ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
Por la importancia estratégica que tiene el estado para Claudia Sheinbaum, la presidenta necesita en Chiapas gente de su plena confianza que la provea de información sensible sobre el curso de su proyecto, y de otros aspectos políticos relevantes que le permitan tomar decisiones adecuadas y eficaces.
No es que desconfíe de lo que le puedan aportar por otras vías institucionales, pero requiere de perspectivas diferentes y tener todos los elementos posibles, para contrastarlos y evaluarlos en el proceso de gobernanza en una entidad donde confluyen circunstancias complejas que dificultan recurrentemente la gobernabilidad.
Necesita conocer, por ejemplo, qué desempeño tienen en el terreno la aplicación de los programas sociales, los ya establecidos y los de nueva creación; conocer de cerca la percepción de los chiapanecos sobre la eficacia del programa de seguridad estatal anunciado por Sheinbaum para combatir la creciente violencia y los delitos derivados de la actividad criminal; tener una valoración fidedigna e integral sobre el avance de los polos de desarrollo y, en general, del impacto social del presupuesto de origen federal.
Pero también le es indispensable tener de primera mano el pulso político y social del estado, sin el filtro, el sesgo o la distorsión que pudieran imprimirle los poderes políticos y de interés locales.
Y es en este contexto donde cobra relevancia el nombramiento de un representante político presidencial en el estado, como lo anunció Sheinbaum en su reciente visita a Chiapas delante del gobernador saliente Rutilio Escandón y del entrante Eduardo Ramírez.
La responsabilidad recae en Antonio Santos Romero, un hombre de izquierda, con dimensión social, de las plenas confianzas de la presidenta y comprometido con el proyecto de la Cuarta Transformación. Desde esta posición clave, Santos será el puente directo con la Presidencia de la República y sin duda el principal operador político de Sheinbaum en el estado.
En poco tiempo se conocerá la dimensión de este importante nombramiento, que modifica el esquema tradicional que venía funcionando en las relaciones entre el Ejecutivo Federal y Chiapas.
