Legisladores abren nuevo debate para definir funciones de Fuerzas Armadas
Misael Zavala/Heraldo de México
El Senado de la República sepultará la Ley de Seguridad Interior, promulgada en 2017 por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, que regulaba la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, por lo que abrirá un nuevo debate de las facultades del gobierno y las Fuerzas Armadas para la intervención en zonas de conflicto y una posible militarización del país.
El dictamen de las comisiones, avalada por todas las fuerzas políticas, tiene un punto único: “Se abroga la Ley de Seguridad Interior, publicada el 21 de diciembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación”. Sin embargo, no cuenta con transitorios que detallen el uso de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.
Lo que los senadores estarían aprobando en el Pleno en próximas sesiones es eliminar lo que contenía la ley que a la letra dice: “El Presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las Legislaturas de las entidades federativas, o de su Ejecutivo en caso de receso de aquellas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de Acciones de Seguridad Interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, cuando se actualice alguna de las Amenazas a la Seguridad Interior”,
El texto aprobado ya en comisiones del Senado, toma en cuenta las consideraciones de anteriores iniciativas que exigían que el gobierno federal y Congreso contarán “con un plazo de 180 días para elaborar y ejecutar un programa calendarizado para el regreso gradual de las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales”.
Esa consideración choca con la reciente creación de la Guardia Nacional, que arrancó sus operaciones en junio con 70 mil elementos, ya que la gran mayoría son militares.
Otra de las consideraciones que tomaron las comisiones de Seguridad Pública y Estudios Legislativos es que se deben fortalecer las policías; el combate a las redes de macrocriminalidad que se sustentan en la corrupción y la impunidad, así como desarrollar una propuesta integral que abarque no sólo al sistema de seguridad, sino también el sistema de justicia penal.
“Sólo así se podrá recuperar la gobernabilidad democrática, la paz, la verdad y la justicia”, precisa el dictamen.
La Ley de Seguridad Interior fue muy cuestionada por diversos colectivos, políticos y organismos defensores de derechos humanos, ya que argumentaban una posible militarización del país.
Y es que el artículo 16 de la Ley de Seguridad Interior faculta al presidente de la República a ordenar “acciones inmediatas a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, incluidas las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas”, siempre y cuando sean casos en que las “amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno”.
“Lo anterior, sin perjuicio de la comunicación que realice la Secretaría de Gobernación de forma posterior a los titulares del Poder Ejecutivo respectivo de las entidades federativas y la emisión, en el menor tiempo posible, de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”, precisa el artículo 16 de la LSI.
El 9 de octubre pasado, la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores remitió la Iniciativa a las Comisiones Unidas de Seguridad Pública y de Estudios Legislativos, que conformó el dictamen.
