Milenio
El Tribunal Electoral confirmó el ‘Plan C’ de manera definitiva en la Cámara de Diputados. Sólo con el voto en contra de la magistrada Janine Otálora se mantuvo la asignación de curules que permitirá que la coalición de Morena-PT-PVEM apruebe reformas de manera exprés en San Lázaro.
El Tribunal Electoral continúa en sesión para resolver la integración del Senado y las impugnaciones en contra de asignaciones específicas como Ricardo Anaya, Lilly Téllez y Javier Corral, así como la afiliación efectiva y las acciones afirmativas.
Las impugnaciones de la oposición quedaron a cargo del magistrado Felipe de la Mata Pizaña quien propuso mantener las leyes vigentes, advirtiendo que si a estas alturas se cambiaran las reglas una vez que terminó la jornada electoral, porque esto es “una franca afectación a la certeza jurídica”.
Por lo que rechazó la petición de la oposición de interpretar que la distribución que siempre se ha dado por partido, ahora se hiciera por coalición, a pesar de que ni la Constitución ni ninguna ley electoral lo prevé así.
“Buscan cambiar las reglas del juego una vez que éste ya se jugó y que tuvo resultados que a algunos jugadores no les gustó. Si se quiere cambiar el contenido de la regla es necesario legislar, mientras eso no ocurra, se debe mantener la norma vigente”, expuso de la Mata Pizaña.
Incluso el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón quien no forma parte del bloque mayoritario, dejó claro que las reglas no se pueden cambiar una vez que ya habían sido aprobadas, anunciadas y que con base en éstas, los partidos salieron al proceso electoral, por lo que votó a favor aunque por razones distintas y en contra de una parte del proyecto.
“No puedo darle la razón a las propuestas de las demandas que impliquen alterar las reglas del juego una vez que éste terminó. Ni por las buenas intenciones de evitar regresiones ni por reformas reprochables como ampliar los mandatos de las y los juzgadores que deciden sobre este caos”.
La magistrada Janine Otálora fue la única en pronunciarse en contra, al advertir que los partidos son los que desde sus convenios de coalición, estaban distorsionando cómo se distribuían las plurinominales, cediéndoles a los partidos minoritarios la votación que no obtuvieron.
Puso como ejemplo que la coalición de Morena-PT-PVEM tiene una distorsión, pues se le asignaron a Morena 145 diputaciones, al PVEM, 40, y al PT, 34, pero en los hechos, la ciudadanía votó por Morena en 213, por el PVEM en seis, y por el PT en ninguno, por lo que los triunfos corresponden a Morena y no a sus aliados.
Mientras la magistrada presidenta, Mónica Soto, incluso expuso con gráficas cómo en cada elección federal, la distribución de representación cambia conforme a la votación en las urnas y todos los partidos se han beneficiado con la misma fórmula.
“Es una falacia, es decir, una mentira, que el voto esté fragmentado, que no valga lo mismo para cada ciudadano, eso no es correcto decirlo, un voto, un ciudadano y una ciudadana, ¿por qué se distorsiona? Porque depende de lo que la ciudadanía decida en mayoría relativa, se aplica la fórmula, la misma en todas las elecciones para designar cuánto le toca a cada partido político y con las mismas normas y con la misma interpretación, va variando”.
Advirtió que “la ciudadanía ya decidió y el voto ya se depositó en las urnas”, por lo que la Sala Superior no puede ir en contra o modificar las reglas en el actual proceso electoral.
