ÉDGAR HERNÁNDEZ RAMÍREZ
TRES AÑOS, ¿QUÉ SIGUE?
Hoy se cumplen tres años que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia de la República con más de 30 millones de votos, más del 53 por ciento de los sufragios emitidos en el 2018. Su nivel de aprobación entre los ciudadanos, en contraste con la de otros mandatarios anteriores a la mitad de su sexenio, alcanza entre 65 y 75 por ciento de acuerdo con datos recientes de diversas encuestadoras.
López Obrador llega al segundo tramo de su administración, pese a los magros avances en seguridad y a las secuelas económicas de la pandemia de Covid-19, con sólida legitimidad y fortaleza política, como quedará evidenciado en la masiva concentración de hoy 1 de diciembre en el Zócalo de la Ciudad de México.
Hacer un balance es inevitable a la mitad del gobierno de la denominada Cuarta Transformación del país, sobre todo en la materia de su principal bandera, el combate a la corrupción. Si bien se han desmontado las viejas estructuras de complicidad entre funcionarios públicos y empresarios para hacer negocios a costa del erario, y se ha detenido la entrega de los bienes nacionales (petróleo, concesiones mineras y electricidad) hacia empresas extranjeras, aún se encuentra pendiente el castigo para los autores del desfalco y para quienes facilitaron el saqueo a la nación.
En otra arista del mismo problema, también falta profundizar la limpia en instituciones como la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, donde siguen enquistados viejos funcionarios de mediano y alto nivel que continúan con las mismas prácticas corruptas. Lo propio debería hacerse en la Auditoría Superior de la Federación –dependiente del Congreso–, la cual ha perdido independencia y eficacia en la fiscalización del presupuesto federal, particularmente el destinado a los estados y municipios del país.
Más allá de que la corrupción ya está tipificada como un delito grave que no alcanza fianza, los controles institucionales para prevenir, inhibir y castigar las conductas ilegales de los funcionarios deben fortalecerse, porque de lo contrario la percepción de que se siguen haciendo negocios al amparo del poder público continuará durante el resto del sexenio. La Secretaría de la Función Pública no debería quedar exenta de este proceso de saneamiento.
Donde menos dudas hay sobre el avance de la 4T es en la política social, pues es en ese ámbito donde se ha volcado buena parte del presupuesto fortaleciendo los programas de apoyo a la gente más desfavorecidas por las anteriores administraciones, las cuales se dedicaron a fortalecer a las élites y a construir el “Estado rapaz” abandonando a las clases populares. Del Estado neoliberal se está pasando a un Estado social que intenta distribuir mejor la riqueza de México y que busca hacerle justicia a muchos grupos y comunidades que durante muchos años fueron excluidos, y que hoy son base de la legitimidad de que goza el presidente pese a que no se han resuelto problemas como el de la inseguridad y la violencia.
En su discurso conmemorativo, el presidente López Obrador seguramente enumerará lo que considera son sus mayores logros durante sus primeros tres años de gobierno, pero también debe esperarse el delineamiento de su agenda política, social y económica para cumplir con todas las promesas de su campaña y para ahondar y consolidar lo que él ha denominado el cambio de régimen de México.
