* El mecanismo de seguimiento pondrá atención en las contrataciones realizadas por los gobiernos federal, estatales y municipales
Ante la decisión del Gobierno Federal de autorizar la gestión y compra directa de vacunas por parte de entidades federativas y municipios, Transparencia Mexicana, organismo hermanode Transparencia Internacional, activó un mecanismo de seguimiento para contrastar los niveles de acceso a la información en la contratación de las vacunas.
El mecanismo incluirá las adquisiciones que se realicen con recursos fiscales mexicanos a través de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos es un organismo (UNOPS), el Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX).
En coordinación con la Iniciativa Global para las Contrataciones Abiertas (Open Contracting Partnership, OCP), Transparencia Mexicana señala qie analizará qué tan abiertas son las contrataciones del Gobierno Federal y las 32 entidades federativas del país para la adquisición de vacunas y tratamientos para enfrentar la emergencia sanitaria por SARS-CoV2.
En un informe, el organismo considera que sin perjuicio de los derechos de las empresas para proteger patentes y otras estrategias comerciales, se puede ampliar significativamente el nivel de transparencia y apertura gubernamental sobre el uso de recursos públicos invertidos en la adquisición de las vacunas y tratamientos.
«Las decisiones que tomen la Federación, los estados de la República y algunos municipios con capacidad financiera para adquirirlas, excederán el periodo de emergencia sanitaria. Lo decidido por autoridades federales y estatales afectará no sólo la compra de la aplicación inicial y refuerzos. Muy probablemente se convertirá en una compra sistemática y recurrente del Estado mexicano para la próxima década», analizó.
Informó también que establecerá comunicación con autoridades federales, estatales y municipales, así como con órganos autónomos, para asegurarse que se cumpla cabalmente lo dispuesto en los artículos 6, 28 y 134 constitucionales, que norman la transparencia, las adquisiciones gubernamentales y la competencia económica en territorio nacional.
