Tras sostener que cada documento que ingresa a la Oficialía de Partes del Congreso del estado de Chiapas no pierde validez con cambios de Legislaturas, Adriana Bustamante Castellanos lanzó una pregunta al aire en la que sostuvo que dicha soberanía debería ser evaluada.
Y fue más allá en su reflexión. “¿El trabajo de cada órgano del Poder Legislativo no debería ponerse bajo la lupa, así como cada Comisión y Legislador y Legisladora en sus funciones parlamentarias? ¿Es acaso una labor intachable la que desempeñan todas y todos?”, señaló.
Lamentó y calificó como incorrecto que se presenten iniciativas y nunca pasen a lectura o que se muestren exhortos en materia de Salud, Justicia, Prevención de Violencia y nunca lleguen a trámite legislativo.
En su intervención recordó que el interés por la evaluación de la acción gubernamental se fortaleció durante la Cumbre de las Américas en 1998, en Santiago, Chile, en el marco de las reformas llamadas de segunda generación, mismas que respondieron a la particularidad de los países latinos.
Los mecanismos para la evaluación de la gestión, tanto de manera operativa en términos de impacto, como en lo referente a la calidad de los productos y servicios, plasmaron como herramienta fundamental la valoración de los indicadores.
“En estos años, los avances en la evaluación y seguimiento han sido en torno a la planeación democrática, la transparencia, eficiencia, participación social y, los resultados. El objetivo es determinar la pertinencia y el logro de los puntos planteados al inicio de una gestión gubernamental”, dijo.
Señaló que la evaluación proporciona información útil que permite incorporar las lecciones aprendidas en el proceso de toma de decisiones para fortalecer las políticas públicas y redireccionar esfuerzos en torno a los objetivos y metas validadas socialmente.
La Comisión de Planeación para el Desarrollo recibe el documento del Ejecutivo estatal y aplica una revisión de indicadores contrastando lo paneado con lo alcanzado a la fecha, determinado así el nivel de cumplimiento. El documento final es el producto del trabajo de todas las dependencias del Ejecutivo que tienen la obligación de atender por medio de políticas públicas y programas sectoriales las necesidades de la ciudadanía.
Advirtió igualmente que la citada Comisión ha considerado las variables externas que han tenido un impacto en el logro de metas y objetivos como son: desastres naturales, emergencia sanitaria, conflictos sociales, entre otros. “Ha revisado la metodología del análisis de los objetivos propuestos y ha determinado emitir una resolución favorable en el cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo y los programas sectoriales”.
Las políticas públicas en Chiapas tienen como fortaleza los ejes transversales que garantizan los derechos humanos con una visión de resiliencia e igualdad. “Sabemos que los retos son muchos. Que las y los funcionarios deberán trabajar con mayor ahínco para salir con bien de la emergencia sanitaria y crisis económica mundial por la pandemia y en los grandes temas que preocupan como la Educación, Medio ambiente, Sostenibilidad, Seguridad, Gobernabilidad y Estado de Derecho”.
