2009, el cual no había sido previamente auditado”, abundó el Grupo.
Por ello, sostuvo que “debido al prolongado proceso legal en la búsqueda de una resolución de fondo que elimine los abusos en contra nuestra, los montos de los impuestos supuestamente adeudados se han incrementado estratosféricamente vía penalizaciones injustas e improcedentes (actualizaciones, multas y recargos)”.
De esta forma, el conglomerado reiteró su confianza en la resolución del PJF conforme a derecho, y el deber ser en “un proceso imparcial y autónomo, y con el estudio necesario”. “Estamos seguros de que [el Poder Judicial] no permitirá que factores y presiones externas determinen su proceder y decisión”, finalizó.
El pasado mes de septiembre, la Segunda Sala de la SCJN rechazó atraer los cuatro amparos para resolverlos en conjunto, por ello, ahora están en cuatro tribunales colegiados distintos.
El pasado 21 de febrero, un Tribunal federal le negó otro de los cuatro amparos a Grupo Elektra, con el que buscaba abreviar su litigio contra el mayor crédito fiscal que enfrentaba: el de 18 mil 455 millones de pesos.
Con dos votos contra uno, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa rechazó el recurso que amparaba a Elektra, con el fin de que el TFJA analizara los argumentos de su demanda contra el Sistema de Administración Tributaria.
Los magistrados, Salvador Alvarado y Martha Ortiz Brena, quienes rechazaron el proyecto de su colega Fernando Silva, argumentaron que ya contaban con elementos para solucionar definitivamente este caso, que llevaba ocho años en litigio.
La Sala Superior del Tribunal aprobó el crédito en octubre de 2020, porque siete años atrás, cuando salió del régimen de consolidación fiscal, Elektra debió haber reversado pérdidas de sus filiales, pero los aprovechó para pagar menos impuestos en años anteriores.
Ambos magistrados manifestaron estar a favor. Otros tres tribunales tienen pendiente resolver si las pérdidas declaradas por Elektra en los años 2008 a 2012 fueron ilegalmente deducidas, como sostiene el SAT, que por este tema fincó tres créditos a la empresa por un total de ocho mil 351 millones de pesos, pues por una parte ha rechazado la existencia de las pérdidas que declaró en los años mencionados, pero por otra, afirma que tuvo que haberlas tomado en cuenta cuando salió del régimen de consolidación.
No obstante, adelantó que está por conocerse el monto final de las pérdidas del periodo 2008 a 2012, mismas que le serán reconocidas a Elektra como legales, según lo que resuelvan los otros tres tribunales, los cuales no están obligados a sentenciar de manera simultánea ni con el mismo criterio.
Sin embargo, la decisión del Vigésimo Tribunal de hoy es definitiva, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual rechazó en noviembre pasado la propuesta del Ministro Luis María Aguilar para atraer los cuatro amparos directos de Elektra, y así resolver todo el conflicto de manera global.
TRIBUNAL DA PALO A SALINAS PLIEGO
El pasado 5 de junio, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó un juicio contra Grupo Elektra por los adeudos que tiene ante la falta del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), los cuales suman más de dos mil millones de pesos.
El Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó, por unanimidad, el amparo a Elektra, por lo que la empresa que pertenece a Ricardo Salinas Pliego tendrá la obligación de pagar el adeudo del ISR del ejercicio fiscal acumulado desde 2008, que asciende a dos mil 011 millones de pesos.
La compañía fundó su alegato en supuestas pérdidas por haber vendido acciones para no pagar. La instancia judicial desechó los argumentos de la demandante y resolvió que ésta debe entregar los saldos por el adeudo fiscal.
El Tribunal recordó que Elektra impugnó la decisión de la autoridad tributaria a través de un juicio en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo, la sentencia en primera instancia fue favorable para el SAT, por lo que la empresa objetó en una segunda instancia.
Posteriormente, magistrados del Tribunal establecieron que Elektra tiene la obligación de pagar el adeudo, desechando sus argumentos. No obstante, Elektra puede impugnar esta resolución en una tercera instancia ante la SCJN.
