ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
El viernes pasado iniciaron las campañas presidenciales de la elección más grande de la historia de México, por el número de cargos políticos que está en juego (20 mil) y por la cantidad de mexicanos que podría acudir a las urnas (95 millones) el domingo 2 de junio.
Como hace seis años, estarán en disputa dos proyectos de nación. En un extremo, el que busca consolidar un Estado progresista con carácter social y nacionalista y, en el otro, el que pretende restaurar el sistema neoliberal que prioriza las leyes del mercado capitalista, la subordinación a los intereses extranjeros y las políticas conservadoras en lo social.
Dicho en otros términos, está en juego el regreso del régimen antinacionalista, corrupto y colmado de privilegios del que se sirvieron el PRI y el PAN durante tres décadas; o la continuidad del proyecto lopezobradorista que en 2018 puso un alto a las ambiciones depredadoras locales y externas, y pretende regenerar la vida pública nacional desmontando las estructuras y erradicando las prácticas que facilitaron el pillaje institucional.
Frente a frente, la visión del México patrimonialista y clasista, y el de “por el bien de todos, primeros los pobres”.
Es un hecho que dentro de tres meses los mexicanos tendremos por primera vez una presidenta electa. Y no será precisamente la hoy candidata opositora Xóchitl Gálvez Ruiz, sino Claudia Sheinbaum Pardo, cuya ventaja oscila entre 20 y 30 puntos según las más variadas encuestas publicadas recientemente.
En la actual coyuntura electoral, no hay manera de que esa tendencia se revierta. Ante la estabilidad de la economía, un nivel de gobernabilidad aceptable y con un amplio índice de aprobación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (65/70 por ciento), el tema pendiente de la inseguridad no será suficiente para convencer a los electores de que opte por otra opción.
En realidad, el quid de la cuestión no es quién resultará triunfadora, sino la cantidad de votos que puedan obtener Morena y sus aliados para conseguir la mayoría calificada en el Congreso, y así fortalecer y profundizar el proyecto de la denominada Cuarta Transformación.
Sin embargo, pese a las circunstancias adversas, la candidata del PRI-PAN-PRD y los empresarios, intelectuales y grupos políticos damnificados por la 4T que la financian e impulsan, harán todo lo posible –legal e ilegal– para socavar la legitimidad de un régimen que hasta ahora ha podido repeler sin mayor daño las embestidas mediáticas, nacionales y extranjeras, contra el presidente o la aspirante oficialista.
El problema es que la candidata opositora –una mezcla de Vicente Fox, del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram y del salvadoreño Nayib Bukele– no se ha podido configurar como una alternativa de gobierno seria y confiable. Entre los bailecitos cómicos, los dislates discursivos, las contradicciones políticas y la payasada de las firmas con sangre, no existe una propuesta clara y bien diferenciada que le permita arrancarle votos al oficialismo.
Y frente a este panorama político-electoral poco halagüeño para la oposición, lo previsible es que durante la campaña continúen los ataques mediáticos orquestados, la manipulación informativa, las noticias falsas y el uso de la inteligencia artificial para intoxicar las redes sociales con propósitos de manipulación política.
Para la oposición de derechas es más fácil y más corto el camino tratar de tumbar un régimen legítimo por la vía del “golpismo blando”, respaldado por los poderes fácticos y algunas estructuras institucionales aliadas, que construir una propuesta política e ideológica con amplia base social.
La mala noticia es que durante décadas se ha arraigado en una amplia franja de la sociedad mexicana, una sólida conciencia política libertaria, democrática y anticorrupción, que hoy se aglutina en el lopezobradorismo e incluso fuera de ese movimiento político-social.
Es a este adversario al que realmente se enfrenta la oposición. Por eso han sido infructuosos los ataques sistemáticos durante casi seis años contra el presidente López Obrador y por eso mismo sus preferencias electorales se han estancado en un nivel lejano de la candidata morenista.
El 2 de junio nos arrojará en las urnas la verdadera dimensión de los alcances que tiene a futuro el proyecto de la Cuarta Transformación, pero sobre todo la fuerza política real que detenta el bloque opositor y lo que eso significa en términos de legitimidad social.
La manifestación de la voluntad de los ciudadanos en la boleta electoral, también definirá algo más importante: el modelo de país que se quiere para los próximos años.
