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Un amparo para impedir se ejecute en su contra una orden de aprehensión por su presunta participación en el delito de peculado es lo que solicitó el subsecretario de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, Seth Yassir Vázquez Hernández, por hechos que datan de su paso por la administración pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
El amparo fue presentado ante el juez Felipe Consuelo Soto del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el estado de Chiapas, quien lo radicó dentro del expediente 323/2020 desde el pasado 12 de marzo, sin embargo solo se le ha concedido la suspensión provisional.
De acuerdo con la versión pública del amparo disponible en el Consejo de la Judicatura Federal, el juez aceptó la demanda de amparo el 17 de marzo y se le fijó una garantía económica de 9 mil pesos, programándose para el 12 de agosto la audiencia incidental para conceder o negar la suspensión definitiva.
Sin embargo el histórico del expediente muestra que inicialmente se le negó la suspensión definitiva del acto reclamado, que en este caso es la ejecución de una orden de aprehensión en su contra, no obstante la audiencia se difirió para el próximo 20 de agosto.
El amparo en cuestión será resuelto de fondo por el juez de distrito pero en caso de que se le niegue el caso podría alargarse varios meses pues tendría que recurrir a un Tribunal Colegiado para su revisión.
La orden contra el funcionario
De acuerdo con el portal Diario de Chiapas, la orden de aprehensión en contra del ahora funcionario barbosista data desde el año 2015 tras su paso por la administración pública, pues fue presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez de enero del 2011 a agosto del 2012, cuando decidió solicitar licencia para buscar una senaduría por la vía plurinominal.
Sin embargo diversos medios de la región coinciden en aquel proceso penal en su contra surge de una investigación por peculado, tras las revisiones ejecutadas por la Auditoría Superior de la Federación a su administración municipal en Tuxtla.
Asimismo este medio ya había dado cuenta previamente del daño patrimonial que presuntamente dejó al municipio que gobernó el ahora subsecretario de Movilidad y Transporte de Puebla, el cual asciende 56 millones 655 mil pesos, lo que ha derivado en posibles investigaciones por peculado, ejercicio ilegal del servicio público y asociación delictuosa.
