EN CHIAPAS
MISAEL AUTE
Los municipios de Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de las Casas -de los más poblados del estado y que tienen declaratoria de Alerta de Violencia de Género– muestran tasas superiores a la estatal y en algunos casos nacional, en delitos que se cometen de manera diferenciada en contra de mujeres y hombres.
De acuerdo al Reporte de Incidencia Delictiva del tercer trimestre de este año presentado por el Observatorio Ciudadano Chiapas (OCCH), el cual está conformado por la Asociación Civil Ligalab y el Observatorio Ciudadano Nacional (OCN), en la entidad se abrieron 124 carpetas de investigación de julio a septiembre 2020 por el delito de violación sexual, es decir, un promedio de 9.4 carpetas de investigación a la semana.
El delito de violencia familiar registró en promedio 88 carpetas de investigación a la semana. En este tercer trimestre se reportó una tasa de 20.47 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes y continúa siendo el delito más reportado en Chiapas.
Sin embargo, en San Cristóbal, la tasa por violación sexual es superior a la tasa nacional. El delito de trata de personas registró una tasa municipal (0.45 CI) superior a la estatal y nacional en el periodo analizado.
El reporte asegura que rn Tapachula pasa algo similar, pues el delito de violación sexual reporta una tasa mayor que la tasa nacional.
El índice municipal por violencia familiar también es más alta que la nacional. Este último ilícito mencionado, además, registró un aumento en su tasa durante el periodo julio-septiembre 2020, en comparación con el mismo periodo doce meses antes.
Señala que en Tuxtla Gutiérrez en comparación con el mismo periodo doce meses antes, el delito de feminicidio presentó un aumento en la tasa por cada 100 mil habitantes durante el periodo julio-septiembre 2020.
Destaca que el análisis de estos datos refleja la necesidad que existe de que se implementen políticas públicas con perspectiva de género en materia de seguridad en estos municipios.
El OCCH lamentó que en este contexto desaparezca el Programa para el Fortalecimiento de la Seguridad (FORTASEG) del Presupuesto de Egresos
de la Federación (PEF) para 2021. «A partir de esta decisión, tomada por el Poder Legislativo a partir de lo propuesto por el gobierno federal, se debilita a las instituciones locales de seguridad, a las cuales les corresponde atender principalmente los delitos del fuero común que corresponden al 90 por ciento de los ilícitos que se cometen en el país», detalló.
Consideró que anular este programa elimina la posibilidad de que las instituciones de seguridad pública municipales continúen fortaleciéndose para mejorar su desempeño en la prevención de la violencia y la delincuencia; para renovar las condiciones de dignidad de las policías; así como para capacitar en materia de derechos humanos e igualdad de género.
